Posted By Redacción on 19, Feb, 2021

La ley hipotecaria de 1948 equiparaba a la iglesia católica con los poderes públicos al eximirles de escriturar en el Registro Civil aquellos bienes considerados de “uso inmemorial”. Una circunstancia que cambió en 1998, con la nueva ley promulgada por el Gobierno Aznar. Desde entonces y hasta 2015 en los obispados de toda España se ha acometido una puesta al día del patrimonio inmobiliario. Es la conocida como inmatriculación de los bienes de la iglesia, cuya difusión estaba protegido, hasta la fecha, por la protección de datos.

En una decisión histórica,  el Gobierno hacía pública y remitía al Congreso el pasado 16 de febrero la lista de esos bienes y de la que se desprende que la diócesis de Segovia inmatriculó entre 1998 y 2015 un total de 407 propiedades. Además de templos y ermitas, hay fincas rústicas y urbanas, viviendas, pinares, solares, edificaciones de diversa índole o labrantíos, que la iglesia ha registrado como suyos. A tal fin bastaba una certificación administrativa mediante la cual la diócesis señalaba el uso histórico de la propiedad, y que permitía el registro escritural automático siempre y cuando no afectara a terceros, en cuyo caso quedaba la inmatriculación sujeta a la instancia judicial. De los 407 bienes registrados durante este periodo por la iglesia segoviana, 384 lo han sido por “certificación eclesiástica”.

Ante la sospecha de abusos y de indefensión de terceros, en 2015 se suspendió esta modalidad de registro. Asimismo, cabe recordar que al considerarse la iglesia “entidad de utilidad pública” (no es la única, idéntica consideración reciben igualmente propiedades de partidos o sindicatos, entidades culturales y ONGs) estos bienes están exentos del IBI en tanto las rentas por ellos obtenidas se destinen al sustento de la iglesia.

IU pide la “devolución a la sociedad” de los bienes

Uno de los principales críticos a la inmatriculación de los bienes eclesiales ha sido IU, que en Segovia presentaba una moción en 2017 para que el consistorio recabara el alcance de las propiedades eclesiales en la ciudad. En un comunicado, IU reclama que anulen las inmatriculaciones para que “el patrimonio expoliado” sea devuelto a la sociedad. IU considera que  “la invitación del Gobierno central a que cualquier persona física, jurídica o administración pública reclame por vía administrativa o por la vía de los tribunales la titularidad de estos bienes no es de recibo, ya que se estarían promoviendo miles de litigios judiciales, cuando lo lógico sería declarar nulas estas inmatriculaciones”.

Previa a la desamortización de Mendizábal (1837-1844), la iglesia católica era, y de largo, el primer propietario inmobiliario de España. Solo en la provincia de Segovia trabajos como el “Estudio de la Catedral de Segovia en sus cuentas” (Miguel Ángel Cillanueva) estiman que el 50% de todos los inmuebles pertenecían bien al obispado o a las órdenes religiosas. Era el resultado de donaciones de los fieles y también de una amplia amalgama de “impuestos internos” (diezmos, votos, estipendios) que financiaban a la iglesia católica, además de la propia gestión de órdenes y párrocos. Tras la desamortización, la gran mayoría de bienes de las órdenes pasaron al Estado, no así los episcopales, que continuaron en manos de la iglesia.

Castilla y León, la que más inmatricula

Según los datos ahora presentados, son precisamente las diócesis de Castilla y León las que más bienes han registrado a su nombre. Del total de 34.961 bienes en toda España, 10.243 están en la región. De ellos, el 60%, 6.147 se corresponden a templos y dependencias complementarias, siendo el resto fincas o viviendas no estrictamente adscritas al culto. León (2012) y Burgos (1.945) son los obispados que más bienes han inscrito, siendo Segovia (407) y Valladolid (115) las que menos.

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