Posted By Andrés Segovia on 22, Oct, 2023

La celebración del debate sobre “la igualdad ante la ley de todos los españoles” durante la última semana en la Comisión de las Comunidades Autónomas de la cámara alta ha vuelto a poner de manifiesto, una vez más, el desprecio absoluto que los partidos y los políticos muestran hacia las instituciones. Tanto el PP como el PSOE, junto con el presidente de la Generalitat, han instrumentalizado el Senado para sus fines partidistas. El PP ha utilizado la Comisión como amplificador de su campaña preventiva frente a una hipotética ley de amnistía, cuyo alcance aún no se conoce, y para iniciar su precampaña ante una hipotética repetición electoral. El gobierno en funciones y los representantes autonómicos institucionales del PSOE no participaron, debilitando así el mensaje político del PP y menospreciando a la institución. Además, el Sr. Pere Aragonès, enemigo declarado del Estado español, ha proclamado la guerra política al Estado español en el Senado de España, y ha despreciado con sus palabra a todos los representantes políticos y a los españoles, incluidos los catalanes.

Este despropósito político de gran magnitud deprecia aún más el papel e imagen del Senado, una institución cuya organización se abordó de manera deficiente en el desarrollo de la Constitución vigente y que día a día sigue manifestando sus debilidades. En lugar de adaptar su funcionamiento a una auténtica cámara territorial en un país descentralizado y casi federal como España, se utiliza como un “hemicirco político” por el partido que ostenta la mayoría. En esta ocasión, el PP encendió la mecha, pero bien podría haber sido el PSOE en otro momento. En este caso, parece que no fueron capaces de evaluar las consecuencias institucionales y las subordinaron a sus intereses partidistas, lo que indica una profunda crisis institucional desde la fundación del Estado.

El Estado español es una experiencia de éxito que se estructura y desarrolla en el siglo XIX, y que después intentaron imitar y desarrollar en su territorio de forma autónoma grupos de interés catalanes y vascos, sin éxito alguno, sustentándolo de forma interesada en fundamentos históricos. Todo el edificio estatal se sostiene sobre la base de la legitimidad que la ciudadanía concede a esa forma de poder, a sus instituciones y a sus representantes. El respeto a las instituciones es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Esto significa que todos, incluidos los líderes de los partidos y los ciudadanos, están sujetos a las misma leyes y regulaciones. Las instituciones proporcionan estabilidad y orden a la sociedad, y sirven para proteger los derechos y las libertades individuales. Las instituciones están por encima de los intereses personales, y se deben proteger y respetar. Contrasta que quienes tienen una mayor responsabilidad en esa labor, que son nuestros representantes, intenten dinamitar las instituciones y ponerlas al servicio de sus intereses, lo que dice muy poco a favor de su sensibilidad y capacidad política, a la vez que pone de manifiesto una profunda crisis institucional del Estado desde su fundación.

En este momento, estamos presenciando una auténtica metástasis del sistema institucional. Después de cinco años, la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial está pendiente, paralizada por intereses partidistas, lo que perjudica gravemente a la ciudadanía. El Tribunal Constitucional ha vinculado sus decisiones a menudo a los intereses del partido que tiene la mayoría. Los plenos de ayuntamientos, diputaciones y cámaras autonómicas se alejan de sus obligaciones de gestión y debaten iniciativas fuera de su ámbito competencial para desgastar a la oposición, lo que lleva al ruido y desprestigio de las instituciones. En muchos casos, las propias instituciones han aumentado de manera significativa e innecesaria el personal eventual de su administración para dar empleo a allegados políticos, lo que a su vez afecta y entorpece la administración institucional, financiada por todos y despreciada en silencio, lo que provoca una erosión institucional. Y, por último, pero no menos importante, la investidura y formación del Gobierno de España desde el 23 de julio. El Gobierno sigue en funciones, y la investidura se llevará a cabo, en caso de producirse, en la fecha límite del 26 de noviembre, subordinando así la decisión de la presidenta de las Cortes a intereses ajenos a la propia institución. Podrían mencionarse otros casos similares en la Administración institucional, como el CIS o el INE, pero el problema subyacente es el mismo: las instituciones al servicio de los partidos y grupos de interés en lugar de mantener la necesaria neutralidad y defensa del interés general.

Para abordar este deterioro institucional por el que está pasando el Estado español, solo existe una receta, como recordaba ayer el jefe del Estado en los Premios Princesa de Asturias, cuando afirmó que la solución a los problemas de España vendrá “de la unidad, nunca de la división”. Debemos enfrentar un nuevo paradigma político que nos permita abordar un cambio en la cultura institucional y política, así como una reforma de la Constitución que aborde los problemas estructurales existentes, como la obsolescencia del Senado y el actual sistema de representación territorial. Solo de esta manera podremos avanzar en el respeto a las instituciones y garantizar el orden, la justicia y el bienestar en nuestra sociedad.

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