La colaboración ciudadana, clave en la identificación del supuesto pirómano de Guadarrama

La Guardia Civil remitía en la mañana del 18 de junio una nota informativa para dar cuenta de lo ya publicado dos días antes, la detención de JCT como sospechoso de ser el autor material del incendio forestal del verano pasado en el parque nacional del Guadarrama.  Es poca la información añadida que se aporta por lo que cabe interpretar la difusión de la nota como una ratificación: la Guardia Civil no obra “al impulso” y considera que hay elementos sobrados para acusar a JCT.

La publicación de fotos del presunto, el enconado debate en las redes sociales, muy divididas -especialmente en La Granja- entre los linchadores públicos y los defensores de la presunción de inocencia; informaciones contradictorias al calor de las declaraciones de la defensa, dando a entender que el acusado ha sido puesto en libertad sin cargos ocultando que la investigación sigue y que todavía no se ha llegado a ese punto del proceso (simplemente, fiscalía y juez consideraron que no habiendo riesgo de fuga no eran precisas medidas cautelares), han enfangado mediáticamente lo que después de todo no deja de ser una laboriosa investigación dirigida por el juzgado número 3 de instrucción y conducida por el Seprona, con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, la Unidad Central Operativo (UCO), el Servicio Cinológico, efectivos de Seguridad Ciudadana y un técnico especialista en investigación de Incendios Forestales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Ahora bien, aparte de recordar la magnitud del desastre, incluir las fotos de la detención y momentos de la investigación, poco más añade. Sabemos ahora que la operación, tras casi un año de investigaciones, lleva el nombre de “Madrejita” y que “desde los primeros momentos de la investigación se barajó la hipótesis de la intencionalidad del suceso, descartándose causas accidentales o imprudentes. No obstante, fue preciso continuar con las averiguaciones encaminadas a la determinación de su autoría, con la elaboración de diferentes informes y actuaciones en las que se vieron implicadas diferentes especialidades de la Guardia Civil”, reza la nota.

El otro dato que aporta es que la colaboración ciudadana ha sido “clave en esta ocasión para ayudar al esclarecimiento del suceso y recuerda extremar las medidas de precaución para evitar futuros incendios este verano”, lo que parece apuntar a la existencia de pruebas que sitúan al sospechoso en el lugar de origen del fuego -la urbanización Caserío de Urgel- y testigos que refrendan las investigaciones abordadas por el Seprona.

De tres a seis años de cárcel

En su declaración, JCT se declaró inocente. Su letrado posteriormente remarcó la inexistencia de pruebas de cargo dando a entender que solo existe una coincidencia circunstancial, el detenido estaba en las inmediaciones del punto de origen del fuego. Oficialmente el sospechoso está inmerso en una investigación por delito de incendio forestal, penado con de tres a seis años de cárcel.

Se trata de un vecino de La Granja, trabajador en una explotación agraria del mismo Real Sitio de San Ildefonso (precisamente a la que se dirigía en el momento de ser detenido), de unos 56 años y con una trayectoria compleja en la que se entremezclan desgracias personales y un carácter violento que anteriormente ya le habría granjeado problemas con la ley. Precisamente, la finca en la que trabajaba el investigado fue objeto de otro grave incendio en 2017, aunque los actuales propietarios descartan que exista la menor relación entre uno y otro fuego.

Arriba, detención del sospechoso. Pesquisas del Seprona en el punto de inicio del fuego.