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Juicio al fraude en la prestación del paro… ¿y la legalización de inmigrantes?

Es la pesadilla de cualquier juzgado. Una macrocausa con medio centenar de acusados, todos salvo uno de origen extranjero, y lo que supone, notificaciones fallidas, identificaciones erróneas, recursos, una veintena de abogados implicados… Siete años ha costado sentar en el banquillo de los acusados a 47 personas, los más de ellos de origen magrebí, que se beneficiaron fraudulentamente de falsos contratos de trabajo, la mayoría para completar periodos de cotización y poder cobrar el subsidio.

Macrojuicio en la sede del INSS, abajo, los jueces y el legajo de expedientes.

En la cima de la trama, Héctor MP, empresario segoviano del sector de la construcción que a través de la empresa Subcontratas y Obras Doble JH, falsificaba contratos laborales. Los beneficiados le pagaban de entre 300 a 500€ para que, a su vez, y desde una gestoría vinculada al propio cabecilla de la red, se llevase a cabo el papeleo en tanto la empresa supuestamente pagaba las cotizaciones de la Seguridad Social para pequeños contratos, de un par de meses a lo sumo, pero los hay también de apenas días. Supuestamente. Pues como quedó de manifiesto, Héctor MP, sí daba de alta a los falsos trabajadores pero no liquidaba la cotización. Se generó así una deuda entre 2009 y 2012 de 500.000€, algo que terminó llamando la atención de los inspectores de la SS que, a su vez, pusieron el caso en manos de la Guardia Civil.

Tras un arduo trabajo documental se logró probar que la empresa Doble JH carecía de actividad. Todos los tajos que decía tener subcontratados de ese periodo eran inventados. Yendo contrato por contrato la Guardia Civil consiguió identificar a 47 beneficiarios, en su gran mayoría, humildes trabajadores magrebíes (peones de albañilería, ellos, limpiadoras, ellas) que buscaban completar sus periodos de cotización para cobrar el paro o también revalidar los permisos de residencia u otros aspectos relacionados con la legalización de su residencia en España. Así, la investigación también descubrió un pago de 5.000€ para la legalización de una magrebí. A través de un amigo, la beneficiada pagaba así disponer de un contrato de trabajo que le permitiera obtener el de residencia y legalizar su domiciliación en España.

33 de los 47 acusados, la gran mayoría residentes en Segovia, mostraron su conformidad con la pena impuesta, que quedó vista para sentencia en la macrocausa, por razones logísticas celebrada en las instalaciones de la Seguridad Social.

Entre ellos Héctor MP, que asumió la solicitud de la fiscalía de 9 meses de cárcel por falsificación de documento público y otros 15 meses por estafa continuada a la Seguridad Social. Además, multa de 175.000€ y queda en el alero el pago de 500.000€, las cotizaciones no pagadas en su día por los falsos contratos, aunque los magistrados manifestaron sus dudas de que, finalmente, se ingrese ese dinero pues técnicamente las cotizaciones están anuladas. El resto de los conformados deberá pagar el equivalente a tres meses de multa (a 3€ por día) con penas de tres meses. A su favor obra la dilación procesal, que obliga a rebajar uno o dos grados las penas cuando han transcurrido tantísimo tiempo desde la instrucción de la investigación hasta la sentencia.

Otros cuatro acusados  se han declarado en rebeldía, en tanto el resto no han mostrado su conformidad. Y es que de todo hay. Aunque HMP reconoció abiertamente que su empresa no realizó ninguna actividad a partir de 2009, lo cierto es que alguno de los acusados sí estuvo trabajando en tajos, al parecer de subcontratas de la subcontrata principal. Otros no llegaron a beneficiarse nunca del paro y no faltaron acusados que justificaban el participar en los contratos falsos como una compensación del acusado principal porque les debía indemnizaciones laborales por despidos.

Doble JH era una empresa que en los buenos tiempos de la construcción llegó a contar con 77 trabajadores para diversas subcontratas en obras, algunas de gran calado, acometidas en Segovia. Llegó la crisis, como tantas otras la empresa se quedó sin tajos. “No tuve actividad de construcción desde 2009”, ratificaba una y otra vez el principal acusado. A pesar de eso siguió contratando personal, una actividad que HMP justificaba “para hacer favores, me lo pedían de favor”.

La punta del iceberg: pagar 8.000€ por un contrato

En los buenos tiempos Doble JH llamaba la atención por una cuestión: al igual que otras empresas del sector recurría de manera sistemática a trabajadores inmigrantes, una sospecha que ha planeado sobre las actividades de la mercantil aunque finalmente ha sido básicamente el fraude en el paro lo que ha sentado a su administrador en el banquillo. Un capataz segoviano explicaba a acueducto2.com como “en los buenos tiempos”, desde Marruecos se llegaba a pagar 8.000€ por la legalización de un inmigrante.

Y es que en esos “buenos tiempos” la inmigración ilegal no llegaba en patera. La legislación permitía contratar a personal extranjero siempre y cuando la plaza se ofertara en el INEM y no se cubriera por nacionales, algo bastante habitual en provincias como Segovia, especialmente en los tiempos álgidos de la burbuja inmobiliaria y si el salario era bajo. Con el contrato firmado, al trabajador extranjero se le permitía pasar la frontera con todas las de la ley o legalizar su situación en España. Algunos veces el procedimiento estaba limpio, pues ciertamente muchas empresas tenían problemas para conseguir personal. Pero otras veces el fraude estaba en el mismo inicio. “Aquí hay empresas que han ganado mucho dinero. Yo trabajaba en la obra y un día llegaban diez o quince, cuando les enseñaba el trabajo y más o menos se desenvolvían, los despedían y venían otros diez o quince. Me decían que pagaban cinco mil, seis mil, hasta ocho mil…” explicaba otro trabajador del sector  llamado al juicio en calidad de testigo.

Con el contrato de un primer trabajo llegaba el permiso provisional de residencia, y con el permiso de residencia la posibilidad de ser contratado y desempeñar una vida normal. Así han llegado la gran mayoría de los inmigrantes españoles. Es un secreto a voces. Como secreto a voces eran también las empresas que “se avenían” al fraude de completar las cotizaciones, extender contratos para revalidar residencias, o facilitar papeles… Si el juicio a la antigua cúpula de Caja Segovia supuso el juicio a una época (en ese caso saldado con absoluciones), el de ayer es también definitorio de un tiempo y una época. Esta vez con condenas. Es la cara B.

 

 

Author: Luis Besa

Luis Besa. Periodista,

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