Posted By Luis Besa on 24, Jul, 2025

El PSOE dice que es culpa de la escasa flexibilidad negociadora de Mazarías y el PP que es parte de la “herencia envenenada” de los 20 años de mandato socialista. Es el nuevo fiasco vinculado con la zona de huertas urbanas de la calle Jerónimo de Aliaga, antiguamente la Venta de Baños. Un lío urbanístico que le costará a las arcas municipales 900.000€.

Abría fuego el 22 de julio el PP, dando cuenta del fin del recorrido de las alegaciones judiciales de manera que el pufo queda ratificado. El 23 de julio replicaba el PSOE y acto seguido contrarreplicaba el PP. Muy en resumen, el tema es una parcela que por aplicación del PEAHIS vio modificada su condición de suelo urbano a suelo rústico. Y esto es lo que dicen socialistas y populares al respecto.

La posición de Clara Martín puede resumirse en que, en primer lugar, la pérdida de edificabilidad de la parcela en cuestión se hizo por mor de la ley de la Junta de Castilla y León, es decir, que su actuación fue “por cumplir la ley de Castilla y León”,  por la cual toda la zona de Venta de Baños quedaba protegida por su implicación  en las vistas de la muralla desde San Lorenzo. Aspecto que se silencia en la nota del Equipo de Gobierno, por más que la situación era de sobras conocida  tanto por el alcalde José Mazarías, en calidad entonces de delegado de la Junta, como del propio González-Salamanca, pues según Martín, en aquel momento “González-Salamanca habría representado a otro de los propietarios y siempre defendió que ese terreno no tenía que estar protegido.  En segundo lugar, la culpa es del actual equipo de Gobierno por que “no defendió bien los intereses municipales”.

Según la portavoz del PSOE, ella se limitó a aplicar la ley, los propietarios, en su legitimo derecho, al ver modificada la condición urbanística de la finca que les impedía con el PEAHIS edificar en los terrenos, recurrieron y pidieron una indemnización.  “La indemnización ya no ha sido responsabilidad del grupo socialista, ha sido en todo momento del PP y del concejal de urbanismo del PP, decisiones que en varias sentencias los propios jueces dicen que ha habido “un escaso interés acreditativo”.

Ni diez minutos pasaron desde estas declaraciones que comparecía González-Salamanca, además de edil de Urbanismo, alcalde en funciones, para destacar que “Clara Martín miente”.  Según su relato, hay que retrotraer la situación a octubre de 2022 (el actual equipo de Gobierno accedió a la alcaldía en julno de 2023). En aquel momento el contencioso administrativo fija una indemnización para la parcela de entre 84.000 a 1.219.000€.  Sentencia confirmada en marzo de 2023. “Nosotros todo lo que hemos hecho es defender en ejecución de sentencia la cuantía menor posible. No podíamos hacer ninguna otra cosa porque la sentencia era firme”.

El caballo de batalla parece estar por tanto, en que no se negoció la indemnización a beneficio del consistorio sino que, más bien, las cantidades se aproximan al tope previsto por el juez. Lo que ahora genera un importante agujero en las arcas municipales.  ¿Quién y cuándo debía haber negociado la indemnización?

¿Quién negoció la indemnización?

Según el PP, ellos tenían las manos atadas por la sentencia, una sentencia que, según sostienen, les dejó sin margen de maniobra cuando llegaron a la alcaldía. “Esto se tenía que haber peleado vía administrativa. La sentencia refiere a un silencio negativo por el cual el ayuntamiento ni respondió ni tramitó el expediente de responsabilidad patrimonial. El equipo socialista de Gobierno debería haber tramitado entonces el expediente y ahí es donde se tendría que haber fijado la indemnización correspondiente, en vía administrativa. Cuando se va los tribunales sin haber hecho el trabajo de casa ocurren estas cosas”, señala el regidor.

La recalificación de la calle Jerónimo de Arriaga se remonta, por lo menos, a 2014, con Clara Luquero de alcaldesa. La nueva ley devolvía a rústico parte de los terrenos por lo que se comenzó una larga negociación con los propietarios para ver que partes podrían ser edificables y cules no. En lo tocante a la finca en cuestión, se trata de un proindiviso del cual el consistorio tenía el 60%. Uno de los propietarios, en aquel momento asesorado por González-Salamanca, no recurrió el acuerdo, pero el otro sí. No hubo manera de alcanzar un acuerdo, según reconoce la propia Martín. Pasan los años, se produce el desarrollo del PEAHIS y el equipo de Gobierno socialista se plantó en una indemnización de 85.000€.

Escaso afán negociador

El partido se perdió ahí, pero lo cierto es que en el urbanismo -y menos en el segoviano- las cosas nunca son blancas ni negras.

Y es en este punto donde inciden los socialistas y no sin sólidos argumentos. En marcha el PEAHIS, se recurre judicialmente el caso y, tras oír a las partes, el juez sentencia que no está de acuerdo con los 85.000€ propuestos por el ayuntamiento ni con los 1.2M€ que demanda la propiedad. Pide que se busque una nueva valoración de una y otra parte. Se abrió en ese momento otra ventana de negociación que tampoco fue de provecho para la ciudad. Pues  el consistorio, ahora ya en manos del PP, siguió plantado en sus 85.000€ y se limitó a seguir apelando las sentencias que daban la razón a los propietarios. Algo que por cierto afea el Supremo al consistorio segoviano en la sentencia definitiva.

De manera que puede decirse que bajo la administración del PSOE se perdió el partido pero en manos de la del PP estaba el no hacerlo por goleada y maquillar el resultado, cosa que quedó lejos de conseguirse. Para el PSOE es una metedura de pata de Mazarías, para el PP, un nuevo bofetón que llega de la “deuda recibida” y que se suma a otros 450.000€ indemnizados por parecidos motivos en la plaza Cirilo Rodríguez, así como  a la friolera de 15M€ que acusan los populares perdió la ciudad por causas parecidos durante los pasados mandatos.