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Javier Reguera llama ‘desleales’ a los directivos de Caja Segovia

El presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, ha sido uno de los testigos en la sexta jornada del juicio contra los directivos de Caja Segovia y en su comparecencia justificó la personación de la Fundación como acusación particular al entender que el acuerdo del consejo de administración adoptado en diciembre de 2010 en el que se contrataron las pólizas significó que “un patrimonio de 17 millones de euros que correspondían a la Caja pasó al patrimonio personal de los miembros del equipo de dirección” y además, “la continuación de esa Caja de la que se sacó ese patrimonio es la Fundación”.

En su declaración recordó que fue Caja Segovia, a través de su Consejo de administración, ya en diciembre de 2012, el que tomó la decisión de personarse en el caso de las prejubilaciones e, insistiendo en el carácter de “heredera” de la entidad “la Fundación decidió seguir personada”

Reguera acusó además al equipo directivo porque “no cumplió sus funciones de lealtad con el órgano de Gobierno [el Consejo de administración] porque no le informó de la trascendencia de lo que se estaba acordando en ese momento y consideró que las pólizas de seguro que se hicieron para las prejubilaciones “no eran unas pólizas normales, eran personales y no se podían modificar si no era con el consentimiento expreso de los miembros del equipo de dirección”. Y remató su razonamiento: “Antes de que se cumplieran las condiciones para poder acceder a esas pensiones, eso ya estaba en el patrimonio del equipo directivo porque hicieron unas pólizas indisponibles”.

Según el presidente de la Fundación los directivos deberían haber pasado al Banco Financiero de Ahorro (BFA), luego Bankia “y haberse jubilado allí”, y puso el ejemplo de Caja Ávila, cuyos directivos “no obtuvieron prejubilaciones millonarias como aquí, sino que se prejubilaron en el BFA”.

En otro momento del interrogatorio, Reguera recordó que fue él mismo el que firmó el contrato del director general de la Caja, Manuel Escribano, en 1995, aunque lo hizo por 28 millones de pesetas (equivalente a 168.000 euros) y un variable máximo de 8,3 millones de pesetas más (50.000 euros), es decir, un sueldo de 218.000 euros “pero era impensable que terminara cobrando más de 850.000 euros”, cuatro veces más, lamentó.

Arahuetes también pierde la memoria

En el desfile de testigos de este 13 de febrero había cierta expectación por la declaración del exalcalde de Segovia. Pedro Arahuetes fue miembro del Consejo de Caja Segovia entre 2003 y 2010 y por tanto había asistido a todas las reuniones en las que se habían tratado las prejubilaciones —en 2006, 2008 y 2010— y, según las actas, había asentido las aprobaciones unánimes de aquellos acuerdos. Además, en noviembre de 2011 solicitó, junto a otros dos consejeros, una reunión del organismo exigiendo que se detallaran las cantidades asignadas a cada directivo, en la que también votó a favor tras conocer todos los extremos, aunque dos días después dimitió como consejero, disconforme con el “oscurantismo” del organismo, al que llegó a calificar como una “logia masónica” según declaró entonces a la prensa.

Sin embargo, los interrogatorios en el juicio dejaron un poso de decepción ante los constantes “no lo recuerdo”, “me remito a las actas” o los simples “no” como respuestas de las que se esperaba un mayor desarrollo. El exconsejero culpó de esto a las preguntas de los abogados “un tanto repetitivos”, según consideró en declaraciones a los periodistas justo tras su declaración, mucho más lenguaraz que en el interior de la Audiencia.

Elena García Gil, Manuel Agudíez y Pedro Arahuetes, en la puerta de la Audiencia.

De la declaración como testigo de Arahuetes —además de severas lagunas de memoria que chocaron con su capacidad para recordar a algunos abogados defensores el resultado de pleitos pasados en los que se han enfrentado como abogados profesionales o rememorar “perfectamente” que la votación sobre la fusión de la Caja se hizo de manera individualizada— se puede extraer su reconocimiento de que tenía “plena confianza” en los directivos; que a lo largo de los nueve años que fue consejero “hubo muchos asuntos que no estudié” o que quien escribe un anónimo de denuncia “es un cobarde”, aunque eso no impidiera que trasladara a la Fiscalía el que recibió a modo de denuncia sobre el sistema de prejubilaciones sin dar cuenta de ello al Consejo.

Las lagunas sobre las informaciones que recibía acerca del sistema de prejubilaciones y las fórmulas de cálculo de las cuantías asignadas a cada directivo en las reuniones de 2006, 2008 y 2010 fueron constantes en su comparecencia.

“Perjuicio reputacional”

Mucho más locuaz estuvo en su comparecencia como testigo el que fuera consejero desde 2007 y también miembro del Comité de Auditoría, y actualmente procurador en las Cortes regionales, Juan José Sanz Vitorio, que admitió la legalidad de las prejubilaciones de los directivos aunque sí cuestionó en la reunión de noviembre de 2011 su oportunidad, por la “alarma social” generada en aquellos momentos en los que comenzaban a trascender las cantidades millonarias asignadas a los directivos.

En este sentido, el político utilizó el novedoso término “perjuicio reputacional” para definir los perjuicios que sufrió la entidad en aquellos momentos en los que las entidades sufrían “desprestigio social” agravado cuando se conocían los pagos millonarios a los directivos.

Sanz Vitorio coincidió con otros testigos en la relación de confianza que existía hacia los ejecutivos y sus propuestas, además de subrayar que no recibió información detallada de las cuantías asignadas, aunque no quiso poner en duda la legalidad de aquellos planes de jubilación y aseguró que nunca se preocupó por las cuantías aplicando el principio de que lo que cobra un profesional “no es caro ni barato” ya que debe fijarse en función de la rentabilidad que produzca su trabajo y remarcó que el dinero para los pagos ya estaba provisionado anteriormente, por lo que no representaba una merma económica para la entidad.

No obstante, relató que cuando supo que el consejo del 23 de noviembre de 2011 —en el que se detallaron las cuantías asignadas— coincidía con un pleno de las Cortes que impedía su asistencia remitió un escrito al Consejo solicitando que se reconsiderara el sistema al haber cambiado “radicalmente” el marco desde el momento en el que se acordaron. Aunque el documento se leyó en la reunión su propuesta no prosperó, reconoció con resignación ante el tribunal.

Con la misma resignación recordó “haberme quedado solo” en su oposición al sistema de fusión, el SIP, elegido por la Caja y la defensa que también hacía el Gobierno regional para la creación de un grupo formado por las cajas de Castilla y León en busca de lo que entonces se llamó el “músculo financiero” para la región, otra opción que acabó siendo rechazada por los organismos de la Caja.

Author: Redacción

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