Posted By Fernando Sanjosé on 19, Feb, 2019

Las partes están ya exponiendo sus conclusiones y este martes lo han hecho las acusaciones, el Ministerio Fiscal y los defensores de los acusados a título lucrativo, mientras que el próximo 21 de febrero serán los defensores de los acusados principales los que expondrán sus planteamientos buscando la libre absolución de los seis miembros del Consejo de Dirección que se sientan en el banquillo.

Con un ojo puesto en los titulares de prensa ante los que quiso aclarar su postura, al igual que al tribunal, como reconoció en su intervención, la representante del Ministerio Fiscal, Pilar Ramos, pidió la libre absolución de todos los acusados al entender que en la actuación de los directivos “no existe ilícito penal” ni pruebas de cargo con los que sostener la acusación, mientras que todo el proceso para fijar el sistema de prejubilaciones se hizo dentro de la legalidad. “La Caja funcionó reglamentariamente y tomó sus decisiones a través de sus órganos”, aseguró.

Ramos reconoció que a en su oficina “también nos llamó la atención el volumen de la retribución” momento en el que entró en una reflexión tratando de distinguir entre lo moral, lo amoral y la legalidad, llegando a la conclusión de que “a veces lo ajustado a derecho no es justo, sino injusto, y a veces contraviene el criterio y las normas de moralidad”. Insistiendo en esta idea reconoció que “el sentir general de la sociedad es que fue injusto que los acusados cobraran esas cantidades”, pero se preguntó si “un hecho que nos puede parecer amoral puede ser tipificado como un ilícito penal”.

Abuso de poder y engaño

Antes que la fiscal intervino el abogado de la acusación particular, la Fundación Caja Segovia, Rafael Yturriaga, que defendió el carácter de perjudicada de la Caja “que es la entidad de la que se distrae el dinero” y apuntó que las cantidades cobradas por los ejecutivos duplicaron lo que les hubiera correspondido y se lograron ejerciendo “abuso de poder”.

Varios acusados se despiden tras la sesión de este 19 de febrero.

De acuerdo con sus conclusiones, el exdirector general, Manuel Escribano —que cobró 5,7 millones— y al exjefe de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla como los que “idearon y ejecutaron” los planes de prejubilaciones y las desarrollaron forzando los acuerdos de la Comisión de Retribuciones y del Consejo de Administración, “siendo además Quintanilla el enlace con [la aseguradora] Caser, una actuación en la que el abogado sustentó la acusación del delito de apropiación indebida. Yturriaga solicitó penas de cuatro años de prisión para cada uno de ellos.

En su referencia al exsecretario, Antonio Tapias, aunque reconoció que su participación no fue tan activa como los dos anteriores aunque por sus cargos “conocía, consentía y participaba”, dando apariencia de legalidad callando el impacto que tendrían las decisiones por las que “logró una prejubilación que nunca le hubiera correspondido”, por lo que solicitó una condena de tres años de prisión.

Al expresidente, Atilano Soto (para el que solicitó tres años de cárcel), y los exvicepresidentes, Manuel Agudiez y Elena García Gil (pide dos años de condena para cada uno), les señaló como “cooperadores necesarios más allá de la complicidad” para lograr con su “colaboración muy relevante” las aprobaciones de los acuerdos en los distintos órganos de Gobierno.

En este sentido consideró que los consejeros de Caja Segovia fueron víctimas del aprovechamiento que los directivos hicieron de la confianza que tenían en el consejo de dirección y de la falta de preparación financiera que tenían, toda vez que se les facilitaban informaciones “sesgadas”.

Sobreexposición inmobiliaria

La petición de penas por parte del abogado de la acusación popular que ejerce IU, Alberto López, es mayor en todos los casos, desde los ocho años que solicita para Manuel Escribano, Enrique Quintanilla y Tapias (cuatro por administración desleal y otros cuatro por apropiación indebida) a los cuatro años solicitados para Atilano Soto, Manuel Agudiez y Elena García, sólo por el delito de administración desleal.

López, que suscribió todos los argumentos de la acusación particular, se apoyó en la comisión de investigación a las cajas de la comunidad seguida en las Cortes regionales para afirmar que la crisis financiera afectó “trágicamente” a las entidades, especialmente a Caja Segovia a la que achacó estar “sobreexpuesta” al negocio inmobiliario, además de achacar a la venta de preferentes como fórmula para recapitalizar la entidad.

Comparte en tu WhatsApp