Posted By Fernando Sanjosé on 6, Feb, 2019

Manuel Escribano declarando.

La primera declaración de un acusado en el juicio de Caja Segovia, la del exdirector de la entidad, Manuel Escribano, se prolongó durante cerca de tres horas, la mitad de ese tiempo en el interrogatorio del abogado de la acusación particular, Rafael Yturriaga, centrado en tratar de demostrar que las decisiones en torno al Plan de Jubilaciones de los directivos, de 2006 y las modificaciones de 2008 y 2010 se habían realizado tomado de espaldas a los órganos de Gobierno, especialmente el consejo de administración de la entidad.

Escribano negó todas las acusaciones asegurando que los consejeros siempre habían dispuesto de “toda la información” sobre aquellos planes con márgenes de 36 horas —el exsecretario general, Antonio Tapias, que declaró después, elevó el plazo a 48 horas— para revisar la documentación completa antes de las reuniones e incluso achacó cierta dejadez a algunos de esos consejeros que “no iban nunca” a mirar los papeles.

No obstante, al mismo tiempo se vio obligado a reconocer que en la reunión de modificación del plan celebrada en 2010 no se informaba explícitamente a los miembros del Consejo de que se iba a realizar una transferencia de 17 millones a la aseguradora Caser sino de que iban a “externalizar la póliza de seguros de un plan de prejubilación aprobado en 2006” dando por sentado que los detalles de este asunto “ya estaban informados previamente”, aunque fuera cuatro años antes.

En este mismo sentido, Tapias reconoció que en las actas referidas a las aprobaciones de las prejubilaciones no aparecían con detalle los beneficiarios ni las cantidades que percibiría cada uno de ellos, aunque en su declaración subrayó reiteradamente el control que existía sobre la Caja desde organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Junta de Castilla y León y firmas auditoras.

Dinero perdido, derechos restringidos y directivos ‘perjudiciarios’

Los larguísimos discursos con los que Escribano respondía a las preguntas de los abogados estaban envueltos en una mezcla de vanidad escasamente disimulada que le llevaron a proclamar que bajo su dirección la entidad logró beneficios de 400 millones en una década o se multiplicaron los fondos de la obra social hasta los 80 millones de euros y declaraciones de entrega abnegada a la Caja “por la que lo he dado todo y la Caja me lo ha dado todo a mi”, instante en el que relató que en un momento dado podría haberse acogido al cese unilateral de su contrato de alta dirección aunque lo mantuvo para seguir en su puesto “aún perdiendo dinero”.

De hecho, el directivo que percibió 5,8 millones en indemnizaciones y en 2008 cobraba 874.000 euros anuales relató que en 2009, motu proprio, propuso suprimir toda su retribución variable a cambio de una subida de su sueldo fijo que se tradujo en la pérdida del 15 por ciento de su retribución final.

Abogados y acusados, ante la Audiencia.

También llenó de bondades las decisiones que llevaron a fijar las prejubilaciones. Según contó, el motivo de su creación no era otro que mantener al equipo directivo que había logrado “excelentes resultados” durante la aplicación de los planes estratégicos anteriores para la puesta en marcha del siguiente, de 2007 a 2011, lo que suponía retener a varios directivos que ya tenían derecho a prejubilarse y así, llegó a la conclusión de que “las prejubilaciones no fueron un privilegio, sino una pérdida de derechos y económica respecto al resto de la plantilla”. Antonio Tapias rizó el rizó y se autoproclamó “perjudiciario” del plan de pensiones.

Posteriormente, la crisis y el proceso de integración (SIP) de la Caja precipitó el incumplimiento del Plan Estratégico y los cambios en el plan de jubilación para adelantar la salida de los directivos, concluyó Escribano.

Pérdidas de memoria

Por otra parte, el abogado de la acusación particular preguntó en distintos momentos por la identidad del ideólogo del plan de jubilaciones para los ejecutivos aunque tanto Escribano como Tapias, que en otros momentos fueron capaces de citar fechas, horas concretas de determinados acontecimientos y hasta de recitar de memoria el contenido de actas y otros documentos, presentaron lagunas de memoria en esta cuestión alegando no recordar el origen de la idea. “Supongo que vendría del área de Recursos Humanos [dirigida por otro de los acusados, Enrique Quintanilla que este miércoles se someterá a las preguntas de los abogados] no va a venir de Créditos” dijo vagamente en una de las respuestas el exdirector que sin embargo asumió que, en cualquier caso “contaría con mi aprobación”.

Antonio Tapias charla con otro de los acusados durante el juicio.

Mientras tanto, el abogado de la acusación popular que ejerce IU, Alberto López, dirigió sus preguntas a la situación financiera de la Caja en sus últimos momentos tratando de demostrar que esta era mala y con ello que se habría producido el delito de administración desleal por el equipo directivo, aunque Escribano esquivó la mayor parte de las preguntas advirtiendo incluso al letrado que “no le iba a permitir que hable de crisis” antes de proclamar la buena salud económica de la Caja que “siempre ha tenido beneficios” e incluso llegó a afirmar que la entidad, que en su último año reflejaba una caída sustancial de los beneficios, hasta los 16 millones, en realidad “podría haber tenido ganancias de 70 millones”, aunque la cuenta se vio mermada al cargarse en ese año el pago de las prejubilaciones de los empleados de la entidad, por 54 millones, de acuerdo con su relato.

En la primera sesión del juicio oral de la Caja, con una duración total cercana a las seis horas declararon dos de los cinco exdirectivos acusados en este proceso, Manuel Escribano y Antonio Tapias, sometidos a las preguntas de los dos abogados de la acusación, tres de los defensores de los acusados y otros tres de los cinco directivos encausados como responsables civiles a título lucrativo. La representante de la Fiscalía no formuló preguntas.

Este miércoles habrá doble sesión (de mañana y tarde) que se abrirá con la declaración del exdirector de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla al que seguirán el expresidente del Consejo, Atilano Soto, y los que fueran vicepresidentes, Manuel Agudíez y Elena García Gil.

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