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El último cartucho para evitar el juicio de Caja Segovia

Este 22 de enero comienza el esperado juicio contra un grupo de directivos de Caja Segovia por apropiación indebida y administración desleal de la entidad al fijarse primas de jubilación millonarias justo antes de su desaparición. Al menos, la de este martes es la primera sesión de la vista oral, aunque las defensas de los acusados esperan lograr que sea también la última y que la doctrina Botín evite que el juicio se lleve a cabo.

Uno de los acusados, Enrique Quintanilla, con su abogado.

La jornada, a la que obligatoriamente deben asistir todos los encausados, se dedicará a la exposición de las cuestiones previas y ahí es donde los defensores de tres de los principales acusados —Atilano Soto, Manuel Escribano y Manuel Agudíez— van a tratar de jugar la última carta para evitar que el juicio se lleva a cabo presentando una cuestión de excepcionalidad con la que tratarán de “vaciar” la acusación de este caso. Sin acusación particular y de la Fiscalía —que no ha presentado cargos en este proceso— no procede la continuación del juicio, dice la doctrina Botín.

Para lograrlo, los defensores trabajarán en dos frentes: deslegitimar el derecho de la Fundación Caja Segovia a personarse como acusación particular (la que acude en calidad de perjudicada por los delitos presuntamente cometidos) e impedir la aspiración de IU de lograr pasar de acusación popular (la que se persona sin ser damnificado directo) a particular.

En la parte más compleja, la de intentar de desvirtuar la calidad de perjudicada de la Fundación, los abogados alegarán —aportando un contundente informe de la auditora multinacional, Grant Thornton— que el organismo es heredero directo de la Obra Social de la Caja de Ahorros y que el traspaso del patrimonio y haberes de una a otra se realizó sin mermas.

Al mismo tiempo, alegarán que la herencia de la Fundación nada tenía que ver con el negocio bancario de la Caja, que fue traspasado íntegramente al Banco Financiero de Ahorros (BFA) en diciembre de 2010 y posteriormente a Bankia, de modo que si se hubiera producido algún tipo de perjuicio por la presunta administración desleal de los directivos, la supuesta afectada habría sido, en todo caso, la propia Bankia, que ni siquiera está personada en este caso ni ha formulado reclamaciones ni denuncias. Si la Fundación no sufrió pérdidas en su patrimonio por los hechos que se juzgan, sus reclamaciones no tienen base y su carácter de acusadora particular no es admisible, entienden los defensores.

El presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, en una rueda de prensa.

El abogado de IU, Alberto López Villa considera en este sentido que la Fundación si es claramente perjudicada, ya que “podría haber tenido el 2,01% de la Caja y por tanto una participación en Bankia” que se diluyó cuando la entidad salió a bolsa por lo que “el papel de damnificada de la Fundación es evidente”.

Respecto al papel de perjudicada de la propia IU, situación que le daría carácter de acusación particular, López Villa se aferra al argumento de que la coalición participaba en la Caja a través de los distintos órganos de representación, como la asamblea, al tiempo que sus electos políticos formaban parte de las instituciones que a su vez tenían que nombrar a los representantes en el Consejo y otros órganos de dirección, como los ayuntamientos, la Diputación o la Junta de Castilla y León.

El abogado ha expresado en los últimos días su temor de que, efectivamente, puedan prosperar las iniciativas de las defensas y el juicio pueda suspenderse por falta de acusadores en base a la doctrina Botín, algo que “sería un bochorno”, a la vez que ha anunciado que si eso se produce recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de ámbito regional.

Los plazos los deciden los jueces

22 de enero de 2019. Manuel Escribano, ex director general de la Caja, desfila ante la audiencia

Lo cierto es que ahora todo queda en manos de los jueces que pueden optar por tomar una decisión inmediata o aplazada sobre las cuestiones excepcionales que se les van a plantear. En el caso de que admitiera sobre la marcha, este misma mañana, la iniciativa de los defensores, la de este 22 de enero será la primera y última sesión de este juicio y el “caso de las jubilaciones” pasaría a la historia. Si en ese momento deciden rechazarla, tendrán que fijarse las fechas de las sucesivas sesiones para continuar con normalidad el proceso.

Otra opción, apuntada por el abogado Rodríguez Romo, defensor de varios directivos, es que la decisión no sea inmediata, sino que se plasme en forma de auto judicial que se dictaría en unos días, con idénticos caminos posibles que el anterior supuesto en función de la admisión o no de las peticiones de los abogados.

La tercera posibilidad, menos probable, según fuentes jurídicas, es que los jueces opten por “aparcar” la solución de estos planteamientos hasta el momento de dictar la sentencia, dejando que se celebre el juicio al completo antes de decidir si cabe aplicar o no la doctrina Botín.

Author: Fernando Sanjosé

Segovia (1967). Periodista.

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3 Comments

  1. La fiscalía no ha presentado cargos?
    Inaudito.

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    • Inaudito no…amañado más bien…gracias al PP??

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  2. Centrados en Conservas Ortiz… !a jugarrr !

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