El Ayuntamiento de Segovia ha confirmado que el pago a la Federación Española de Baloncesto por el torneo internacional femenino celebrado en julio de 2024 se resolverá mediante un expediente de responsabilidad patrimonial, actualmente en tramitación y pendiente de resolución.
El evento, de carácter preolímpico e internacional, reunió a las selecciones de España, Canadá y Australia en el pabellón Pedro Delgado, apenas unos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos. Según fuentes municipales, las discrepancias entre departamentos administrativos impidieron rubricar el contrato antes de la celebración del torneo, aunque el gasto —133.000 euros, IVA incluido— fue conocido, debatido y aprobado por todos los grupos políticos en las correspondientes comisiones y en el pleno del 31 de mayo de 2024.
Desde el equipo de Gobierno se subraya que no existe ningún conflicto con la Federación Española de Baloncesto, con la que se mantiene “un contacto constante y un trato exquisito”. El Ayuntamiento afirma que la organización federativa no ha reclamado intereses ni compensaciones adicionales, sino únicamente el pago del coste acordado.
El expediente de responsabilidad patrimonial se tramita, según la versión municipal, “en base al principio de confianza legítima y buena fe entre las partes”, y permitirá liquidar el evento “de forma correcta y transparente”. Fuentes municipales precisan además que la partida económica está ya fijada, y que el procedimiento “seguirá su curso administrativo hasta su completa regularización”.
Petición de transparencia
El Grupo Municipal Socialista, por su parte, habría solicitado la comparecencia del alcalde para explicar las circunstancias del expediente, reclamando “claridad y transparencia” en la gestión del evento. Desde el Partido Popular, en cambio, se considera que el PSOE intenta “magnificar una situación administrativa conocida por todos los grupos desde el inicio del proceso”.
El PP defiende que se trató de un acontecimiento deportivo “de gran relevancia para la ciudad y sin ningún tipo de perjuicio económico ni institucional”, y lamenta que “se pretenda generar polémica en torno a un procedimiento que sigue los cauces legales y administrativos previstos”.
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