El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes su dimisión del cargo, en una comparecencia institucional celebrada en el Palau de la Generalitat, en la que ha pedido a los grupos de PP y Vox (que conforman la actual mayoría parlamentaria) que elijan un nuevo presidente para “completar y consolidar el tiempo político que necesita la Comunidad Valenciana”.
Mazón, visiblemente afectado, no ha precisado ni la fórmula ni los plazos de su salida, aunque sí ha asegurado que su decisión responde a una “reflexión personal y política” tras los acontecimientos derivados de la gestión de la DANA del pasado año, una tragedia que dejó 229 víctimas mortales en la comunidad y cuya gestión ha sido objeto de duras críticas.
El anuncio se produce cinco días después del funeral oficial por las víctimas y un día después de una conversación telefónica con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que, según el propio Mazón, se abordó su futuro político.
Durante su intervención, el dirigente valenciano ha reconocido “errores en la gestión y en la comunicación” durante las primeras horas de la catástrofe: “Cometí el error de mantener mi agenda ese día. Debí haber tenido la visión política de cancelarla”, ha dicho. Pese a ello, ha insistido en que ninguna de sus decisiones “fue por cálculo político o por mala fe”, y ha asegurado que “es el momento de reconocer los errores propios”.
Mazón ha reprochado también la “falta de apoyo del Gobierno central” durante las labores de emergencia y reconstrucción, afirmando que la Generalitat “pidió ayuda y jamás la recibió”, y que el Ejecutivo autonómico “ha afrontado en solitario un reto que ningún gobierno había asumido antes”.
El hasta ahora president, que no ha admitido preguntas, ha cerrado su declaración con un mensaje dirigido a las víctimas de la DANA y a la sociedad valenciana: “Ante una situación tan grave, hablar de mi situación personal me parecía una frivolidad”.
La dimisión abre ahora un periodo de incertidumbre política en la Comunidad Valenciana, donde PP y Vox deberán consensuar un nuevo candidato para mantener el gobierno autonómico.











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