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El Fiscal imputa a directivos y consejeros de Caja Segovia

 

Los miembros del comité de retribuciones y del consejo de administración de la ya extinta Caja Segovia que aprobaron las retribuciones y prejubilaciones de los directivos antes de su integración en Bankia serán llamados a prestar declaración en calidad de imputados, tal como solicitó el fiscal al juzgado de instrucción número 2, el pasado 31 de octubre.

Las imputaciones interesadas por la Fiscalía habrán de ser recogidas ahora por el Juzgado, que deberá además fijar los conceptos concretos que sustentarán las citadas imputaciones.

En el texto, la Fiscalía reconoce que los requerimientos documentales practicados en relación a las retribuciones que se fijaron para el comité de Dirección de la Caja “han resultado infructuosos” y ante esa falta de respuesta desde la entidad, requiere la imputación de todos los que intervinieron en los acuerdos sobre retribuciones a directivos.

Aquellas retribuciones fijadas en 2008 y 2010 suponían el reparto de más de 34 millones de euros en concepto de prejubilación y otra retribuciones entre los miembros del consejo de dirección. Casi la mitad de esa cantidad (15 millones de euros) correspondían al director general, Manuel Escribano.

De esta manera y “de forma secuencial” , el listado de personas que serán imputadas incluye a los tres miembros del comité de Retribuciones (Atilano Soto, entonces presidente de la entidad y del propio organismo; Manuel Agudíez Calvo (Vocal); Elena García Gil (Secretaria), además de, Manuel Escribano y el que ocupara el puesto de secretario, Antonio Tapias.

Igualmente, se interesa la imputación de los que entonces integraban el consejo de administración entre los que aparecen el senador popular, Javier Santamaría; el viceportavoz del Grupo popular en las Cortes regionales, Juan José Sanz Vitorio; el alcalde socialista de Segovia, Pedro Arahuetes; el presidente de la Patronal segoviana, Pedro Palomo; los diputados provinciales, Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino, junto a Fernando Aceves, Eduardo Aguado, Manuel Berzal, Bonifacio García, Fidel García, Juan Manuel de la Puente y Concepción Monte.

Por su parte, la formación UPyD, que denunció las presuntas irregularidades cometidas en la Caja, con la imputación “comienza a quedar clara su imputación en el oscuro asunto de las prejubilaciones millonarias (…)”.

En este sentido, la formación ha exigido a través de una nota de prensa la inmediata dimisión —además de su baja como militantes en sus partidos— de los aforados, Santamaría y Sanz Vitorio, además de la del alcalde Arahuetes y el presidente de la patronal, Palomo.

Author: Fernando Sanjosé

Segovia (1967). Periodista.

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