La investigación se inició el día 15 de noviembre del año pasado, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la posible contratación de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo por parte de una empresa del ramo de la construcción con sede en la provincia de Segovia.
Recibida la información por parte del grupo de investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia, y tras el análisis pormenorizado de los hechos, se pudo determinar la comisión delictiva contra los derechos de los trabajadores.
Por todo ello, se procedió a realizar una investigación de forma conjunta con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz y con la colaboración de la Inspección de Trabajo de Segovia.
La investigación se centró en identificar a los autores de los hechos, así como,el entramado empresarial y comprobar su actividad, lugares de trabajo, identidad de los trabajadores contratados, situación administrativa, así como, la obtención de otros indicios que pudieran determinar el esclarecimiento total de los hechos.
Fruto de la investigación se pudo comprobar la contratación reiterada de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo en el sector de la construcción, algunos de los cuales eran captados en su país de origen, así como el incumplimiento por parte del empresario de los derechos laborales. Además, se constató la realización de trabajos en la provincia de Segovia y Madrid, la creación de varias empresas de construcción y otras actividades, algunas de ellas sin actividad real, y la obtención de una ventaja competitiva al evitar los costes de contratación legal, permitiéndole ofrecer presupuestos más bajos.
La investigación ha dado como resultado el esclarecimiento total de los hechos delictivos, consistentes en la comisión reiterada de delitos contra los derechos de los trabajadores; así como la identificación de los autores, poniendo fin a la actividad delictiva investigada.
Como resultado de la misma, se ha practicado la detención de dos investigados.
Las víctimas extranjeras han sido informadas de sus derechos. Algunas de ellas, atendiendo a su situación de vulnerabilidad y desamparo en las que se encontraban, han sido acogidas por organizaciones no gubernamentales.
El atestado policial elaborado, junto con los detenidos, ha sido remitido al Juzgado Decano de Segovia.
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