La creciente desafección y el rechazo de la ciudadanía hacia los partidos políticos, visibles hoy en España en el aumento de la abstención, la volatilidad del voto y la desconfianza generalizada hacia las instituciones, invitan a analizar la profunda disociación que se está produciendo entre la sociedad civil y las formaciones políticas. Así se ha hecho estos días en el V Congreso Nacional de la Sociedad Civil, organizado por la Fundación Independiente, presidida por el exministro Rafael Catalá; por la Fundación Impulso y Cooperación, de reciente creación, con José Domingo como presidente y Fernando Savater como mentor; o por la Fundación Caja Rural de Segovia, en un reciente acto con Felipe González. En todos estos encuentros, a los que he tenido ocasión de asistir, existe un denominador común: la necesidad de un mayor protagonismo de la sociedad civil en la vida pública para orientar la acción política hacia los problemas que realmente preocupan al ciudadano.
Una percepción cada vez más extendida es que la política discurre por un carril distinto al de la vida real de los ciudadanos, ajena a sus preocupaciones cotidianas sobre el empleo, la vivienda, los servicios públicos o la cohesión territorial. Como advierte la filósofa española y catedrática de Ética Adela Cortina, la democracia no se sostiene solo con instituciones y partidos, sino con una sociedad civil moralmente activa, portadora de valores compartidos. Cuando esa brecha se ensancha, como está ocurriendo en la España actual, la democracia se debilita y pierde legitimidad social.
Buena parte de las generaciones que vivimos la Transición democrática identificamos durante años la democracia con los partidos políticos, como si estos fueran su único soporte. Sin embargo, la experiencia demuestra que los partidos son instrumentos necesarios, pero no el fundamento último del sistema democrático. Ese fundamento es la sociedad civil, entendida como el espacio donde se forman los valores, las convicciones y los hábitos cívicos que hacen posible la convivencia. En la España de hoy, cuando la sociedad civil se desentiende del debate público o es desplazada de él por la lógica partidista, los partidos tienden a priorizar su propia supervivencia, su relato o sus equilibrios internos, al margen del interés general.
Las dinámicas políticas dominantes en España, marcadas por la polarización permanente, el bloqueo institucional y la utilización sistemática del adversario como enemigo, han levantado muros ideológicos que poco tienen que ver con las preocupaciones reales de la ciudadanía. Estas dinámicas, lejos de reforzar la convivencia y la confianza en las instituciones, las erosionan. El pluralismo democrático no consiste en la confrontación constante ni en la deslegitimación del discrepante; consiste, como señala Adela Cortina, en aceptar que pueden convivir proyectos distintos sobre la base de unos valores compartidos mínimos: la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo, el respeto y la dignidad de toda persona. Cuando el pluralismo se sustituye por la polarización, como sucede hoy en buena parte del debate público español, se resiente la cohesión social y se debilita el capital ético colectivo.
Felipe González en Segovia.
Cuando la ciudadanía percibe que las organizaciones políticas anteponen intereses tácticos, electorales o de mera supervivencia parlamentaria al bien común, se rompe el vínculo que legitima su representación. Dejan entonces de ser reconocidas como expresión genuina de la sociedad civil a la que dicen servir. A ello se suma un déficit evidente de liderazgo político, entendido no como autoridad formal, sino como capacidad de orientar, escuchar y generar confianza. Como señaló Felipe González en el referido encuentro, el liderazgo implica hacerse cargo del estado de ánimo de los ciudadanos, algo especialmente necesario en un país que afronta incertidumbres económicas, tensiones territoriales y un notable desgaste institucional. A estos problemas se añaden la ausencia de debate interno plural en muchos partidos, la reacción defensiva y soberbia ante la crítica y la sustitución del análisis de la realidad por el juego de la posverdad y del relato, lo que profundiza el distanciamiento entre sociedad civil y política.
En este contexto español no resulta extraño que surjan fórmulas cívicas alternativas, plataformas ciudadanas o movimientos transversales de ámbito local y social, como los ya mencionados. No nacen contra la democracia, ni siquiera necesariamente contra la política, sino como respuesta a su empobrecimiento y a la sensación de orfandad representativa. Es el caso de la Asociación Cultural Pluralismo y Convivencia Social, promovida en Segovia en 2019, integrada por personas procedentes de diferentes espacios ideológicos, profesionales y sociales, con el objetivo de recuperar espacios de participación, reconectar valores y acción pública y devolver a la ciudadanía un protagonismo que percibe como perdido. La idea de fondo es clara: la convivencia entre diferentes no solo enriquece, sino que fortalece la tolerancia, orienta la acción pública al interés general y contribuye a regenerar la confianza en las instituciones.
La regeneración democrática en España no se logrará únicamente mediante reformas legales, cambios normativos o ajustes institucionales. Requiere una ciudadanía activa, comprometida con una ética cívica responsable, y una clase política que entienda la función pública como servicio, alejándose de la crispación permanente y de una política superficial basada exclusivamente en el impacto inmediato del relato. Solo así será posible reconstruir el vínculo entre representantes y representados.
En la España actual, recuperar ese protagonismo cívico no es una amenaza para el sistema democrático; es una manifestación de fortaleza de nuestro sistema político. El acercamiento y la empatía de los partidos políticos hacia la sociedad civil constituyen la mejor garantía de futuro para una democracia de calidad, orientada al interés general y al bienestar de los ciudadanos.
Juan Luis Gordo. Segoviano de izquierdas, autónomo y polifacético
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