Posted By Alfonso Ceballos-Escalera y Gila on 25, Ene, 2026

El Ayuntamiento de Segovia, como cualquier administración pública, debe justificar cada euro del dinero de los contribuyentes. Sin embargo, un análisis crítico de las partidas presupuestarias municipales revela algunas donde el gasto podría considerarse cuestionable y hasta prescindible. En el último Pleno municipal hice un breve elenco de muchas de tales partidas, que suman entre cinco y seis millones de euros, lo que me lleva a afirmar que es insoslayable una reflexión profunda sobre las prioridades del gasto municipal, porque el dinero público no es infinito y cada gasto superfluo es una oportunidad perdida de mejorar la vida de los segovianos.

Voy a centrarme hoy solo en tres proyectos empantanados y ruinosos que ejemplifican a la perfección el despilfarro institucional y la falta de planificación del Ayuntamiento de Segovia: el edificio CIDE, el futuro Centro de Interpretación del Acueducto, y la empresa municipal, EVISEGO. Los tres han consumido y siguen consumiendo muchos millones de euros del erario público, sin justificación económica, y con logros pobres y resultados malos.

El primero es el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, la ocurrencia de un innombrable alcalde socialista que ya ha supuesto una inversión de más de 12 millones de euros desde 2011, una cifra escandalosa para una ciudad del tamaño de Segovia. Este mastodóntico edificio de hormigón blanco, situado junto a la estación del AVE, se ha convertido en el símbolo perfecto de una inversión sin retorno. La historia del CIDE es la crónica de un fracaso anunciado: prometido como motor de innovación tecnológica y diversificación económica, la realidad ha sido muy diferente. Las cifras son demoledoras, y delatan un uso censurable del dinero público. Y la situación empeora, porque es un edificio inaugurado con graves defectos técnicos, que han retrasado su uso y que siguen generando elevados costes adicionales: tiene un destino incierto y un mantenimiento anual insostenible de más de 500.000 euros cada año. Para colmo, la expropiación del terreno en que se asienta el CIDE, y de los solares colindantes, sigue pendiente; es decir que aún no pertenecen al patrimonio municipal, y los pleitos con los propietarios legítimos son constantes. El CIDE se ha convertido en un edificio en busca de propósito, un capricho arquitectónico que los segovianos pagarán durante décadas.

¿Qué habría que hacer con el CIDE? Pues reconocer los errores cometidos, y venderlo cuanto antes, aunque sea con alguna pérdida. Porque un buen administrador debe saber cuándo una inversión es irremediablemente ruinosa, y cuándo hay que resignarse a ponerle fin para evitar pérdidas mayores.

Y, si el CIDE representa el derroche pasado, el Centro de Interpretación del Acueducto del equipo de gobierno actual -en realidad un proyecto socialista asumido por el PPsoe, encarna el desperdicio futuro. El coste del proyecto ha pasado de los 2,6 millones iniciales a 5’5 millones de euros, duplicándose sin que se haya explicado convincentemente la necesidad de semejante gasto. Pero es que tampoco se ha explicado la necesidad de ‘interpretar’ un monumento como el Acueducto, que solo necesita ser contemplado en su enorme belleza. La pregunta fundamental es: ¿necesita Segovia otro centro de interpretación del Acueducto? Ya existe un Centro de Interpretación del Acueducto, operativo, en el Ingenio de la Moneda, con exposiciones permanentes, audiovisuales, tecnología de realidad aumentada y dioramas tridimensionales. Ese centro, creado con fondos europeos, cumple perfectamente su función educativa y turística, sobre todo si se trasladase de una vez al actual Centro de Recepción de Visitantes, situado en el Azoguejo, a los pies del Acueducto (donde hay espacio suficiente, y el gasto de traslado sería irrisorio). Y hay, además, otra opción muy interesante, por ventajosa sobre la del ‘bunker’ proyectado: comprar, con esos 6 millones de euros, el soberbio y enorme palacio renacentista de la Lama, que tiene en venta la familia Cabanyes, situado justo en el último arco del Acueducto, en un lugar más que adecuado para interpretar todo cuanto se quiera nuestro monumento más señero. Sería un notable enriquecimiento del patrimonio municipal, y no el horrible ‘zulo’ de marras que han proyectado.

El nuevo e innecesario centro que quiere construir el alcalde es un proyecto faraónico que estará enterrado bajo tierra: 1.320 metros cuadrados de espacio público -el edificio tendrá hasta 2.350 metros cuadrados-, con recepción, salas de exposiciones, salas de conferencias, espacios multiusos, tienda y cafetería. Las complicaciones técnicas son evidentes. La construcción bajo tierra requiere reforzar muros de contención y resolver problemas de cimentación complejos, lo que explica en parte la duplicación del presupuesto. Estas dificultades deberían haber llevado a reconsiderar la ubicación, no a duplicar el gasto, porque los riesgos son múltiples: un ‘búnker’ subterráneo es propenso a humedades y goteras, con elevados costes de mantenimiento perpetuo, ya solamente de ascensores. La experiencia del propio CIDE, con sus problemas de goteras y climatización y ascensores, debería servir de advertencia a nuestros munícipes. El proyecto se financia con fondos del Plan de Recuperación europeo, lo que genera la falsa percepción de que “el dinero viene de fuera“. Sin embargo, estos fondos bien podrían destinarse a otras inversiones más necesarias para la ciudad.

Cada euro gastado en el innecesario Centro de Interpretación, es un euro que no se invierte en las necesidades reales de los vecinos. Invertir 6 millones en este mausoleo, cuando los barrios demandan servicios básicos, equipamientos deportivos o mejoras en limpieza y mantenimiento urbano, es sencillamente injustificable.

Y si el CIDE y el Centro de Interpretación del Acueducto representan el despilfarro en infraestructuras, Evisego, la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Segovia, creada por un equipo de gobierno socialista en agosto de 2005 y asumido por los ‘populares’, encarna la burocracia innecesaria e ineficaz, porque debiera nunca un Ayuntamiento meterse a gestor inmobiliario, como se ve por los pobres resultados ‘empresariales’. Esta sociedad anónima municipal consume recursos públicos año tras año -legalmente, habría que haberla declarado en quiebra hace ya muchos años-, sin que su existencia aporte un valor real al Ayuntamiento. Ya conocemos que la creación de empresas municipales responde a menudo a motivaciones políticas, más que a necesidades reales: permite ‘colocar’ gerentes y empleados de confianza (‘del partido’, vamos), creando los clásicos ‘chiringuitos’ donde apesebrar a los amiguetes políticos.

La función principal de Evisego ha sido vender suelo municipal a promotores privados, lo que es una contradicción fundamental, dado que el problema de Segovia es la escasez de vivienda asequible. El presupuesto de Evisego para 2025 asciende medio millón de euros anuales, que se suman a los costes de personal (tiene una estructura mínima de dos trabajadores externos, lo que plantea la pregunta obvia: ¿para qué mantener una empresa cuando bastarían dos funcionarios del área de Urbanismo?). El patrimonio gestionado por Evisego es pequeño: un edificio de 56 viviendas en alquiler en la calle Bomberos, algunas parcelas residuales en barrios incorporados como Zamarramala y Fuentemilanos, y poco más. Y no obtiene beneficios de tal actividad inmobiliaria, alquilando esos pisos, porque la Concejalía de Servicios Sociales ha tomado para sí buen número de esas viviendas. Estrambótico: un Ayuntamiento metido a gestor inmobiliario, que a la vez ‘okupa’ sus propias viviendas y las priva de rentabilidad… La trayectoria de Evisego revela una actividad escasa y episódica; entre sus logros, el de haber facilitado la construcción de 277 viviendas de protección oficial, vendiendo suelo municipal a promotores privados: privatizar patrimonio público bajo la excusa de fomentar la vivienda protegida. Vaya, vaya: un Ayuntamiento metido a gestor inmobiliario, ¿qué podría salir mal?

La política de vivienda en Castilla y León es competencia autonómica. La Junta de Castilla y León tiene las herramientas, los recursos y la obligación legal de construir y gestionar vivienda social. Si la crisis de vivienda en Segovia es real -y lo es, con alquileres disparados y escasez de oferta-, la solución no pasa por mantener una microempresa municipal ruinosa con dos empleados y medio millón de euros de presupuesto. No: la solución pasa por exigir a la Junta de Castilla y León que cumpla con sus competencias y construya vivienda pública de verdad. Por eso, ya es la hora de reconocer que Evisego es prescindible, y su patrimonio de viviendas -un capitalito- debe ser enajenado cuanto antes en beneficio de las arcas municipales, y de todos los segovianos.

La gestión de estos proyectos y estructuras que hemos glosado, revela un patrón preocupante. Ninguno de los tres ha contado con una planificación rigurosa: ni se elaboraron estudios de viabilidad económica serios; ni se contemplaron alternativas de menor coste; ni se evaluó el impacto real en el empleo o la economía local; ni se previeron los elevados costes de mantenimiento; ni se consultó adecuadamente a ciudadanos y expertos; ni se justificó la necesidad de crear estructuras empresariales adicionales. El resultado es que Segovia tiene un ‘mausoleo blanco’ de 12 millones que cuesta cientos de miles de euros anuales mantener; que pronto tendrá otro ‘mausoleo subterráneo’ de 6 millones cuyo mantenimiento futuro es igualmente inquietante, y que mantiene una empresa municipal fantasma con un presupuesto ruinoso para gestionar poco más que un edificio de alquiler. El CIDE debe ser vendido, tras ser auditado de forma independiente para determinar responsabilidades por su gestión desastrosa. El proyecto del Centro de Interpretación del Acueducto debe ser suspendido sin más trámite, destinando esos fondos europeos a comprar el palacio de la Lama o a las actuaciones que realmente necesita la ciudad. Y Evisego debe ser liquidada, integrando sus funciones mínimas en el Ayuntamiento y devolviendo la política de vivienda a quien tiene la competencia: la Junta de Castilla y León.

Y es que el CIDE, el Centro de Interpretación del Acueducto y Evisego responden a una misma lógica política: la fascinación por las estructuras visibles, las inauguraciones con corte de cinta y las placas conmemorativas. Los políticos locales del Psoe y del PP, independientemente del color -son el PPsoe-, han preferido apostar por infraestructuras monumentales y empresas municipales que alimentan su ego, en lugar de atender las necesidades cotidianas de los ciudadanos. Pero, claro, tareas como el mantenimiento de parques, la limpieza de los barrios, la mejora del transporte público, la atención a los mayores y niños, o la rehabilitación de viviendas, no generan titulares. No hay fotos espectaculares ni visitas ministeriales. Aunque sean precisamente estas actuaciones las que mejoran la vida real de los segovianos.

Los segovianos merecen que cada euro de sus impuestos se gaste con criterio, eficiencia y sentido común. Es ya el momento de poner fin a la cultura del proyecto faraónico y de la burocracia innecesaria, recuperando la cordura presupuestaria. Segovia no necesita más ‘mausoleos’ ni blancos ni enterrados, ni empresas municipales ruinosas. Segovia tampoco necesita de un alcalde y un equipo de gobierno que anteponen sus vanidades personales y los intereses de sus redes clientelares a las necesidades de los vecinos. Hasta que esto ocurra, proyectos como el CIDE, el Centro de Interpretación del Acueducto y Evisego, seguirán siendo la evidencia de cómo no se debe gestionar el dinero público.