Un grupo protesta ante el juzgado por el caso del Torreón.
Fin del camino. El juez titular del juzgado número 5 de Segovia ha decretado el sobreseimiento y archivo de las investigaciones y con ello también la posibilidad de apertura de un juicio oral que habría sentado en el banquillo a los consejeros que participaron en la decisión de hipotecar el histórico edificio en un crédito por 7 millones de euros.
La orden del magistrado es consecuencia directa de la decisión de la Fundación Caja Segovia de desistir en su posición de acusación particular en el proceso penal tras el acuerdo alcanzado con Bankia para liberar de la hipoteca al Torreón, lo que unido a la falta de acusaciones por parte del fiscal y su petición de dar por concluido el caso ha llevado al archivo, ya que “no es posible acordar la apertura del juicio oral en el presente caso sólo y a instancias de la acusación popular ejercida por Izquierda Unida y se debe acordar el sobreseimiento de la causa”.
Cinco páginas firmadas el pasado 14 de julio le han bastado al magistrado Jesús Martínez Puras para justificar el archivo —pese a que él mismo, al igual que la Audiencia Provincial, sí veía indicios de delito— apoyándose en la jurisprudencia existente, entre otras, la llamada “doctrina Botín” de la que deduce que “el sometimiento de cualquier ciudadano a juicio, en el marco de un proceso penal, sólo se justifica en defensa de un interés público, expresado por el Ministerio Fiscal o un interés privado”, según se lee en los fundamentos de derecho del auto judicial que continúan apuntando que “la explícita ausencia de esa voluntad de persecución convierte el juicio penal en un escenario ajeno a los principios que justifican y legitiman la pretensión punitiva”.
En los mismos fundamentos del auto se hace referencia a la sentencia del “caso Atutxa” en la que el Tribunal Supremo afirmaba que “el ejercicio de la acusación popular [en este caso, por parte de IU] no puede tener una amplitud tan ilimitada que obligue a reconocer un derecho a la apertura de juicio oral, incluso en contra de la coincidente petición de sobreseimiento suscrita por el fiscal y el perjudicado por el delito [la fundación Caja Segovia]”.
El auto no es aún definitivo ya que puede ser recurrido por las partes mediante recursos de reforma o apelación en los próximos días.
Cinco años de investigación.
El “caso Torreón”, de gran trascendencia social al haber puesto en jaque el buque insignia de la Obra Social de Caja Segovia y haber propiciado, junto al “caso jubilaciones”, aún abierto en el juzgado número 1 la revisión de las actuaciones previas a la desaparición de la centenaria entidad de ahorro, trataba de depurar las posibles responsabilidades de los dirigentes de la Caja y los miembros del consejo de dirección cuando, en 2012, acordaron sufragar las deudas fiscales de una empresa participada por la Caja radicada en Asturias, Navicoas, mediante la suscripción de un crédito hipotecario usando el Torreón de Lozoya y otros inmuebles como aval.
El listado de personas que aparecían hasta ahora señalados por el juez y ya casi definitivamente exonerados en la causa penal —habrá recurso de IU, según han anunciado a acueducto2.com— incluía al que era presidente de la Caja, Atilano Soto; el director, Fernando Tapias; los vicepresidentes, Manuel Agudíez y Elena García, además de los consejeros, entre los que figuran dos miembros del equipo de Gobierno popular de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino; el también diputado, socialista, Jesús Yubero; y otros como Fernando Acebes; Juan Ignacio Antón; José Pablo Lozoya; Concepción Monte (exalcaldesa de Sepúlveda); Alfredo Velasco (Alcalde de Boceguillas en la actualidad); y Antonio Jesús Rodríguez. (exdirector provincial de Educación)
El caso se inició cuando, en diciembre de 2012, un grupo de consejeros acudieron a la Fiscalía para denunciar a Atilano Soto, Manuel Agudíez y Óscar Javier Varas, exjefe de riesgos de la Caja y presidente de la sociedad Navicoas, los hechos que presumían delictivos que llevaron a la Caja —en un acuerdo adoptado a mediados de junio— a asumir el pago de 6.864.611,04 euros por una deuda tributaria de la empresa asturiana participada por Caja Segovia y a pagarlo mediante la suscripción de un crédito avalado por el Torreón y otros bienes de la entidad de ahorro. Los denunciantes consideraban que habían sido manipulados e informados sólo parcialmente para que aprobaran la propuesta.
Sin embargo, el juez tornó la denuncia en acusación también para los consejeros, a los que incorporó al grupo de investigados, abriendo un proceso que ha llevado a la práctica totalidad del staff de la Caja a comparecer ante el juez, bien como investigados, bien como testigos, además de representantes de entidades como Bankia —luego sacada del grupo de acusados—, la Agencia Tributaria, el Banco de España, representantes de los despachos de asesores, consejeros y administradores concursales de Navicoas, y peritos y técnicos, entre otros.
Durante estos años, en los que ha habido dos tentativas de dar carpetazo al proceso, la investigación ha tratado de aclarar si realmente los consejeros eran conscientes de lo que finalmente aprobaron, los motivos por los que la Caja asumió una deuda que aparentemente no le correspondía, el papel jugado por Bankia o las implicaciones reales de cada una de las personas que fueron imputadas, preguntas que quedarán sin respuesta por la vía penal, aunque la Fundación Caja Segovia afirma que mantendrá abierta la vía civil para tratar de depurar los perjuicios económicos sufridos.
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