Una amnistía vergonzante

Posted By Juan Luis Gordo on 5, Jul, 2025

Al día siguiente de las últimas elecciones generales en España, la aritmética parlamentaria arrojó un resultado endiablado: el Partido Popular ganó en votos y escaños, pero no sumaba mayoría ni siquiera con el apoyo de Vox. El PSOE, por su parte, podía aspirar a retener el poder, pero solo si conseguía el respaldo de la izquierda y de los partidos nacionalistas. Junts, el partido que lidera Carles Puigdemont, con sus siete diputados, se convirtió en la llave para una posible investidura.

Recuerdo que, con un punto de sorna, comenté a un compañero socialista de trabajo que al presidente solo le quedaba una salida: aprobar una amnistía para contentar a Puigdemont. Él, muy serio, me respondió que eso era imposible porque la amnistía estaba prohibida por la Constitución, y añadió: “Eso te pasa por leer prensa de derechas”. Yo callé, para no profundizar en una discusión que se desarrollaba con cierta tensión. La realidad, sin embargo, ha superado cualquier previsión: el Tribunal Constitucional (TC) acaba de avalar la ley de amnistía, allanando así el camino para un acuerdo con Junts que garantice la estabilidad parlamentaria del Gobierno.

Como advertían recientemente algunos juristas y analistas, el TC ha ofrecido un aval meramente técnico, sin entrar en la oportunidad política de la medida. Pero este aval podría tambalearse si el Tribunal de Justicia de la UE manifiesta su conformidad con las cuestiones prejudiciales ya planteadas por varios tribunales españoles, lo que dejaría sin cobertura jurídica esta acción política. Lo sorprendente de este episodio no es solo el cambio radical de opinión en el PSOE —pues tanto Sánchez como su vicepresidenta y el ministro del Interior, que habían rechazado con contundencia la amnistía antes de las elecciones, y también mi antiguo compañero y otros muchos de forma sobrevenida, ahora la aceptan—, sino el deterioro de la coherencia política que ello refleja, con la consiguiente pérdida de credibilidad. 

Desde el Gobierno se asegura que la amnistía busca la “normalización política” en Cataluña. Sin embargo, la evidencia es tozuda: lejos de calmar la situación, esta decisión ha reforzado la polarización y la desafección en buena parte del resto de España. El malestar social, alimentado por la percepción de privilegios y concesiones unilaterales, amenaza con deteriorar la convivencia que la Transición y el espíritu constitucional habían logrado fraguar con gran esfuerzo. Con esta operación se rompe el consenso constitucional y se abre la puerta a que cualquier gobierno futuro, sea del PSOE o del PP, legitime iniciativas fuera del marco previsto por la Carta Magna con el único objetivo de dar respuesta a sus intereses. O sea, dispondremos de una constitución a la carta. 

El pasado lunes, el antiguo secretario de organización del PSOE en su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo que lo interrogaba, reconoció que la negociación de la ley de amnistía, de la que fue uno de los principales protagonistas —según él— se llevó a cabo porque “era el partido esencial para conseguir la investidura de Pedro Sánchez”. Se desmonta así el argumento que siempre trató de justificar esta medida por “el interés general”. Él ha sido hasta el momento el principal interlocutor para negociar el pacto de gobernabilidad con el líder y prófugo de la Justicia, señor Puigdemont, fuera de España, bajo la tutela de un mediador internacional. En esta ominosa acción le sucederá el anterior presidente socialista del Gobierno. Un proceso que pone en tela de juicio a nuestro Estado de derecho. 

Tras conocerse el aval del Tribunal Constitucional, el propio Puigdemont no ha tardado en proclamar su voluntad de reactivar la senda secesionista e incluso convocar un nuevo referéndum. Su mano derecha, Jordi Turull, ha reconocido abiertamente que participaron en la redacción de la ley de amnistía, lo que vulnera el principio de imparcialidad y buena fe legislativa, determina la posible inconstitucionalidad de la ley y debilita el Estado de derecho.

La política española parece instalada en la lógica del “o conmigo o contra mí”, como describe la dialéctica amigo-enemigo propia del jurista Carl Schmitt, que tanto ha inspirado la estrategia de división y confrontación que caracteriza el momento político actual. Este esquema reduce la política a una mera pugna por el poder, dejando de lado la búsqueda de consensos y el respeto a los valores constitucionales. Lo que debería ser un ejercicio de responsabilidad y coherencia se ha convertido en un juego de supervivencia política a cualquier precio.

En definitiva, la amnistía, en lugar de resolver conflictos, los ha exacerbado, debilitando las bases del Estado de derecho y sembrando dudas sobre la equidad que debe presidir la convivencia democrática. Es una amnistía vergonzante, porque se ha impulsado para garantizar la continuidad de un Gobierno y no para reconciliar a una sociedad, y porque revela un desprecio por los principios que deberían regir la acción política: la honestidad, la igualdad ante la ley y la defensa del interés general por encima de la conveniencia partidista.