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Tres años y seguimos: ¿Derecho al aborto?

En 2018 escribía en este mismo blog de opinión sobre la inexistencia de un verdadero derecho al aborto en nuestra Comunidad Autónoma y en tres años nada parece haber cambiado ya que las reivindicaciones siguen presentes.

Pero algo sí ha cambiado en este tiempo, ya que el incumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de lo recogido en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se ha situado en el centro del debate político en nuestro país. Cierto es que ha sido fruto de la denuncia desde la capital pero todo avance venga de donde venga merece ser reconocido.

La lucha por la conquista de este derecho viene de largo. En 1985 nuestras madres y abuelas consiguieron que se despenalizara el aborto, eso sí solo en varios supuestos: grave peligro para la vida o la salud física de la embarazada; que el embarazo fuera consecuencia de una violación; y que el feto pudiera nacer con graves problemas físicos o psíquicos. Una reforma que por supuesto quedaba corta y por eso la lucha continuó hasta que en 2010 se estableció la interrupción del embarazo más allá de los supuestos recogidos en 1985. De esta forma la Interrupción Voluntaria del Embarazo entraba a formar parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. La ley garantizaba la seguridad y la vida de las mujeres. Porque no hay que engañar a nadie, las interrupciones de embarazo voluntarias siempre han existido, eso sí, para aquellas mujeres que pudieran permitírselo económicamente. Para las demás quedaba la clandestinidad, los riesgos sanitarios, el estigma o la continuación de un embarazo no deseado.

La Ley de 2010 supuso un claro avance en nuestro país y la alegría de aquellas mujeres que llevaban décadas reclamando un aborto seguro. Cuatro años después la alegría se convirtió en defensa ya que en 2014 el por entonces ministro Gallardón pretendió reformar aquello que había costado tanto, intentando de nuevo limitar el derecho de miles de mujeres. Una vez más madres, abuela, hijas y nietas se embarcaron en el “Tren de la Libertad” y dispuestas a no dar ni un paso atrás salieron a las calles en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y en defensa de la ley de 2010, algo que consiguieron en diciembre del mismo año cuando el Gobierno de Rajoy decidió retirar el anteproyecto de reforma.

Pero el papel todo lo aguanta y hecha la ley hecha también la trampa. La ley de 2010 contemplaba el derecho de los profesionales sanitarios a ejercer la objeción de conciencia, eso sí sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación pudieran resultar menoscabados. Por eso desde las Administraciones Públicas se ha articuló un sistema de derivación a clínicas privadas donde se realizan casi todas las interrupciones voluntarias de embarazo.

En nuestra Comunidad desde la aprobación de la Ley en 2010 se han notificado procedimientos de cuatro centros situados en León, Salamanca, Burgos y Valladolid de los cuáles tan solo uno es de titularidad pública, el Hospital Santiago Apóstol. Once años donde el 97% de las Interrupciones Voluntarias se han realizado en centros hospitalarios y extrahospitalarios de titulada privada. Centro privados donde además, algunas ocasiones y últimamente más de las deseadas, algunas personas rezan o increpan a las mujeres que acuden a estos centros o acosan a las trabajadoras, algo que por fin estará regulado para que no vuelva a suceder o en caso de que se produzca sea considerado como el delito de acoso que es.

En el caso de Segovia ninguna de las interrupciones se ha producido en nuestra provincia, ya que ya sea por riesgos para la madre o graves anomalías en el feto o por la simple petición de las mujeres todas son derivadas a otras provincias o incluso otras Comunidades Autónomas a pesar de que según la ley es necesario garantizar la prestación con independencia del lugar de residencia.

El motivo por el que esto sucede es porque al parecer y como contestó el Hospital de Segovia al Procurador del Común “los profesionales directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, se acogen a la objeción de conciencia (situación similar al resto de centros hospitalarios de nuestros sistema público de salud)”. Una objeción de conciencia no registrada ya que no existe registro ninguno que pueda certificar el número de profesionales que ejercen este derecho que es individual y no colectivo. Un registro que si contemplan otras Comunidades como Navarra y Peía Vasco y que la Ley de Muerte Digna también contempla. Una objeción de conciencia, como dijo el Presidente del Colegios de Médicos de Valladolid, que debe hacerse realmente por “conciencia y no por conveniencia”, es decir no debe ser en ningún caso por el riesgo a ser etiquetado. En definitiva parece que cuando colisionan dos derechos y uno afecta directamente a las mujeres, como casi siempre éste último pasa a un segundo plano.

No sabemos si la reforma propuesta por el ministerio garantizará el derecho al aborto en igualdad de condiciones para todos los territorios y para todas las mujeres, pero por lo menos ha puesto encima de la mesa la necesidad de revisar la norma para que se garantice la igualdad de todas independientemente del lugar en el que se resida. La reforma debe garantizar la libertad de todas las mujeres, esa libertad que tanto se pregona para algunas cosas pero cuando se refiere a la de las personas poco se respeta.

 


Author: Natalia Del Barrio

Natalia del Barrio. Licenciada en Ciencias de la Información. Ex-procuradora de Podemos por Segovia en las Cortes de Castilla y León.

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7 Comments

  1. Pues haz una Ley y el médico que no haga lo que ordenais, lo “eliminais” . O mejor, practica tú los abortos.

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    • Cuando no tienes nada que comentar, sacas un artículo para juntar palabras.
      Habla de la luz, de viviendas sociales, de la subida de 15€ del salario mínimo. Mira que tienes cosas para hablar para mi punto de vista más interesantes.

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  2. ¿ De verdad te parece progresista obligar a un médico a que practique abortos en contra de su voluntad?..

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  3. Miles de mujeres convierten un embarazo no deseado en bebes felices, ellas si que luchan y ellas saben lo que es el Amor.

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  4. Asesinar a una persona, aunque aún no haya nacido nunca debiera ser un derecho. Más bien debiera ser considerado como lo que es: un asesinato de lo más cobarde.

    Las únicas excepciones que puedo entender son en caso de malformación del feto, riesgo grave para la vida de la madre o violación. Lo demás es asesinato vil, cruel y cobarde.

    Por cierto Natalia, la luz este fin de semana por encima de los 200€ el megavatio. El gasoil casi a 1’40€ litro ¿No se les cae la cara de vergüenza a tus amigos del gobierno? Nos vais a dejar peor que a los cubanos y a los venezolanos, en la puta ruina.

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    • Pero tú a lo tuyo Natalia. El próximo artículo habla de “El rosa nos oprime” pero de la pobreza a la que nos está llevando este gobierno no digas ni mú, como siempre.

      Dan ganas de decirte lo que en su momento dijo Juan Carlos I a Hugo Chávez: “¿Por qué no te callas?” Porque para las tonterías que dices mejor dejabas de publicar articulitos bananeros.

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