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Opinión: Igualdad en las convicciones religiosas

El senador popular Juan Carlos Álvarez analiza en el presente artículo la relación del Etado con las diversas religiones al albur de la aconfesionalidad del Estado recogida en la Carta Magna.

En los últimos meses se ha recrudecido el debate en las redes sociales, solo aparcado por la actualidad, entre los partidarios de unas u otras confesiones religiosas en España. El tema de los profesores de religión; la simbología de cada confesión; las exenciones fiscales y tributarias; la asistencia religiosa en el ejército o en las instituciones de salud etc.  Sin embargo, la tendencia mayoritaria del debate viene protagonizada por los ataques directos y sistemáticos a la religión católica.

Nuestra historia constitucional española nacida en la isla del León de manos de los doceañistas ha traído los tradicionales vaivenes del carácter más o menos confesional de cada constitución. Es la constitución republicana, “semantizada” por la ley de la Defensa de la República, quien por primera vez traza un estado carente de confesión en España, ensombrecido por estar vigente en un periodo en el cual se materializaron los peores ataques y agresiones conocidas contra lo católico.

La Carta Magna de 1978, en su artículo 16, constitucionaliza firmemente que ninguna confesión tendrá carácter estatal. España desde ese momento pasa a ser un Estado aconfesional, que no laico ni laicista, donde los poderes públicos, todos, han de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y cooperarán “con la iglesia católica y las demás confesiones”.

El tres de enero de 1979 se firman cuatro tratados internacionales con la Santa Sede, como Estado que es y de ahí su carácter de Tratados. Tratados sobre asuntos jurídicos; sobre enseñanza y asuntos culturales; sobre asistencia religiosa a las FFAA; y finalmente sobre asuntos económicos. En 1992, se firman sendos acuerdos con las comunidades Judías en España; con las comunidades Musulmanas y con la iglesia Evangélica.

Tanto los acuerdos con la Iglesia Católica como con el resto de las confesiones tienen una nota dominante que es la autofinanciación de cada confesión. Poco que ver con las críticas que se vierten sobre la financiación de la iglesia católica con quien se acordaba en 1979 que en menos de tres años se sometería a la manifestación de cada contribuyente en la declaración respectiva de su voluntad, cosa que no ha llegado, y no por parte de esta iglesia, hasta bien entrado el siglo XXI.

Expresamente consta en aquellos Tratados el deseo expreso de los católicos de romper con el sistema de 1953 y autofinanciarse sin aportaciones del Estado, cosa que de nuevo nada que ver con lo que los católicos tenemos que escuchar o leer contra la pura realidad. No es menos cierto que el Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004 creo una fundación estatal llamada Pluralismo y Convivencia para promover la libertad religiosa entre las confesiones minoritarias de “notorio arraigo en el estado español” con la exclusión de la Iglesia Católica.

No es menos cierto que el artículo 16.1 de la Constitución apunta el derecho de todos, analizado extensivamente, a profesar o no alguna religión derivado de la propio derecho a la libertad religiosa. Es por ello mismo que los poderes públicos tienen la obligación y el mandato constitucional a remover todos los obstáculos para que cada cual pueda profesar o no una determinada creencia o religión. Y entre ello está a facilitar y cooperar para que se pueda ejercer el derecho a la asistencia religiosa en los hospitales; en el ejército; a recibir una formación religiosa en la enseñanza obligatoria mediante un profesorado adecuado y de acuerdo con cada religión etc. Todas y cada una de las confesiones tienen los mismos derechos y obligaciones.

Algunas de  las normas jurídicas internacionales o europeas incorporadas a nuestro Derecho como la  Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Tratado de Roma, del Consejo Europeo; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y principalmente nuestra Constitución, asientan este Derecho del ser humano a profesar esta libertad religiosa y de culto de acuerdo con sus propias convicciones, con el límite, entre otros, del derecho de los demás.

En definitiva, todas las confesiones con las que el Estado ha firmado los respectivos acuerdos traídos hoy aquí, y las que en un futuro los firmen, tienen derecho a celebrar sus festividades religiosas; a ser incluidos en el régimen general de la seguridad social; a sus lugares de culto; al fomento de su patrimonio; a prestar actividades asistenciales; a exhibir sus símbolos religiosos, etc. Y todas como decimos, absolutamente todas, a la exención de determinados impuestos o tributos.

El respeto mutuo, la tolerancia, la concordia, la paz del mundo, la ayuda a los necesitados, la solidaridad, el respeto por el discrepante, la búsqueda de la verdad o la huida de la mentira permanente entre otras, las formas o los atributos que han de protagonizar la vida de los confesos, o de aquellos que no lo sean, en nuestro caminar diario en la sociedad.

Juan Carlos Álvarez, senador del PP por Segovia

Author: Opinion

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1 Comment

  1. Sería conveniente, señor senador, que la iglesia católica dejase de recibir dinero del estado, si realmente es ése su deseo, porque son como diez mil millones de euros los que reciben:

    https://www.publico.es/espana/iglesia-recibe-al-ano-10.html

    https://laicismo.org/2013/algunos-datos-sobre-la-financiacion-de-la-iglesia-catolica-en-espana-abril-2013/40348

    https://www.elplural.com/2015/04/06/la-iglesia-catolica-recibe-mas-de-11-000-millones-anuales-del-estado/

    https://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/prueba-verificacion/iglesia-miente-cuando-asegura-que-recibe-dinero-estado_201306235727616d4beb28d44602dd0c.html

    Que los católicos se paguen sus propios gastos es hoy día lo mínimo que se puede pedir. Que un partido político entienda qué es un estado laico y qué significa, también sería deseable.

    El tono victimista y la mención que hace a los ataques a la iglesia católica simplemente no son reales, pero sin duda se ganarían el respeto de los que no somos católicos si los católicos se pagasen sus impuestos (IBI, sin ir más lejos), persiguiesen a los delincuentes que hay entre sus filas (pederastas, sin ir más lejos) y los demás no estuviésemos obligados a contribuir a sus gastos.

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