El político segoviano del Partido Popular, Jesús Merino, se embolsó, al menos, 331.737 euros en forma de comisiones por favorecer la adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama Gürtel entre 2002 y 2007, según se afirma en el auto dictado la pasada semana por el juez, Pablo Ruz, en el que propone abrir la vista oral de la pieza separada que estudia la vertiente de la trama corrupta en Castilla y León y la provincia de Madrid, sentando en el banquillo a 45 personas.
La actividad en la trama del diputado por Segovia entre 2000 y 2010 —su nombre aparece en el sumario acompañado siempre por el de el extesorero del PP, Luis Bárcenas y, puntualmente, con el de el exalcalde de Pozuelo de alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda— se concreta en dos ámbitos: el que se basaba en la capacidad de influencia, derivada de su condición de parlamentario, sobre cargos públicos para conseguir adjudicaciones y ayudas públicas a favor de las empresas del grupo Ros Roca; y, por otro lado, la canalización de los beneficios de la organización de campañas electorales para el PP en municipales, autonómicas, generales y europeas, en 2003 y 2004.
Merino y sus compañeros recibían ingresos irregulares en forma de comisiones y regalos en efectivo y especies, siempre a través de Francisco Correa, por su mediación en la consecución de contratos, además de lograr beneficios empresariales, ya que también participaban de manera opaca en el accionariado de las adjudicatarias a través de empresas de la trama.
La libreta azul.
Entre las pruebas contra el segoviano, el juez hace especial referencia al contenido de la libreta de azul, incautada en el registro del domicilio del empleado de Gurtel, José Luis Izquierdo, que refleja varias anotaciones de diversas entregas de dinero en concepto de pago por comisiones a favor, entre otros, de Jesús Merino: 126.100 euros en 2002 y 138.600 euros en 2003, además de 53.000 euros que figuran en el pen drive de la “caja B” de la organización.
Algunas de esas actuaciones quedan concretadas en el auto y así, el juez considera indiciariamente probado que, tanto Merino, como Bárcenas, intervinieron en la adjudicación de la obra de la “variante de Olleros” a la empresa Teconsa, del grupo Ros Roca, en 2003, por lo que recibieron 18.600 euros cada uno, mientras que la mediación en la adjudicación de la “variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas”, a la misma empresa, en 2002 les reportó 24.040 euros a cada uno.
Más sabrosa aún fue la comisión recibida según ese cuaderno por conseguir en 2003 el contrato a favor de la UTE Sufi-Teconsa para construir el “Centro de tratamiento de residuos urbanos, depósito de rechazos y accesos para la gestión de residuos urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca”. Merino y Bárcenas cobraron 120.000 euros cada uno en esta ocasión.
El nombre de Merino aparece siempre vinculado al de Bárcenas en el texto judicial.
A la sombra de Spinaker 2000.
En el mismo sumario se da cuenta de la compleja estructura empresarial creada por Correa y puesta a disposición de Merino, Bárcenas y Sepúlveda, con los que participaba en la empresa Spinakerr 2000 destinada a canalizar los ingresos electorales por la organización de las campañas electorales del PP en 2003 y 2004 y el cobro de comisiones por la intermediación a favor de Ros Roca para lograr contratos y ayudas públicas.
El funcionamiento de la red estaba perfectamente establecido según el relato judicial basado en las pruebas recabadas: Pablo Crespo concretaba con los representantes de Ros Roca los proyectos en los que se deseaba intervenir o las ayudas a las que optar y fijaban los objetivos y modo de lograrlos. El propio Crespo transmitía después las instrucciones precisas sobre las personas ante las que mediar a Merino, Bárcenas y Sepúlveda, fijaba las comisiones a percibir y establecía la participación societaria de Spinakerr en la empresa beneficiada.
La misma empresa pantalla fue utilizada para ocultar a Merino y el resto como participantes en la empresa que gestionaba las campañas del PP, Rialgreen, cuyo contrato firmaba Bárcenas en nombre del partido y que en 2003 arrojó beneficios de 13.927 euros para Merino y cada uno de sus socios, de acuerdo con el auto.
Se detalla también la presencia Spinakerr en el accionariado de la firma Enercorr —del grupo de referencia, Ros Roca— y para la que Bárcenas y Merino hicieron “gestiones” en busca de ayudas regionales— que puso en marcha una Planta de tratamiento de purines en Langa de Duero (Soria), u otras mediaciones tendentes esta vez a lograr financiación del Fondo de Ayuda al Desarrollo para proyectos en países en vías de desarrollo.
El listado de presuntos delitos que el juez cree que pueden afectar a Merino por los hechos imputados es largo: blanqueo, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pública, cohecho, apropiación indebida y estafa procesal en grado de tentativa.
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