Ahora que el próximo día 12 de junio se cumplen 40 años de la firma, por parte de España, del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, me gustaría que este artículo sirviera de reconocimiento a la gran transformación que ha experimentado nuestro país desde esa fecha, como consecuencia de la aportación económica, tecnológica, cultural y social que, durante estos años, nos ha venido de Europa.
El aniversario está pasando casi desapercibido en el debate público y, lo que es más grave aún, en la agenda institucional. Mientras el Gobierno dedica actos solemnes y una amplia cobertura mediática al 50.º aniversario de la muerte de Franco, se olvida que el verdadero punto de inflexión que consolidó la democracia no fue el final biológico de Franco, sino la incorporación plena de España al proyecto europeo. Se obvia así, por completo, el hito democrático y europeo más decisivo desde la Transición.
La paradoja no puede ser más llamativa ni más preocupante.
Adherirse a Europa no fue solo una decisión económica o diplomática. Fue, sobre todo, un acto de afirmación democrática. España, una nación que salía de una dictadura de casi cuatro décadas, se abría al mundo y consolidaba su vocación europeísta, anhelada por generaciones de ciudadanos que veían en Bruselas una promesa de libertad, prosperidad y normalidad institucional.
Cuarenta años después, es innegable que aquella decisión transformó el país de forma profunda: modernización de infraestructuras, convergencia económica, impulso legislativo, profesionalización del sector público y garantías democráticas. Fondos estructurales, reformas educativas, becas Erasmus, libertad de movimiento, integración en el euro… El impacto ha sido integral.
Y, sin embargo, ese legado sigue siendo cuestionado por los extremos ideológicos, que coinciden en su escepticismo, aunque lleguen desde trincheras opuestas. Desde la izquierda radical, se ha alimentado la narrativa de que la Unión Europea representa un proyecto neoliberal, ajeno a las clases trabajadoras y sometido a los dictados del capital financiero. Ignoran, o prefieren olvidar, que gracias a Europa muchas regiones de España abandonaron el subdesarrollo estructural, que se han elevado los estándares sociales y laborales, y que fue precisamente la respuesta europea (Next Generation EU) la que permitió amortiguar los efectos de la pandemia y acelerar la transición ecológica y digital.
Por su parte, la extrema derecha ha redoblado su discurso contra Bruselas, presentando a la UE como una amenaza a la soberanía nacional, a la identidad y a los valores tradicionales. La obsesión con las “imposiciones” europeas —desde la política migratoria a la agenda verde— revela un desconocimiento interesado del papel que la integración ha jugado en garantizar la paz, el estado de derecho y los equilibrios institucionales. En su afán por agitar fantasmas nacionalistas, se olvida que, sin la UE, España estaría mucho más expuesta a la inestabilidad global y al aislamiento estratégico.
Hace unos días tuve la oportunidad de asistir en Getafe a la conferencia Europa como solución. Análisis de las nuevas realidades, organizada por la Asociación JuntosxGetafe, y en la que participaron, entre otros Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes entre 1986 y 1993, y Alejandro Cercas, eurodiputado entre 1999 a 2008. En este foro se destacó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones europeas, especialmente en un contexto marcado por desafíos como el cambio climático, las crisis migratorias y las tensiones geopolíticas. Se subrayó que la Unión Europea debe ser vista no solo como un marco económico, sino como un proyecto político y social que promueve la cohesión, la solidaridad y la defensa de los derechos fundamentales.
Además, se enfatizó la importancia de reforzar la educación cívica europea para combatir el euroescepticismo y fomentar una identidad común basada en valores compartidos. La conferencia también abordó la necesidad de adaptar las instituciones europeas a las nuevas realidades, promoviendo reformas que permitan una mayor eficacia y representatividad en la gobernanza de la UE, y la reducción de su burocracia.
Reivindicar la entrada en la Unión Europea no es una cuestión de nostalgia tecnocrática. Es recordar que el europeísmo no fue una moda, sino una aspiración colectiva. Es señalar que, aunque imperfecta, la UE ha sido garante de derechos, libertades y progreso. Y es advertir que su fragilidad actual —asediada por populismos, abstencionismo y desencanto— solo puede combatirse reconociendo su valor y defendiendo su legado.
A los 40 años de aquella firma histórica, España debería mirar atrás con orgullo, y al mismo tiempo mirar al futuro con responsabilidad. La integración europea no fue una concesión: fue una conquista. Merece celebrarse. Merece ser defendida.













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