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El tumor judicial

El culebrón en el que se encuentra inmersa la Justicia desde hace más de tres años por la renovación de sus órganos de gobierno, a la que se une ahora un tercio del Tribunal Constitucional, está contribuyendo, aún más, al descrédito y desconfianza que los españoles tienen en nuestro sistema jurisdiccional y en la política. A este problema no son ajenos los jueces, ni los partidos políticos, en especial el principal partido de la oposición, ni el Gobierno. La fisiología del Poder Judicial está afectada por un tumor que es necesario extirpar para que la Justicia responda al mandato constitucional y desarrolle con normalidad su potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. El debate debiera girar en torno a cómo mejorar la calidad y tiempos de respuesta de los juzgados, y no a cómo y para quién renovar los cargos. 

La Justicia constituye el tercer poder del Estado. Un poder independiente integrado por jueces y magistrados que cumplen una función constitucional. La Constitución establece que no pueden pertenecer a ningún partido o sindicato, si bien pueden integrarse en asociaciones profesionales. Éstas, desde su origen, han mostrado una clara polarización política que converge con la denominación y esencia de los dos bloques que operan en la vida política española, conservadores y progresistas, si bien con una clara mayoría natural del sector conservador.

El sistema de acceso es a través de concurso-oposición. No es socialmente neutro como demuestra la experiencia y el arraigo de determinados grupos sociales y de interés, lo que incide de una manera directa en el sistema de elección del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que a esta mayoría natural de origen ideológico (12 vocales de 20) se suma la elección de los ocho vocales de las Cortes Generales elegidos mediante una mayoría de tres quintos de ambas cámaras por partes iguales. El problema radica en hacer del Poder Judicial una prolongación del poder político y en la conquista de su control, olvidándose de su auténtica razón de ser: la administración de la Justicia. Un juego en el que participan todos los partidos con representación, como estamos comprobando, ajenos al interés ciudadano.

En el debate político se encuentra desde hace tiempo el sistema de elección de los órganos de gobierno del CGPJ. La discusión gira en torno a si han de ser jueces y magistrados quienes han de elegir de forma autónoma su dirección, o en la misma ha de participar el poder legislativo, como establece el actual marco normativo. Un debate legítimo que no exime del cumplimiento del marco normativo actual, como muy bien conocen los jueces por razón de oficio. El PP siempre ha sido reacio a la búsqueda de acuerdos para alcanzar esta renovación en especial cuando su línea ideológica ha predominado. En estos días a su más de 20 excusas anteriores ha sumado una nueva para romper las negociaciones, la reforma del delito de sedición que el PSOE pretende llevar al Congreso. Incumple de esa manera con su deber constitucional.

El control del órgano de gobierno permite el control de las funciones de los miembros de la judicatura, nombramientos, ascensos y régimen disciplinario. En definitiva, el poder sobre un órgano en teoría independiente del poder político. Así se puso de manifiesto en 2018 en un WhatsApp enviado por el portavoz del partido popular en el Senado a sus senadores cuando afirmó, tras el acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ, “ha sido una jugada estupenda. Este reparto nos permitirá controlar la sala segunda del Tribunal de Supremo desde detrás”. Estas afirmaciones forzaron una vez más el fracaso del pacto alcanzado para la renovación, tras la negativa del futuro presidente, el juez Marchena, a aceptar el cargo. Lo cual le honra.

En el momento actual se encuentra en liza la renovación del Tribunal Constitucional. Cada nueve años el Gobierno tiene la facultad de renovar dos magistrados de los 12 que integran el tribunal. En este mismo turno de renovación (la Constitución establece que se renueva por terceras partes) el CGPJ ha de nombrar dos vocales. A pesar del ultimátum del Gobierno, el ala conservadora del Tribunal no ha propuesto hasta el momento el candidato que le correspondería. Con la renovación de este tercio el signo del tribunal de garantías cambiará de color. Ahora tiene mayoría el bloque conservador; una vez renovado la tendrá el progresista. Lo que está en juego es el control de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley; el pronunciamiento sobre los conflictos de competencias entre el Estado y las CC. AA, o las impugnaciones del Gobierno sobre las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CC.AA. De ahí que el retraso tenga una lógica política, al perder el Tribunal su propia esencia jurisdiccional e independencia.

Extirpar el tumor no es fácil, pero es absolutamente necesario garantizar la función jurisdiccional e independencia del CGPJ y del Tribunal Constitucional por el bien de los ciudadanos, por el crédito de la Justicia y de la política. Es el momento de pensar y apoyar el interés general, frente a la alineación con los intereses de poder e ideológicos. Para ello hay que recuperar la cultura del consenso. Es un importante déficit democrático que el CGPJ no se pueda renovar durante la actual legislatura, al igual que el Tribunal Constitucional.

El PP comete un grave error con este ejercicio de filibusterismo político. Son conscientes de que en la jerarquía de problemas para una amplia mayoría de los ciudadanos la renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional ni la entienden, ni les preocupa; no así la rebaja de pena por el delito de sedición para quien ha traicionado al Estado español. Son muy conscientes de su baza política, desviando balones fuera como se diría en la jerga futbolística. El Gobierno que de forma explícita ha vinculado la reforma del delito de sedición al apoyo presupuestario de ERC ha andado poco fino en un momento como éste, por mucho que argumenten que intentan homologar el código penal en esta materia con la normativa europea.

El Gobierno, a su vez, debe desbloquear el nombramiento de más de 100 plazas de carácter discrecional en la judicatura, lo que está contribuyendo a colapsar la Justicia. Estas debieran ser las premisas de una negociación que no admite más dilación en el tiempo por el bien ciudadano. En caso de no producirse un acuerdo en un tiempo prudencial, el Gobierno debe actuar contundentemente. Tiene la responsabilidad de velar por el interés ciudadano. Y en ese caso debe modificar la ley y rebajar a mayoría absoluta lo que ahora exige tres quintos. Fue exactamente lo que hizo el Gobierno del PP de Rajoy en 2012 para designar al presidente de RTVE. Antecedentes hay, aunque no le guste a Bruselas.

Author: Andrés Segovia

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7 Comments

  1. En 1985, un tal Alfonso Guerra acabó con la independencia de los jueces al proceder al nombramiento del CGPJ por los políticos. Tan difícil es volver al sistema anterior a esa fecha para no tener que depender de que el juez de turno sea de Derechas o de la Izquierda, que sean los jueces los que elijan a sus órganos? De otra manera es imposible creer en su independencia.

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  2. Ustedes confían en los jueces? A mi me resulta difícil. Están totalmente politizados(eso con sus asociaciones, que son mayoritariamente de derechas a tenor del número de miembros de cada una de ellas.Será por algo, cuando la sociedad está más equilibrada. Es necesario un sistema justo de selección y sobre todo profesionalidad. El sistema actual de acceso falla en algo porque una vez que aprueban la oposición ya están en la pelea. Hay que repensarlo. El sistema inglés de reconocimiento de méritos pudiera ser una alternativa.

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  3. Enhorabuena por el artículo y por la exposición. Aunque a “una amplia mayoría de los ciudadanos la renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional ni la entienden ni les preocupa….” se agradece que haya alguien que exponga la situación de una manera objetiva y despolitizada, solo falta que los “opinadores” se tomen un momento para leerlo antes de pasar a los comentarios, aunque no tengan nada que ver con el artículo.

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  4. “El Gold Fish” ahora es el Tribunal Constitucional, tanto para el Gobieno como para el PP. Tratan de manipular para sus intereses. Una vergüenza democrática! Difícil solución tiene la búsqueda de un sistema de elección neutro, entre otras cuestiones porque habría que modificar la CE. No hay esperanzas en que PP y Psoe cambien su forma de ver las instituciones, y menos en que las politizadas asociaciones no jueguen a lo suyo. La única opción es establecer garantías a través de una Ley que corrija estos excesos.
    Gracias por su artículo. Está muy bien trabado. Se agradece la ausencia de dogmatismo y su visión desde diferentes perspectivas. Tiene perfil de profesor universitario.

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  5. No se puede aceptar que el Gobierno para avanzar en la designación de vocales del Tribunal Constitucional no permita la renovación de cargos. Es matar moscas a cañonazos y entorpecer la justicia para los ciudadanos. Como se señala en su artículo el Gobierno tiene que cambiar la ley para que la Justicia, cámbiela peto no la entorpezcan.
    Por cierto, es sorprendente que el sistema de elección de jueces converja hacia hijos y nietos de jueces, o de determinados grupos como el Opus Dei u otros de gran abolengo social. Se trata de colonización interesada y amiguismo. No puede ser; y menos que se haga demagogía con ello.

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  6. Según ha sentenciado el expresidente Aznar, el doctor Sánchez reforma el Código Penal al dictado de los delincuentes. Quien no ha respetado la normativa universitaria presentando una tesis fraudulenta, no está moralmente capacitado para ejercer el gobierno buscando el bienestar de los ciudadanos. No habrá paz en una sociedad democrática, si no hay justicia. Rebajar la gravedad del delito de sedición para complacer a los delincuentes es pasarse al bando de los golpistas. Después de un continuo asalto a las instituciones por el poder sanchista, este último acelera la demolición del estado de derecho. Se aproxima el golpe definitivo el control del T constitucional encabezado por Conde. El gobierno socialcomunista sigue carcomiendo al Estado, cada vez, con más voracidad. También hay más gente que lo sabe y lo teme, pero aún faltan muchos más .

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  7. Con este nivel moral es misión imposible. En el PP está claro que se enrrocan desde hace tiempo pero no es menos cierto que la amoralidad que está demostrando la Administración Sánchez persiguiendo y coaccionando instituciones que tendrían que ser independientes y claves como el CISC, el INE , RTVE, etc…, asusta. Es más, si uno tenía dudas del bloqueo del PP llega el amigo Pedro y se despacha con una revisión del delito de sedicción que evidencia que esta persona y su obsesión por permaneces no tiene límites. Efectivamente hace falta una reforma del CGPJ , muy profunda y apolítica pero con estos dos actores ..imposible !!. Lo peor es que cualquier poder requiere de una renovación periódica para acotar el riesgo de malas prácticas y la creación de grupos de poder interno que intenten perpetuarse para su propio beneficio. Con esta situación , el caldo de cultivo es idoneo para que los grupos de interés internos de la judicatura se polaricen más y se crean con derecho a dedicarse a la politica y no a la justicia. Y si le pedimos a lo Reyes Magos que se lleven a Pedro a triunfar en la internacional socialista, el la OTAN o dónde sea pero lejos..?.

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