Posted By Redacción on 4, Mar, 2022

La tradicional becerrada de quintos y pandas de las fiestas de San Rafael de 2018 terminó con sanción al Ayuntamiento de El Espinar, entonces dirigido por la socialista Alicia Palomo, por importe de 5.400€. Desde el partido animalista (PACMA) se denunció la actividad por vulnerar la normativa taurina según la cual las becerradas deben ser “sin muerte” salvo que el ejecutor esté dado de alta en el registro de novilleros y toreros. Que no era el caso; tradicionalmente los novillos son sacrificados en la plaza y por los propios quintos.

El ayuntamiento pagó la sanción pero la ilegalidad dio paso a una segunda denuncia, esta judicial, por supuesta falsedad de documento público. ¿Si no se puede dar estoque en las becerradas salvo que seas torero, como es que en San Rafael los quintos lo hacían? La respuesta es que en realidad la fiesta se vestía como una actividad docente de la Escuela Provincial de Tauromaquia, la becerrada era algo así como una “clase práctica”, a los quintos se les expedía un carné de alumno y de este modo se cubría el expediente. PACMA denunció entonces esta triquiñuela administrativa como un posible delito de falsedad documental. En el ayuntamiento, en cambio, insisten en que no se falsificó nada de nada, que los quintos eran miembros de la asociación y por tanto habilitados para “la clase”. Otro cosa es que la tal clase, en realidad, no era tal clase. De manera que con la entrada del nuevo equipo de Gobierno, ya en 2019, se puso fin a la becerrada con muerte.

Pero la denuncia siguió su curso.  En 2021 el consistorio solicitaba a la Diputación asistencia letrada al haber sido llamados a declarar por estos hechos dos personas que en aquel momento estaban en nómina del ayuntamiento. Uno era el actual secretario del alcalde y ex-alcalde popular Juan María Martín Montejo (2003-2007). En un primer momento La diputación aceptó dar cobertura a los funcionarios, asistiendo un letrado de la corporación al interrogatorio de trámite en junio de 2021. Ya conociendo los cargos, el letrado se percató de que la denuncia a Martín lo era en calidad de presidente de la asociación taurina, requiriendo al consistorio si en 2018 era ya trabajador municipal. Eso fue en noviembre, en diciembre respondía el ayuntamiento que no, y en enero de 2022 Asesoramiento a Municipios revocaba la cobertura jurídica sobre Martín.

PSOE: Uso partidista de la Diputación

Alberto Peñas, abajo Sara Dueñas.

Una situación que el PSOE, por boca del diputado provincial, Alberto Peñas, considera “un evidente uso de recursos públicos para una cuestión privada de un ex alcalde del Partido Popular en una actitud que dista mucho de la transparencia y de la gestión ejemplar de las instituciones públicas, algo a lo que lamentablemente nos tiene muy acostumbrados el equipo de gobierno de la Diputación”. Destaca Peñas que la revocación de la cobertura fue posterior a que el PSOE se interesara por el asunto.

Algo que niega Sara Dueñas, responsable del área, que explica que el 9 de noviembre, solicitó la información al consistorio espinariego, que contesta el 14 de diciembre, siendo dos días después, el 16 de diciembre cuando, a través de un oficio de la diputada responsable, Sara Dueñas, se comunica la revocación de la asistencia jurídica al ex-alcalde. Otra cosa es que la firma del decreto por parte del presidente de la Diputación fue el 12 de enero, un retraso que se considera normal en la tramitación burocrática. Dueñas asegura “que no se ha tratado en ningún momento de hacer uso partidista de los servicios públicos, sino de una actuación eminentemente técnica que se ha subsanado en cuanto se ha tenido conocimiento”, al tiempo que insta a Peñas a preocuparse por la situación de sus compañeras, “puesto que los hechos ocurrieron durante el mandato socialista de Alicia Palomo en la Alcaldía de El Espinar, en el momento en que la diputada provincial Concepción Rubio era concejala del equipo de Gobierno”.

El proceder socialista ha suscitado también el enojo del alcalde de El Espinar, Javier Figueredo. “En el momento en que me llega el auto afecta a dos trabajadores municipales, así que entiendo que puede tener cobertura de la Diputación. Luego el letrado observa que al ser un cuestión anterior a la contratación del trabajador se revoca la cobertura. Y ya está. No hay más”. Para Figueredo la cuestión es que la asociación “hacía el trabajo sucio del ayuntamiento, el ayuntamiento, o sea Alicia Palomo, al igual que el resto de alcaldes anteriores, organizaba el festejo y utilizaba a la sociedad para poder estocar a la becerra. Cuando nosotros llegamos pusimos fin a eso, pero nos parece injusto que se deje ahora en la estacada al presidente y vamos a estudiar la manera de darle cobertura legal desde el ayuntamiento”

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