El circulo parece cerrarse en torno a la concejala delegada de Cultura, Gina Aguiar, por el denominado “caso Trípode” por el que la mayoría de la Corporación está reclamando su dimisión. El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Segovia, Guillermo San Juan, ha reclamado formalmente la dimisión de la concejala de Cultura, a la que considera responsable política de fraccionar el contrato del festival de cine para evitar la obligación de celebrar un concurso público y adjudicar el festival a una entidad sin experiencia acreditada. San Juan se suma así a los grupos de PP y Ciudadanos en la petición de dimisión para la edil y de este modo ya son 13 de los 25 concejales de la Corporación los que reclaman su marcha.
Falta conocer cual será la postura que adopte finalmente el socio de Gobierno de los socialistas, IU, cuyo portavoz, Ángel Galindo, trata de esquivar un pronunciamiento formal sobre este asunto que pueda enturbiar sus relaciones con el Grupo del PSOE, aunque al mismo tiempo se ha caracterizado históricamente por su beligerancia ante eventuales irregularidades en las contrataciones municipales. Hace sólo una semana, el mismo portavoz aseguró que se mostraría “inflexible” si en la comisión se detectaban irregularidades en la actuación de la responsable de Cultura. Galindo explicó este 16 de marzo que en IU aún están estudiando el amplio dosier sobre el caso que recibieron el viernes y decidiendo qué postura adoptarán respecto a este caso.
Pero en lo que esa decisión de sus socios acaba de concretarse, Clara Luquero, intenta obviar la creciente presión que ya existe desde tres de los cinco grupos representados en el Ayuntamiento y, además de mantener su versión de que este asunto se deriva únicamente de errores administrativos y no acarrea responsabilidad política, reiteró este lunes su parecer de que la petición de dimisión es “absolutamente excesiva”. “Los que hacen estos procesos son los técnicos y así lo reconoció el mismo técnico de Cultura en la comisión”, insistió.
Tampoco quiso admitir que la postura de Podemos, apoyo externo habitual del Gobierno local, puede acabar abriendo una brecha entre ambos grupos y trató de presentar este asunto como un hecho aislado: “Sencillamente, no compartimos su planteamiento en este caso”, dijo la regidora tras reconocer que “estamos obligados a ponernos de acuerdo para sacar adelante los proyectos que están comprometidos para la ciudad y estamos en la mejor disposición de buscar acuerdos”.
“Higiene democrática”
“Ante una decisión política que, con pleno conocimiento, decide sortear los controles que marca la ley, Aguiar tiene que dimitir. Un gobierno progresista no puede permitirse estas irregularidades, se tienen que asumir responsabilidades, cambiar de rumbo y dejar de escudarse en la necesidad o no de un informe para los contratos menores: el recurso de casación en este asunto es una huida hacia adelante que no tiene ni pies ni cabeza.”
Con esta contundencia reclama Guillermo San Juan la cabeza de Aguiar sobre la que cree demostrado que dividió en tres partes un contrato de 27.000 euros —uno de 14.999 y dos más de 6.000— para “acortar los procedimientos que marca la ley y adjudicar a dedo la dirección del festival de cine a una entidad, Trípode, que no tenía ninguna experiencia como asociación en este ámbito, evitando así un concurso público, lo que hubiera sido un proceso más largo”.
El concejal de Podemos considera este proceso inadmisible “Aún con el pretexto de acortar los tiempos, fraccionar un contrato sigue siendo ilegal. Es una irregularidad muy grave realizada de forma intencionada” y remata contundentemente su razonamiento: Por higiene democrática, la única salida posible a todo esto es que se asuman responsabilidades políticas: Aguiar tiene que dimitir”.













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