La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de Segovia ha reclamado a la Administración educativa una actuación “clara” para resolver la situación del Conservatorio Profesional de Música, donde este jueves se ha celebrado una concentración a las puertas del centro.
En el comunicado leído durante la protesta, el órgano que representa al profesorado provincial manifiesta su “profunda preocupación por la situación que atraviesa el Conservatorio Profesional de Música de Segovia” y señala que el centro “arrastra una situación de conflicto sostenido desde hace más de una década que, lejos de resolverse por las vías internas, ha terminado trasladándose al ámbito judicial”.
La Junta de Personal sostiene que los “recientes pronunciamientos judiciales han constatado deficiencias en la protección del profesorado y en la gestión preventiva del centro” en referencia a las sentencias conocidas en las últimas semanas. Entre ellas, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que confirmó la condena a la Junta y al Conservatorio por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral. “No estamos ante un episodio aislado, sino ante una sucesión de situaciones que han deteriorado el clima laboral y la confianza en los mecanismos institucionales de resolución de conflictos”, recoge el texto leído ante el Conservatorio.
Restablecer la confianza
El órgano sindical subraya que “los procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales están concebidos como herramientas de protección” y advierte de que la existencia de una “tensión sostenida en la comunidad educativa durante años” obliga a revisar su gestión con rigor.
En este contexto, la Junta de Personal considera que la Administración debe restablecer la confianza de la comunidad educativa, asegurar que los mecanismos preventivos cumplan su función protectora, evitar la repetición de situaciones que han terminado en sede judicial, garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso, favorecer un clima educativo basado en el respeto, la coherencia y la ejemplaridad, y preservar la calidad del servicio educativo.
El comunicado insiste en que “lo que está en cuestión no son afinidades personales ni diferencias ideológicas, sino el correcto funcionamiento de una institución educativa pública”. En los últimos meses, distintos profesores han denunciado públicamente la existencia de un conflicto enquistado en el centro y han criticado la actuación de la Inspección educativa. Asimismo, una sentencia del TSJ obligó a la Dirección Provincial de Educación a evaluar los riesgos psicosociales y a adoptar medidas preventivas tras considerar “insuficiente” la actuación administrativa. La Junta de Personal concluye reclamando que la Administración educativa “articule los mecanismos necesarios para restablecer el buen clima de trabajo en este centro educativo” y que se apliquen “las medidas preventivas para evitar que vuelvan a suceder hechos como estos”.
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