Izquierda Unida de Segovia ha cuestionado la relación de una empresa vinculada al diputado de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Diputación provincial, Jaime Pérez, con la propia Diputación tras detectar “coincidencias” que, a juicio de la coalición, debería aclarar el presidente provincial. No obstante, desde IU reconocen que no disponen de prueba alguna con la que sustentar una denuncia judicial y optan por explicar una situación que se produjo hace un año.
El coordinador provincial de IU, José Luis Ordóñez y el responsable de Movimientos Sociales, Carlos Serrano, han comparecido este 28 de noviembre para relatar la “circunstancia sospechosa” de que Jaime Pérez cesara como administrador único de la compañía “JM Plaseges Agua S.L.”, especializada en servicios de control técnico-sanitario del agua, el 9 de octubre de 2020, “el mismo día en el que la Junta de Castilla y León anunció la firma de un protocolo con las nueve diputaciones para promover el establecimiento de sistemas de depuración en municipios entre 500 y 2.000 habitantes con una inversión de 140 millones” con aportaciones del 40 por ciento por la Junta y las diputaciones y el 20 por ciento restante los municipios. Un familiar directo de Pérez asumió el papel de administrador único de la empresa desde aquella fecha.
“Ante esta circunstancia, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, debe aclarar si la institución ha contratado o dado subvenciones a dicha empresa. A esto hay que añadir la circunstancia sospechosa del cese y nombramiento como administrador único a un familiar directo del diputado, coincidiendo además en fecha con la firma de un plan entre Junta y diputaciones para mejorar la depuración de las aguas residuales en municipios pequeños”, resumió Serrano ante los periodistas.
La organización, que lamentó no estar representada en la Diputación —un error a la hora de formalizar sus listas impidió en 2019 que sus votos sumaran para lograr un diputado aunque no dudan en considerar la decisión de la Junta Electoral de “injusta”— pero advierten que seguirán fiscalizando a las administraciones y que no descartan la posibilidad de acudir a los tribunales por este asunto.













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