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El Gobierno obliga a los municipios a improvisar ante el Ecofin

El Gobierno informó a los ayuntamientos de la provincia, con menos de 24 horas de antelación, de que podían presentar proyectos a financiar por el Consejo de asuntos económicos y financieros (Ecofin), dejando a la mayoría de ellos sin tiempo para hacer sus propuestas, obligando a la improvisación a otros y generando el malestar de los alcaldes además de la queja airada del PSOE. Sólo algunas administraciones como la Diputación, el ayuntamiento de la capital y unos pocos municipios más pudieron rellenar a tiempo los formularios.
Una reunión de los ministros del Ecofin.

Una reunión de los ministros del Ecofin.

La subdelegación del Gobierno remitía el pasado miércoles un escrito firmado por su titular, Pilar Sanz, dirigido a todos los alcaldes de la provincia explicando que se ha creado un nuevo programa de fondos europeos del grupo de los Ministerios de Economía de la Unión Europea (Ecofin) por el que se concederán subvenciones a programas de inversión estratégica en las administraciones públicas y que desde Europa quieren elaborar un catálogo de necesidades al que se podían presentar proyectos de al menos un millón desde los ayuntamientos.

El problema es que el escrito tenía fecha de 12 de noviembre y exigía que las propuestas estuvieran enviadas antes de las 12.00 horas del día siguiente, 13 de noviembre, algo simplemente imposible para la gran mayoría de los ayuntamientos de la provincia por falta evidente de personal y también de tiempo material para preparar la documentación requerida. En muchos casos, la comunicación llegó a las manos de los alcaldes sólo un par de horas antes de expirar el plazo.

“El documento llegó el mismo día que había que presentarlo. ¿Cómo quieren que lo hagamos?” se quejó el alcalde de Cuéllar, Jesús García, en la misma línea que el de Sepúlveda, Francisco Notario: “el jueves estábamos trabajando en reuniones por otros asuntos el alcalde, el teniente de alcalde y la secretaria, así qué no hemos presentado nada”.

Con más personal y proyectos de ese alto coste ya pensados hace tiempo, la Diputación provincial ha presentado dos proyectos y al ayuntamiento de Segovia le ha dado tiempo a presentar tres propuestas más o menos concretas: para la renovación del alcantarillado y el cambio de la iluminación pública por lámparas led, por algo más de cuatro millones; cambios de tuberías y mejoras en la red de agua, por 1,5 millones y para el CAT, según detalló el concejal de Hacienda y de Urbanismo, Alfonso Reguera, que también lamentó la premura de la solicitud, ya que conoció el escrito “justo al terminar la reunión de la Junta de Gobierno.

Tal es el nivel de improvisación en este asunto que la petición que la capital ha cursado para el CAT se concretó porque había una reunión de la mesa específica de seguimiento de ese proyecto justo cuando llegó la comunicación de la subdelegación a la parte “noble” del Ayuntamiento y “el concejal [Javier Giráldez] tenía allí a los técnicos y todo lo necesario” para rellenar el formulario. Vamos, que llegó a tiempo.

El alcalde de Coca, Juan Carlos Álvarez, también tuvo tiempo de rubricar el estadillo en el que incluyó actuaciones ya contempladas en el Plan Director para el castillo y otra de tratamientos para los pinares, mientras que otros ayuntamientos, como el de El Espinar, también parecen haber improvisado y han optado por presentar un listado con tres obras —el arreglo de un edificio por 300.000 euros, la adquisición de un local, por 700.000 y la renovación del alumbrado en Los Ángeles de San Rafael, por 400.000, según detalló el regidor, Francisco Jorge— pese a que ninguna de ellas supera el coste de un millón de euros, un requisito que es obligado.

 

Comunicación tardía.
Los exiguos plazos marcados por la administración para trasladar las propuestas de proyectos al Ecofin parecen tener su origen en un mal cálculo de la administración, aunque no está claro si parte del nivel europeo o del estatal. El escrito de la subdelegada en Segovia, Pilar Sanz, parece achacar el problema a Europa: “Os pido disculpas por la premura pero esta iniciativa ha sido comunicada recientemente por el Ecofin al Gobierno de España”, justifica en la carta a los alcaldes.

Se da la circunstancia de que en Castilla La Mancha, los mismos escritos de las representaciones del Gobierno llegaron a algunos municipios el 10 de noviembre, dos días antes. El ayuntamiento de Toledo que preside el socialista Emiliano García Page ha presentado diez proyectos por más de 58 millones de euros en total e incluso tuvo tiempo de aprobar el listado en Junta de Gobierno Local.

Al igual que allí, en Castilla y León, el PSOE regional, a través de su secretario, Luis Tudanca, ha exigido responsabilidades al delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano, mientras que en el ámbito local, el portavoz en la Diputación, José Luis Aceves ha dirigido sus reclamaciones contra la subdelegada del Gobierno.

Una decisión gestada el 10 de octubre.
Los ministros del Ecofin se reunieron el pasado 13 de octubre buscando fórmulas para fomentar la inversión privada a través de la pública, que actuaría como palanca para iniciar el movimiento y se decidió crear un documento guía para el Plan Europeo de Inversiones, en el que se necesita conocer las necesidades reales, la información que ahora se ha requerido a las administraciones públicas.

De hecho, el plan no tiene aún una dotación concreta y en aquella reunión se barajaron cifras desde 300.000 millones de euros que proponía el presidente de la Comisión, Jean Claude Junker a los 700.000 millones que estimaba el representante polaco Matessz Szczurek.

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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