El sistema público de pensiones tiene el gran reto de adaptarse a la nueva realidad demográfica de nuestro país, y laboral, de persistir ésta. Según el INE, en los próximos cuarenta años habrá en España 8,7 millones menos de personas en edad de trabajar y 8 millones más de pensionistas. El déficit del sistema en 2016 se acerca a los 20.000 millones de euros. Se da la paradoja de que el número de cotizantes actuales es superior al que existía en 2011, cuando el déficit se situaba en 500 millones.
Las dos últimas reformas del sistema no han dado respuesta al equilibrio entre ingresos y gastos; ni a la suficiencia y la pérdida de poder adquisitivo. La primera, la reforma de 2011, amplió el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años y retrasó la edad de jubilación de forma progresiva de 65 a 67 años. Esta reforma, conseguida dentro del consenso del Diálogo Social, tan sólo ha sido capaz de solucionar un tercio de los problemas de sostenibilidad financiera futura. La reforma de 2013 introdujo un factor de sostenibilidad y un nuevo índice de revalorización.
El factor de sostenibilidad ajusta de forma automática la cuantía de la pensión ante los cambios futuros de la esperanza de vida, y comenzará a aplicarse a partir de 2019. Si la evolución de la esperanza de vida sigue como está, con la aplicación de este factor las pensiones iniciales caerán un 5 por ciento en 10 años. El nuevo índice de revalorización establece un incremento del 0,25 por ciento cuando los gastos son superiores a los ingresos, como está ocurriendo y ocurrirá; en caso contrario, hasta un máximo del 0,5 por ciento. En 2016 los pensionistas han perdido un 1,35 por ciento de poder adquisitivo, al cerrar la inflación con 1,6. Y seguirán perdiendo. Esta reforma mengua el poder adquisitivo de las pensiones. En concreto, de mantenerse la tendencia, transcurridos 20 años desde la fecha de jubilación la pensión permitirá comprar entre un 30 por ciento y un 40% menos de bienes y servicios que en el año de jubilación.
La reforma de 2013 ha trasladado a los jubilados todo el peso del gasto, congelando prácticamente la pensión de forma indefinida. Se rompe así la finalidad de la pensión: proporcionar una renta vitalicia suficiente hasta la fecha de fallecimiento. Más cuando las necesidades asistenciales aumentan con la edad y cuando existe una alta incertidumbre sobre la duración de la etapa de jubilación. Se da la circunstancia de que hoy día, ante una situación de crisis económica, los pensionistas se han convertido en el principal sustento de las cargas familiares. No se puede obviar el cumplimiento de la restricción presupuestaria del sistema y, por tanto, la necesidad de encontrar un mecanismo que permita equilibrar los gastos con los ingresos.
El Pacto de Toledo tiene que afrontar el problema. Y optar entre dos alternativas. Una, seguir la senda de la reforma de 2013, en el que las pensiones irán cayendo progresivamente, y quienes puedan –los menos- complementen su pensión con planes privados, como es el caso del Reino Unido o Países Bajos; otra, reforzar la contributividad y vincular el cobro de las pensiones no sólo a las rentas del trabajo sino también al capital y el consumo, como propone el PSOE. Este es el caso de países como Alemania, Italia y Francia.
En los sistemas asistenciales se destina al gasto en pensiones públicas un 6% del PIB y un 3,5 a pensiones privadas; mientras que en los sistemas contributivos el gasto público en pensiones asciende al 10% del PIB, y en privadas al 1%.
Las consecuencias son claras. El sistema contributivo cohesiona socialmente y redistribuye la riqueza; el sistema asistencial genera una sociedad dual, con una mayoría de pensiones muy bajas, pero potencia el negocia de las pensiones privadas. El PP sabe dónde va y la ministra Báñez, también. La lógica nunca falla.
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