Bancos récord, ciudadanos al límite

Posted By Juan Luis Gordo on 13, Sep, 2025

En 2024, la gran banca española obtuvo ganancias históricas: el BBVA superó por primera vez los 10.000 millones de euros (10.054 millones, +25,4 %), el Santander alcanzó los 12.574 millones (+14 %) y CaixaBank cerró el ejercicio con 5.787 millones (+20,2 %). Nunca habían ganado tanto, pero nunca habían tratado con tanta frialdad a sus clientes.

En pocos años hemos pasado de ser ciudadanos con derechos a simples súbditos de los intereses financieros. La banca ha maximizado beneficios a costa de cerrar oficinas, despedir a miles de trabajadores y empujar a la clientela hacia una digitalización forzosa. Hoy acceder a una sucursal, hablar con un empleado o resolver una incidencia se ha convertido en una odisea: citas previas, horarios restrictivos y barreras físicas o tecnológicas que desalientan el trato humano.

En este contexto se enmarca la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, que de materializarse supondrá el cierre de más de 300 sucursales y la eliminación de miles de puestos de trabajo, en un escenario de disputa política entre los partidos de corte nacionalista catalán y la alianza del Gobierno de España en apoyo del Sabadell, frente al respaldo al BBVA del bloque más conservador y el poder financiero, que al ciudadano común le resultan ajenos. La operación se vende como una oportunidad estratégica para crear un “campeón europeo de la banca”, pero lo que para los grandes inversores es un juego de poder, para las familias y empresas que buscan un préstamo o una atención cercana se convierte en un nuevo alejamiento.

Los ejemplos son cotidianos: cajeros que retienen tarjetas, aplicaciones complicadas para quienes no dominan lo digital, ventanillas cerradas en pueblos y barrios donde antes existía atención personalizada. No es sólo un problema de brecha tecnológica. Es la constatación de que el cliente importa poco frente a la obsesión por engordar balances.

El contraste con lo que fueron las cajas de ahorro resulta hiriente. Entidades locales como Caja Segovia ofrecían atención cercana y devolvían a la sociedad parte de sus beneficios mediante obra social y cultural. Hoy, tras fusiones y desapariciones, Segovia y su provincia sufren especialmente la falta de servicios financieros accesibles, agravada por su envejecimiento demográfico y el peso del mundo rural. Esta situación se reproduce en gran parte de los pueblos de España, y tampoco son ajenas a ella las ciudades.

La banca electrónica ha crecido de forma exponencial —el 62 % de la población entre 16 y 74 años la utiliza ya—, pero ello no justifica la desaparición de la atención presencial. Millones de personas, especialmente mayores y residentes en áreas rurales, quedan descolgadas de un sistema pensado para jóvenes urbanos y de alto nivel educativo. Es una fractura social que no puede ser ignorada.

Mientras tanto, hipotecas más caras y depósitos mal remunerados acrecientan la sensación de abuso. El compromiso social corporativo parece haber desaparecido de la agenda de los consejos de administración.

Frente a ello, hay responsabilidades compartidas. El Banco de España debería ser mucho más exigente con la calidad del servicio; los parlamentarios no pueden limitarse a discursos, sino que deben promover normas que obliguen a la banca a atender con dignidad a sus clientes; y la ciudadanía debe reclamar, como ya hacen colectivos de mayores, respeto en unos servicios que no son gratuitos, sino bien pagados mediante comisiones y tipos de interés.

La banca tiene derecho a beneficios, pero no a cualquier precio. Si no se equilibra la ecuación entre rentabilidad y servicio público, se consolidará un modelo financiero que margina a los más vulnerables y erosiona la confianza en las instituciones. No olvidemos que los bancos, cuando estuvieron al borde del colapso, fueron sostenidos por el esfuerzo colectivo. Hoy, más que nunca, deben demostrar que no sólo rinden cuentas a sus accionistas, sino también a la sociedad que contribuyó a evitar su quiebra.