Segovia ha reforzado desde este 11 de noviembre los controles y medidas de prevención frente a la gripe aviar de alta patogenicidad (H5N1) después de que el Ministerio de Agricultura activara el confinamiento obligatorio de aves de corral en más de un millar de municipios españoles. En la provincia, una parte del territorio ha sido incluida en las zonas de especial riesgo o vigilancia por su cercanía a humedales y corredores naturales utilizados por aves migratorias, lo que obliga a aplicar medidas estrictas aunque no se hayan detectado focos en explotaciones segovianas durante la actual temporada.
Las instrucciones remitidas por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural han llevado a ayuntamientos como el Real Sitio de San Ildefonso a emitir bandos informativos para los particulares que mantienen aves de autoconsumo y pequeñas explotaciones familiares. La normativa exige que todas las aves permanezcan bajo techo o en espacios cubiertos con mallas que impidan el contacto con aves silvestres, y que tanto la alimentación como el agua se suministren en zonas protegidas.
El refuerzo de la vigilancia también afecta a la actividad de los agentes medioambientales, que han intensificado los muestreos en áreas húmedas de especial tránsito de aves. La provincia suele registrar presencia estacional de especies migratorias que actúan como vectores naturales del virus, por lo que la Consejería de Agricultura mantiene activado el protocolo de observación en fauna silvestre.
Aunque Segovia no alberga macrogranjas avícolas como las afectadas en la comarca vallisoletana de Olmedo, las organizaciones agrarias reconocen cierta inquietud entre pequeños productores de huevos camperos y explotaciones de traspatio, que temen posibles restricciones prolongadas si la incidencia del virus continúa aumentando en el entorno regional. De momento, la actividad comercial se mantiene sin alteraciones, y las autoridades insisten en que el consumo de carne o huevos no supone riesgo para la salud.
Brotes de Valladolid
La situación en la comunidad está marcada por los brotes registrados en varias explotaciones de Valladolid durante septiembre y octubre, que han obligado al sacrificio de más de dos millones de aves. Estos focos han llevado a ampliar el perímetro de control y han impulsado la decisión del Ministerio de endurecer el nivel de riesgo en toda España.
Castilla y León cuenta con 250 municipios bajo medidas específicas de prevención —la mayor cifra del país junto a Andalucía y Cataluña— debido a la combinación de humedales, rutas migratorias y densidad de explotaciones avícolas. En todos ellos rige la prohibición de criar patos y gansos junto a otras especies, así como la limitación de concentraciones de aves y el uso de aguas potencialmente expuestas a fauna silvestre.
La Junta mantiene activo el seguimiento diario de las explotaciones y de la fauna salvaje, a la espera de que la evolución epidemiológica permita flexibilizar las restricciones en los próximos meses. Mientras tanto, las autoridades trasladan un mensaje de prudencia, recordando que el virus no ha dado el salto a la población humana en esta temporada y que los controles se centran en evitar su diseminación entre aves.
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