La Comunidad de Propietarios de Los Almendros 1-3, en el barrio de Santo Tomás, ha presentado este jueves ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo una solicitud de medidas para levantar el precinto total del garaje del edificio, clausurado por el Ayuntamiento el pasado 20 de octubre. Los vecinos reclaman que se permita el uso de las 69 plazas de garaje con licencia municipal en vigor desde 1989, mientras continúa la tramitación urbanística relacionada con otras zonas del inmueble que carecen de autorización.
En un comunicado remitido a los medios, la Comunidad asegura que la clausura “ha provocado un perjuicio patrimonial y personal a decenas de familias” y que la medida municipal afecta también a propietarios “cumplidores”, pese a que existe una distinción clara entre plazas legales (69) y plazas irregulares (28). Según el escrito, la actuación municipal se adoptó “por la vía de urgencia” y sin atender a la declaración responsable presentada en julio para iniciar obras de adecuación, que contaba con informes técnicos favorables.
La Comunidad recuerda que el pasado 29 de octubre trasladó al Ayuntamiento una propuesta para evitar el cierre total: precintar únicamente las plazas irregulares, con el compromiso vecinal de controlar su cumplimiento y avisar a la Policía Local en caso de incumplimiento. Según los propietarios, esta solución “permitiría mantener operativo el garaje legal mientras se resolvía el resto del expediente”.
El Ayuntamiento rechazó esta opción el 3 de noviembre, lo que motivó el recurso judicial presentado este miércoles.
El conflicto
El origen del expediente se remonta al 8 de julio, cuando la Comunidad presentó una Declaración Responsable, acompañada del proyecto técnico y tasas pagadas, para ejecutar obras de legalización conforme al Código Técnico de la Edificación. Tras reuniones y modificaciones, los técnicos municipales emitieron un informe favorable a finales de ese mes, aunque fijaron —según el comunicado vecinal— un plazo de ejecución de solo dos meses, coincidiendo con el periodo estival.
El 10 de octubre, el Ayuntamiento dictó un decreto ordenando la clausura total del garaje. El 16 de octubre, la Comunidad presentó recurso de reposición, que fue desestimado al día siguiente. El cierre policial se ejecutó el 20 de octubre, impidiendo el uso incluso de las plazas con licencia de 1989.
Los vecinos denuncian además que el expediente inicial se dirigió a una sociedad mercantil ajena a la Comunidad, lo que —según su relato— habría generado “confusión de sujetos responsables”. También señalan que en la visita técnica municipal participó una trabajadora de la administración de la finca “sin autorización ni mandato para representar a la Comunidad”, por lo que sus manifestaciones “no pueden tener validez jurídica en nombre de los propietarios”.
Impacto en la vida cotidiana y llamamiento al sentido común
La Comunidad describe la situación como “especialmente grave” para personas mayores, familias con bebés y residentes con movilidad reducida, obligados a aparcar lejos de sus viviendas o alquilar plazas externas. Aseguran que calles como Los Almendros y zonas próximas sufren ahora “colapsos de tráfico diario” y que el valor de las propiedades se está viendo afectado.
Los vecinos reiteran su “colaboración absoluta” con el Ayuntamiento y señalan que han cumplido todos los requerimientos técnicos, han iniciado obras y han actuado “con transparencia y buena fe”. Reclaman que se aplique el “sentido común institucional” y que se permita reabrir solo la parte del garaje que cuenta con licencia vigente, mientras continúa el proceso urbanístico de las zonas no regularizadas.
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