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Emergencias

La magnitud de la catástrofe por los efectos de la DANA, es de unas dimensiones nunca conocidas y sin duda, ha marcado a nuestro país. Cuantas veces recuerdo debates en el Congreso, sobre cambio climático y emergencias, con posturas negacionistas y utilizando bulos, por parte de los de siempre, pero advirtiéndoles que los fenómenos adversos se multiplicarán y con efectos más devastadores. El cambio climático mata, así de duro. Queda mucho trabajo por hacer y muchos esfuerzos, para que cuanto antes esas zonas vuelvan a la normalidad, pero es lo que hay que hacer.

Sin ninguna duda, por respeto a las víctimas, pretendo seguir en la línea de no entrar de momento, en el “rifi rafe” político en la cuestión de la Dana, que asoló las Comunidades Valenciana, Castilla La Mancha, Andalucía, Cataluña y Baleares, pero permítanme que aporte algunos datos que me parecen importantes en el análisis con respecto a las actuaciones desarrolladas y a nuestro marco jurídico de emergencias.

Frente a las soflamas populistas, de que “el pueblo ayuda al pueblo” creo necesario poner en valor el papel del Estado. Como siempre que hay una catástrofe o crisis económica, los ultraliberales, neoconservadores o extremistas, se les olvidan sus tesis de la necesidad de adelgazar el Estado y dejar que cada uno se busque la vida, y florece la necesidad perentoria de contar con unos servicios públicos fuertes, que den respuesta, que ayuden en momentos complicados a la ciudadanía, al tejido económico, sobre todo a quien más lo necesita. Y, si, tenemos un Estado fuerte, gracias a nuestros impuestos, con el principio de redistribución de la riqueza, con el que más tenga que más aporte y extender un escudo social para no dejar a nadie atrás, cuando sufrimos una desgracia, como la relatada o las vividas en estos últimos años, con la pandemia, etc. Y todo es compatible con las muestras de solidaridad de voluntarios que en un país como el nuestro siempre demuestran estar a la altura.

Todos hemos visto como el papel de esos servidores públicos de todas las administraciones: local, provincial, autonómica y del Estado, una vez más, están demostrando su gran profesionalidad, esfuerzo y capacidad de actuación. Pero, además, los alcaldes/as y concejales/as, están sobrepasando la capacidad humana de respuesta diaria a sus vecinos/as.

Me parece muy curiosa la petición del PP, de petición de declaración de emergencia de interés nacional, a la vez que apoyaba a su Presidente autonómico valenciano, sin exigirle que según el art. 29 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, lo pidiera él directamente. Sin duda la estrategia del PP, contraria a los expertos de emergencia, consistía en desviar la atención de la responsabilidad hacia el gobierno de España y su presidente, su única obsesión, sin pensar en nadie más. Incluso manifestar que Pedro Sánchez actúa como un dictador, quitando competencias a las CCAA o quizás, después querer utilizar algún tribunal de justicia contra el gobierno, por esa decisión, y no estoy exagerando, ustedes lo imaginan.

En nuestro país nunca se ha declarado el nivel operativo 3 de emergencias y los expertos, siempre han manifestado que debe coordinar las emergencias, la administración más cercana al territorio, con más conocimiento de la realidad autonómica y de la mayor parte de las competencias, contando con el apoyo de la Administración del Estado, en cuanto a medios. Otra cuestión es que no se tomen las decisiones oportunas y se actúe con negligencia de gestión.

Bomberos de Segovia colaborando en el desescombro en Valencia.

La información que ya conocemos, en estos días, de cómo transcurrió la tragedia en la Comunidad Valenciana, y las decisiones que se tomaron o no se tomaron en esos momentos previos, son bastante prolijas y no pretendo reproducirlas, pero tengo una serie de interrogantes que como profesional de emergencias sigo sin entender: como ante una alerta roja de AEMET, la generalitat no constituyó el CECOPI a primera hora de la mañana del martes día 29 de octubre, por qué no se envía un mensaje de alerta a la población, se suspenden las clases, se evitan desplazamientos, se evacuan zonas inundables, se suspenden agendas institucionales y comidas de varias horas para atender lo importante, se alerta previamente en la petición de medios de la UME y otros medios del Estado, para que estén preparados para la intervención.

Sin duda la derecha política y mediática, intenta desviar la atención de las responsabilidades del Gobierno de la Generalitat valenciana y de su Presidente, el Sr. Mazón, instalando bulos, falsedades y falta de información veraz por un lado y después queriendo buscar una responsabilidad en el Gobierno de España y ya que Teresa Ribera, va a ser nombrada Vicepresidenta de la Comisión Europea, intentar desviar la atención, buscando de forma infantil, achacar la responsabilidad en su persona.

También creo que el gobierno de España ha actuado bien, aportando la mayor movilización de medios de la historia reciente en emergencias cuando fueron pedidos por la Generalitat y con dos importantes paquetes de medidas, aprobando en un primer consejo de ministros, el martes día 5 de noviembre, un Real Decreto Ley con ayudas valoradas en 10.609 millones de euros y después el lunes día 11 con otro Real Decreto Ley, con 110 medidas, valoradas en 3.765 millones de euros. En total, son 14.373 millones de euros movilizados. Este escudo social desplegado, ayudará a unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas. Cuando leo que el Gobierno de la Generalitat, ha anunciado unos 200 millones de euros, de ayuda, vuelvo a preguntarme: ¿Todos son iguales?

Pero en otro orden de cosas, no quiero dejar de mencionar, como se ha evidenciado lo que los socialistas habíamos anunciando, cuando el presidente de la Junta de Castilla y León, Fdez. Mañueco, anunció unos presupuestos para Castilla y León, para 2025, sin registrarlos en las Cortes de Castilla y León, que era solo una estrategia política, para adelanto electoral. Cuando los procuradores socialistas en las cortes se abstuvieron, para que se aprobara el techo de gasto que posibilita esa tramitación de presupuestos, al PP y Mañueco, “se les ha visto el plumero”, entraron en emergencia política. Pero ojo, lo tienen fácil, registren los presupuestos en las Cortes y negocien políticas y enmiendas para ver sus verdaderas intenciones y no el marketing al que nos tienen acostumbrados.


Author: José Luis Aceves Galindo

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