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El espejismo de los pactos de Estado en una España bloqueada

La reciente propuesta del presidente del Gobierno para impulsar un pacto de Estado sobre la emergencia climática, tras la ola de incendios forestales que ha arrasado miles de hectáreas, ha vuelto a situar en el debate público la conveniencia —y la oportunidad— de este tipo de acuerdos en España. Se trata de una fórmula tantas veces invocada como pocas veces materializada, que suele reaparecer cuando el Ejecutivo de turno atraviesa dificultades o busca un balón de oxígeno político.

Hasta el momento, en la etapa democrática se han acordado dieciséis pactos de Estado. Solo algunos han sido efectivamente aplicados y duraderos (Moncloa, Autonómico, Toledo, Antiterrorista y Violencia de Género). Muchos otros se han quedado en intentos fallidos o en acuerdos parciales (Educación, Financiación, Agua, Clima). Casi siempre, los grandes acuerdos han sido propuestos por el PSOE, mostrando la derecha disposición al pacto, aunque incumpliéndolos de forma reiterada. La cuestión que se plantea es si los pactos de Estado se conciben como auténtica herramienta de estabilidad y progreso colectivo, o como un recurso coyuntural para ganar tiempo y credibilidad.

Un pacto de Estado, en sentido estricto, no puede ser un acuerdo improvisado ni nacido de la urgencia. No puede quedarse en una declaración genérica o simbólica. Sus objetivos han de ser realistas y su programa de desarrollo debe contar con una dotación financiera plurianual y con garantías de cumplimiento, así como con un compromiso mutuo de respeto entre las partes, independientemente de los vaivenes electorales. Son acuerdos de país, no de partido.

El pacto de Estado requiere superar la lógica de la coyuntura y asentarse sobre bases de confianza y continuidad. No puede ser compatible con la cultura del ‘no es no’ ni con una política de bloques diseñada más para excluir al adversario que para buscar puntos de encuentro.

El debate sobre los pactos de Estado choca de frente con dos realidades de nuestra política actual. La primera es la polarización extrema: el uso del adversario como enemigo, la construcción de muros y el bloqueo de cualquier iniciativa del otro lado. En este clima, hablar de pactos de Estado resulta casi un contrasentido. La segunda contradicción es la ausencia de presupuestos estables. Los Presupuestos Generales del Estado son, en sí mismos, el primer pacto de Estado: el instrumento que da soporte a cualquier acción de gobierno. Sin embargo, España se enfrenta a la perspectiva de una segunda —o incluso tercera— prórroga presupuestaria consecutiva, síntoma de una legislatura atascada y sin capacidad de ofrecer una hoja de ruta clara. Pretender pactos de Estado en este contexto equivale a construir sobre arena.

La adopción de un pacto de Estado en nuestro país, en el momento actual, requiere un cambio de cultura política. Supone un “punto y aparte” frente a la lógica de la confrontación permanente, anteponiendo los intereses generales a los partidistas. No es compatible con el tacticismo ni con la búsqueda de titulares que presiden la praxis política actual, sino con la voluntad real de alcanzar acuerdos de largo recorrido.

España necesita esos pactos: en materia climática, para garantizar una transición energética justa; en despoblación, para dar respuesta al declive de amplias zonas del territorio, lo que contribuiría a mitigar el impacto medioambiental, afrontar el envejecimiento poblacional y promover un importante impulso económico y social; en sanidad, para blindar un sistema tensionado; en educación, para dar estabilidad a generaciones de estudiantes; en pensiones, para asegurar la sostenibilidad del sistema. Pero no basta con invocarlos: hay que dotarlos de credibilidad, coherencia y continuidad. Son cuestiones que superan los límites de una o varias legislaturas. Solo dando continuidad a las políticas para hacer frente a estos retos pueden crearse las condiciones objetivas para su éxito. Esta es la esencia de la política, frente a quienes anteponen palabras huecas, crítica permanente, propaganda o selfis como razón de ser de su acción.

Un pacto de Estado significa renunciar, ante todo, a la práctica de la confrontación permanente sobre los grandes temas que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. Si realmente se quiere apostar por pactos de Estado, la primera muestra de coherencia política debería ser reconocer el bloqueo actual y abrir una nueva etapa. Con unas Cortes embarradas, sin presupuestos ni progreso, la única vía sensata sería disolver el Parlamento, convocar elecciones y recuperar la legitimidad democrática para construir acuerdos desde una base renovada.

Solo así se podría avanzar hacia un escenario en el que la palabra “pacto” recupere su sentido pleno: un compromiso entre diferentes para garantizar el interés general, más allá de la aritmética parlamentaria y de las urgencias partidistas.

España necesita pactos de Estado. Pero no como recurso retórico en momentos de dificultad, sino como auténticos instrumentos de país, capaces de trascender legislaturas y devolver a la política la cordura perdida.

Author: Juan Luis Gordo

Juan Luis Gordo. Segoviano de izquierdas, autónomo y polifacético

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