La legislatura municipal entra en una semana crucial, en la que un pleno extraordinario deberá aprobar o no el de momento bloqueado proyecto de tasas y ordenanzas públicas para 2026. El alcalde de Segovia sigue sin encontrar el apoyo (o la abstención que le falta) para sacar adelante la propuesta. Un primer intento concitó el rechazo del resto de grupos, que nuevamente el pasado 10 de octubre volvían a manifestarse en contra en la comisión previa al pleno.
Pero a Mazarías le han salido buenos aliados en este pulso, los representantes de comercios y bares, Hotuse y Fecose, que alertan del daño que supondría la paralización del proyecto en la medida que obligaría a prolongar la vigencia de unas tasas, y especialmente la de las basuras, que tras adaptarse para 2025 a la nueva legislación emanada de directivas europeas, supuso un potente incremento de las cantidades a pagar: hasta un 600% de en los casos más extremos según denunciara la FES.
Un poco de contexto. La entrada en vigor de la Ley /72022 obliga a cubrir el coste real de todo el servicio de gestiones de Residuos Sólidos Urbanos, incluidas las nuevas variantes de recogida selectiva, con un encarecimiento general de la tasa en toda España del 25% de media. Las empresas se han visto doblemente penalizadas, pagan un extra en determinados sectores, pagan también (por ley) a gestores a los que deben vincularse, y además, al parametrizarse especialmente la superficie, quedan muy por encima de las viviendas. “Un ejemplo, hay comerciantes que sin generar en sus negocios apenas residuos, pagan el triple que en sus casas, donde sí generan”, explica Alberto García Gómez de FECOSE. Las empresas del polígono y las que trabajan en naves ven cómo para calcular su tasa se computa la totalidad de la superficie, incluidos por ejemplo aparcamientos y almacenes.
Ya en abril, cuando entro en vigor la nueva tasa, Ayuntamiento y empresarios pusieron en marcha grupos de trabajo para renegociar los parámetros que modificados son los que ahora Mazarías pretende aprobar con una importante mejora y suavización de los parámetros que más se ensañaban con las empresas. “Debemos seguir negociando el año que viene, pero se han conseguido avances importantes, se ha eliminado la computación de zonas de estacionamiento y almacenaje, establecido bonificaciones en función de la tipología de negocio… No aprobarlas ahora sería un retroceso importante”, señala García.
Para el gerente de bares y hoteles, Hotuse, Francisco J. Crespo “es susto o muerte”. “Lo que se ha negociado no es lo que queremos al 100% pero desde luego es un avance sobre el inicial. Si volvemos al antiguo será un perjuicio total”, explica.
Los partidos, sin embargo, siguen encastillados en sus posiciones iniciales. En IU y especialmente Podemos impera el sentir que las rebajas negociadas benefician a la clase empresarial y no al vecindario. El PSOE arguye falta de negociación, si bien desde el PP señalan que se han admitida la gran mayoría de propuestas lanzadas por Clara Martin. VOX y Ciudadanos, los “apoyos naturales” de Mazarías, de momento tampoco salen del no.
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