Posted By Redacción on 24, Jun, 2015

Las casas se terminaron el verano pasado, pero en el alfoz y en lo tocante a urbanismo las cosas raramente salen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, de donde 22 vecinos de Carrascalejo 1, en Palazuelos de Eresma,  llevan once meses pendientes de la licencia de primer uso. Como no tienen licencia, no pueden entrar a vivir ni escriturar. Como no se puede escriturar, no se puede hipotecar. No se puede hipotecar, el constructor no cobra. A todo esto “son 22 situaciones personales de paga alquileres, de no poder entrar en tu casa. Lo que queremos es que el ayuntamiento agilice esto. En otras situaciones se ha sido muy permisivo y ahora parece que se les busca tres pies al gato”, explica Hilario Lázaro, el concejal de la Agrupación Vecinal Robledo que en su blog ha denunciado públicamente la situación.

“Me parece que son ganas de apuntarse la medalla. Lo cierto es que la licencia está al caer, probablemente lleguen esta semana las autorizaciones de industria y sanidad que faltan. El ayuntamiento lleva meses agilizando la tramitación”, replica por su parte el alcalde, Jesús Nieto.

Para Lázaro, sin embargo, donde antes había laxitud y debilidad ante “los atropellos de algún urbanizador sin escrúpulos”, dice, hoy hay un exceso de burocracia. “Tras superar multitud de escollos, de los cuales los vecinos no tienen la culpa de nada, se enfrentan ahora a cosas menores que con un poco de buena voluntad podrían subsanarse”, acusa.

Estamos en el Carrascalejo 1, que es la tercera fase de desarrollo de la gran bolsa de suelo urbano de Palazuelos paralela a la carretera de La Granja. En esta zona los retrasos se acumulan por la acumulación de conflictos. Una junta de compensación encarga a un agente urbanizador la construcción de los servicios generales (calzadas, viales, acometidas de agua, de luz, iluminación), en paralelo, se vende terreno a promotoras, cooperativas como la Molino del Marqués, protagonista de la noticia, que a su vez contrata a una constructora para las viviendas. Hasta ahí todo bien. Las cosas empiezan a torcerse cuando la Junta de Compensación genera un primer retraso, con pleito incluido, para determinar los coeficientes de participación de una fase en la obra general. A esto sigue un segundo conflicto con la entidad urbanizadora, que para terminar remates pendientes, condiciona como mecanismo de presión ante el ayuntamiento la recepción de otros viales. Al final, es el ayuntamiento el que toma el control y va cerrando expedientes. A Industria por el alumbrado, a Sanidad por los colectores. Pequeños pasos que se hacen eternos para las familias embarcadas en la obra y la empresa constructora. “Los propietarios están hartos de palabras, y anuncian próximas movilizaciones si no se les proporciona su licencia de ocupación”, denuncia Lázaro.

Comparte en tu WhatsApp