Posted By Juan Luis Gordo on 1, Nov, 2025

Ya en los años ochenta, el debate sobre la energía nuclear estaba en el centro de las conversaciones universitarias y de la calle, lo que generaba una gran inquietud entre quienes estudiábamos en ese momento ingeniería industrial. Bajo el lema “¿Nucleares? No, gracias”, una parte de la sociedad española convirtió esta tecnología en símbolo del rechazo al progreso industrial y en bandera del ecologismo naciente. Aquella movilización logró paralizar proyectos como la construcción de la central nuclear de Lemóniz —que nunca llegó a ver la luz— y dejó una huella profunda en la política energética del país. Incluso pagamos un precio humano: ETA asesinó a José María Ryan, ingeniero de la central, en un atentado que marcó una época.

Recuerdo que muchos de nosotros, aun simpatizando con los movimientos sociales de entonces, no comprendíamos aquella oposición frontal. Las centrales nucleares eran ya en aquel momento las más limpias y seguras desde el punto de vista medioambiental, y la gestión de residuos —compleja pero perfectamente controlable— no justificaba el veto absoluto. Con el tiempo, la tecnología avanzó, los protocolos de seguridad se reforzaron y la energía nuclear siguió garantizando la estabilidad eléctrica de países como Francia —en la actualidad con 18 centrales y 58 reactores—. Sin embargo, en España siempre se mantuvo una actitud de resistencia, sostenida por unos pocos reactores y castigada por una fiscalidad desproporcionada. Hoy se encuentran en funcionamiento cinco centrales nucleares, dos de las cuales disponen de dos reactores (Almaraz y Ascó): en total, siete, que generan aproximadamente el 20 % del total de la energía eléctrica (Almaraz, el 7%).

Cuatro décadas después, el debate regresa con fuerza. El gran apagón del pasado mes de abril —que dejó sin luz a toda la Península Ibérica— ha puesto de relieve la fragilidad de nuestro sistema eléctrico y la necesidad de replantear la moratoria nuclear. Aquella madrugada, millones de ciudadanos comprendieron que la seguridad del suministro no puede depender exclusivamente del sol o del viento. Necesitamos respaldo, estabilidad y control de tensión: cualidades que solo ofrecen las centrales síncronas, como las nucleares, los ciclos combinados o la hidráulica.

En ese equilibrio, la central de Almaraz juega un papel decisivo. Su ubicación en Extremadura la convierte en pieza clave para amortiguar las oscilaciones de tensión del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el Gobierno mantiene su cierre previsto para 2027, confiando en un sistema “experimental” de regulación de tensión basado en renovables, aún sin precedentes en el mundo. Los expertos lo consideran prematuro. Y no solo está en riesgo la estabilidad de la red: también el empleo y la economía de toda una comarca que depende de la actividad de la planta.
Mientras tanto, Europa toma un rumbo opuesto. Alemania —que fue referente del movimiento antinuclear— ha cambiado de postura y ya no se opone a considerar la energía nuclear como energía verde dentro de la taxonomía comunitaria. Bélgica y los Países Bajos han prorrogado la vida útil de sus reactores, y Francia refuerza su apuesta con nuevos proyectos. Incluso Dinamarca, que renunció hace 40 años, estudia incorporar reactores modulares. Solo España mantiene el plan de cierre de sus centrales, al margen de la nueva realidad energética del continente, y más aún cuando Europa necesita interconectar sus sistemas eléctricos para reforzar la seguridad del suministro en el conjunto de la Unión.

La energía nuclear no es una reliquia del pasado. Su tecnología ha experimentado un notable progreso técnico y constituye una herramienta imprescindible para la transición ecológica y la seguridad del suministro. Además, su funcionamiento continuo y libre de emisiones es vital para la competitividad industrial. El propio comisario europeo de Energía lo ha recordado recientemente: sin energía nuclear, Europa no podrá cumplir sus objetivos de neutralidad climática. En nuestro país, la elevada fiscalidad que grava a las centrales —más de 20 euros por megavatio— y la falta de un marco regulatorio estable disuaden a sus propietarios de mantenerlas activas, cuando lo razonable sería exactamente lo contrario.

El cierre de Almaraz sería un error estratégico. Su continuidad no es una cuestión ideológica, sino técnica y de sentido común. En el mix energético actual, la nuclear sigue siendo la única fuente capaz de garantizar estabilidad, reducir emisiones y sostener la competitividad del país mientras maduran las tecnologías de almacenamiento y se refuerzan las interconexiones con Europa. De lo contrario, seguiremos siendo dependientes del gas argelino, ruso y estadounidense.

Cuarenta años después de aquel “No, gracias”, quizás ha llegado el momento de revisar nuestras certezas. La ciencia, la seguridad y la experiencia avalan hoy lo que entonces se temía. Y quienes defendimos en su día la energía nuclear desde una convicción racional —exponiendo en diferentes tribunas divulgativas el alcance de la tecnología, no desde la ideología— seguimos pensando que el progreso consiste en integrar lo mejor de cada tecnología, no en renunciar a lo que funciona.

España no puede permitirse otro apagón… ni volver a quedarse a oscuras en el debate nuclear. Las centrales nucleares no pueden seguir siendo un tema tabú para la izquierda, más aún cuando contribuyen de forma decisiva a mejorar el bienestar de los más desfavorecidos. España no puede apagar su futuro energético.