Posted By Redacción on 17, Jun, 2025

Las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León han expresado su rechazo frontal a la decisión de Renfe de suprimir paradas de tren de Alta Velocidad en Segovia, Medina del Campo y Puebla de Sanabria. Consideran que la medida, adoptada de forma unilateral, perjudica el desarrollo económico y social de las localidades afectadas y anuncian que llevarán el caso ante la Comisión Europea.

Las entidades camerales defienden que las estaciones afectadas han sido y deben seguir siendo nodos esenciales de comunicación, fundamentales para la movilidad de ciudadanos, empresas, trabajadores y turistas. En su manifiesto, alertan de que la eliminación de estas paradas implica una pérdida de oportunidades comerciales y turísticas, así como un deterioro en la calidad de vida.

Las Cámaras de Comercio advierten de que la decisión de Renfe tendrá un fuerte impacto en el tejido económico y social de las localidades afectadas. En primer lugar, alertan de una pérdida de competitividad empresarial, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería o el turismo, al reducirse notablemente el flujo de viajeros. A ello se suma el desplazamiento forzado de trabajadores, que utilizan el AVE como medio habitual de transporte y que, ante la supresión de las paradas, podrían verse obligados a abandonar sus puestos o incluso su lugar de residencia. También se señala un deterioro en la calidad de vida de la ciudadanía, al limitarse el acceso a oportunidades laborales y educativas, lo que incrementará la dependencia del vehículo privado con el consiguiente coste ambiental y económico. Por último, denuncian un claro agravio comparativo con respecto a otras comunidades autónomas donde, lejos de recortarse, la red de Alta Velocidad ha sido reforzada.

Las Cámaras consideran que esta supresión atenta contra los principios de cohesión territorial y equidad que defiende la Unión Europea y por ello elevarán una queja formal a Bruselas, solicitando una revisión y revocación de la medida. En su argumentario, recuerdan que el transporte ferroviario está vinculado a la lucha contra la despoblación, la movilidad laboral, la sostenibilidad ambiental y la reducción de desigualdades regionales.

Critican además que Renfe haya planteado a las diputaciones y a la Junta la cofinanciación del servicio, una propuesta que consideran inadmisible. “La Alta Velocidad es un servicio de interés general que debe garantizarse con criterios de equidad territorial y cohesión social”, afirman.

El comunicado finaliza instando a Renfe a reconsiderar su decisión y a abrir un diálogo con las administraciones y agentes empresariales para encontrar soluciones que aseguren una movilidad sostenible e inclusiva. Las Cámaras reiteran su compromiso con el desarrollo económico de Castilla y León y con la defensa del bienestar de sus ciudadanos.

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