Naturalistas de ASCEL (Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico) han denunciado a la Junta de Castilla y León por presuntamente colocar cepos en caminos públicos, violando así la Ley de Protección de Datos. Durante un seguimiento de la población de lobo ibérico en la Comarca de Montes Torozos (Valladolid), miembros de ASCEL descubrieron al menos cinco cámaras de fototrampeo y una de vigilancia fija apuntando hacia un lugar donde se encontraba un cepo destinado a la captura de lobos.
Tras presentar una denuncia administrativa en un cuartel de la Guardia Civil, ASCEL alega que las cámaras estaban activadas sin señalización alguna que advirtiera sobre su presencia o la videovigilancia en el área. Una inspección del SEPRONA en la zona confirmó la existencia de las cámaras y el cepo, y se determinó que habían sido instalados por personal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León para el radiomarcaje y seguimiento de lobos.
ASCEL ha expresado su preocupación por estas acciones, señalando la falta de transparencia, apoyo científico y ética en los procedimientos. También cuestionan los objetivos de la iniciativa de radiomarcaje de ejemplares de lobos en Castilla y León, especialmente dada la postura pública de la Junta en contra de la protección de la especie. Argumentan que la Junta debe cumplir con la legislación vigente y utilizar los fondos asignados para la conservación del lobo en actividades legales y con objetivos claros de conservación.
La asociación ASCEL ha afirmado que continuará auditando las actividades de la Junta y otras administraciones que se oponen a la conservación del lobo, a pesar de haber recibido fondos públicos para ese fin.
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