Posted By Juan Luis Gordo on 4, Abr, 2026

La reiterada negativa de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Segovia a aprobar los presupuestos municipales no es un hecho aislado ni coyuntural. Es, más bien, la expresión de una cultura política que se ha ido asentando en el ámbito local y que encuentra paralelismos preocupantes en otras escalas institucionales, y está en el origen del inicio de la desconfianza de los ciudadanos hacia la democracia. El Ayuntamiento de Segovia como institución que gestiona “lo común” de los segovianos ha fracasado al no ser capaz de aprobar los presupuestos.

Conviene recordar algo esencial: el presupuesto municipal no es un mero documento contable. Es el instrumento central de la acción de gobierno en el que se plasma la visión que se tiene de la ciudad. Es, en términos prácticos, el corazón de la gestión pública local. A través de él se ordenan los recursos, se priorizan las actuaciones y se concretan los compromisos con los ciudadanos. Sin presupuestos hay actuaciones, pero falta visión a medio y largo plazo. A diferencia de otras administraciones con mayor capacidad normativa y competencial, el margen de actuación de un ayuntamiento como el de Segovia es más limitado y, precisamente por ello, el presupuesto adquiere una relevancia aún mayor: personal, servicios, mantenimiento, inversiones. Poco margen para grandes gestos y mucho para la gestión eficaz del día a día.

Por eso, hurtar a los segovianos de su debate y bloquear su aprobación no puede convertirse en una decisión rutinaria ni en una herramienta de desgaste político. Requiere una reflexión profunda, una justificación sólida y, sobre todo, una alternativa creíble. Sin embargo, lo que con frecuencia se observa es lo contrario: discursos huecos, argumentos inconsistentes y, en no pocos casos, la ausencia total de propuestas presupuestarias alternativas que permitan visualizar otro modelo de ciudad. Resulta difícil sostener el veto a unas cuentas públicas cuando no se es capaz de articular otras.

El principal perjudicado de esta dinámica no es el equipo de gobierno, sino la ciudadanía. La prórroga presupuestaria prolonga la inercia, limita la capacidad de actuación, introduce incertidumbre y erosiona la confianza en las instituciones, lo mismo que las modificaciones presupuestarias en el devenir del día a día para aprobar nuevos créditos o inversiones, ante la falta de horizonte y quiebra de la gestión integral. Se instala, así, una sensación de desgobierno que, con el tiempo, deriva en desapego y desafección política. Y todo ello en la institución más cercana al ciudadano, la que debería ser el primer espacio de entendimiento.

Facilitar la gobernabilidad no es una concesión, es un deber cívico. Los ciudadanos no depositan su voto para asistir a un permanente juego de bloqueo entre representantes, ni para que prevalezcan conflictos personales o estrategias de partido. Lo hacen esperando acuerdos, responsabilidad y sentido institucional. Esperan, en definitiva, que quienes han sido elegidos sepan entenderse en lo esencial.

Ahora bien, sería simplista atribuir toda la responsabilidad a la oposición. La capacidad de negociación del equipo de gobierno, y en particular de su liderazgo, es un factor determinante. La política municipal exige diálogo, flexibilidad y habilidad para tejer consensos. Pero también es cierto que, en determinadas ocasiones, la negativa a acordar no responde a diferencias insalvables de modelo, sino a una estrategia deliberada de desgaste político, orientada a debilitar al gobierno de turno de cara a futuros procesos electorales.

En este contexto, adquiere especial relevancia el papel de quienes ocupan posiciones decisivas en escenarios de mayorías ajustadas. En no pocas ocasiones, la posibilidad de desbloquear la situación depende de voluntades individuales o de grupos con capacidad de inclinar la balanza. Sin embargo, esas decisiones pueden verse condicionadas por factores que trascienden el ámbito estrictamente municipal: relaciones políticas en otras instituciones, vínculos con determinados sectores de interés o incluso dinámicas personales que poco tienen que ver con la gestión de la ciudad.

Este tipo de condicionantes —legítimos en el plano político— deben, no obstante, ser ponderados a la luz del interés general. Cuando las decisiones municipales se subordinan a equilibrios externos, a estrategias orgánicas o a conflictos ajenos a la gestión pública, el riesgo es evidente: la política local deja de responder a las necesidades de la ciudad para convertirse en un escenario de proyección de disputas que no le son propias.

No es un fenómeno nuevo, pero sí preocupante. En ocasiones, el rechazo a los presupuestos responde también a la defensa de intereses sectoriales o a dinámicas de “fuego amigo” dentro del propio espacio político. Esta lógica fragmentaria, que antepone la posición táctica al objetivo común, termina debilitando el sistema institucional y alimentando la percepción de que la política responde más a intereses particulares que al bien colectivo.

A ello se suma otro elemento de fondo: la progresiva profesionalización de la política local de la ciudad de Segovia. Quienes en otro tiempo participaban en la vida municipal desde una lógica de servicio, con un fuerte componente vocacional, observan hoy con perplejidad cómo, en ocasiones, la dedicación retribuida no se traduce en una mayor responsabilidad institucional, sino en dinámicas de bloqueo y confrontación permanente. La política no puede convertirse en un fin en sí mismo; debe ser, siempre, un instrumento al servicio de la comunidad.

La ausencia de presupuestos en instituciones como el Ayuntamiento de Segovia —pero también en otros niveles de la administración— constituye una anomalía que debería corregirse con urgencia. No hacerlo implica asumir como normal una situación que deteriora la calidad democrática y debilita la eficacia de lo público.

Cuando el diálogo se agota y los equilibrios resultan imposibles, el ordenamiento ofrece mecanismos —como la cuestión de confianza— que permiten trasladar la responsabilidad a cada actor político ante la ciudadanía. Pero más allá de los instrumentos formales, lo que está en juego es algo más profundo: la credibilidad de la política y la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

Segovia no necesita más tácticas ni más bloqueos. Necesita gobierno. Y gobernar, en democracia, significa también acordar. A Europa la hizo grande la Ilustración y uno de sus valores es el protagonismo de la razón. La razón es el camino para el diálogo, el debate, el acuerdo y la cooperación, y también del disenso. Este es el camino que dejó trazado el recientemente fallecido filósofo alemán Habermas. No lo despreciemos.