“A mí no me beneficia todo este vandalismo. Ni las pintadas, ni pinchar ruedas, ni quemar pajares… Soy el más perjudicado por todo esto”. Declaraciones de Juan Francisco Cárdaba, el copropietario de Agrogestión y Aplicaciones Ambientales, la planta de compostaje a la que la plataforma No Más Mierda culpa, no solo del mal olor imperante en Fuentepelayo, sino de contaminar el suelo y el agua y de orquestar, juntamente con empleados de la planta, los sucesos de vandalismo que ha padecido la localidad en un turbulento mes de marzo.
Cardaba rechaza de plano cualquier relación con estos sucesos y sugiere que, si no todos, si una parte de los mismos pueden ser un montaje de los propios integrantes de la plataforma. “Lo de las pintadas eso debes preguntarlo a la Guardia Civil. Está claro que las tres que hay son de la misma mano y en el pueblo se dice que es uno de ellos el de las pintadas. Nosotros no, desde luego. Ya te digo, a nosotros no nos beneficia para nada este vandalismo”, dice.
Cárdaba niega que operarios suyos, “secuaces” como les llama José Luis Ordóñez, el líder de No Más Mierda, y también algunos vecinos, tengan algo que ver. “Dicen que intimidan, pero eso es porque son gente muy grande, muy fuerte, pero han estado trabajando conmigo toda la vida y no tienen nada que ver. Otra cosa es que si hay una manifestación o algo, pues lo mismo les digo que se acerquen para ver qué hacen, pero de agresiones o amenazas nada. Otra cosa es las veces que han venido los de la plataforma a la planta, a grabar y sacar fotos, entonces les decimos que allí no pueden estar y que se vayan… Eso pasó cuando vinieron unos periodistas. Nada de agresiones”, se defiende.
También se desentiende del incendio del pajar propiedad de otro miembro de la plataforma y niega que rechazara colaborar con la policía. Como se recordará, en manifestaciones a diferentes medios la subdelegada del Gobierno, la víctima del incendio afirmó haber mantenido una discusión con Cárdaba en las horas previas al incendio. “Vino la Guardia Civil a tomarme declaración, pero yo no me negué a declarar, me acogí al derecho a declarar con presencia de mi abogado, que es distinto”.
Historial anti-franquista
José Luis Ordóñez, en la imagen, no oculta su militancia en Izquierda Unida. En el pueblo tiene una cierta aureola de revolucionario, y hay quien le relaciona con los Grapo, por una redada en los años 70, runrún que ha crecido a raíz de una pintada -“Terrorista del GRAPO”, rezaba- en la fachada de su casa de Fuentepelayo. Lo cierto es que en el pasado político de Ordóñez solo consta su detención en diciembre de 1975 por pertenecer al Partido del Trabajo de España, partido no solo prohibido en aquellos años sino muy combatido por la policía franquista. Legalizado en 1977, el PTE era un partido de ideología maoista
y de cierta relevancia entre la izquierda de la época. Sin embargo, la citada detención, según se desprende de lo publicado en su día por ABC, nada tiene que ver con actividades violentas. Ordóñez fue detenido en el marco de la “desarticulación” del “aparato de propaganda del comité provincial madrileño” del PTE. En esta operación a Ordóñez y otro militante se le incautó material tan “peligroso” como puedan ser “una multicopista eléctrica… una guillotina, frascos de tintas tipográfica, clisés impresos, botes de disolvente, un bidón con líquido adhesivo, papel blanco para imprimir”… La lista de “material delictivo” se amplia con 54.313 pesetas en efectivo así como “libros de matiz comunista y 22 paquetes de un kilogramo de peso cada uno, conteniendo propaganda del partido”, según reza la noticia publicada por el rotativo madrileño.
Lo que sale de la planta
Para Cárdaba, el problema de fondo es que especialmente foráneos del pueblo, gente que tiene en Fuentepelayo su segunda residencia o que no viven habitualmente en la comarca, han sustancializado en su planta el problema de los malos olores en la zona. Han conseguido politizar la situación y Agrogestión se ha convertido en el chivo expiatorio de un problema que afecta al núcleo de la actividad económica de la zona: el porcino.
“Yo puedo ser el responsable de una parte del olor en noviembre, en diciembre, en enero… ¿pero en febrero, en marzo, en abril, el resto del año? ¿También yo? En Fuentepelayo hay explotaciones que dicen tener cien cerdos y hay quinientos o más, ¿dónde va ese purín? Hay granjas prácticamente pegadas al núcleo urbano, y no a dos kilómetros como nuestra planta. Nosotros hemos encargado y pagado un mapa de olores, allí se ve claro el origen de ese olor”. Eso por no hablar de “las plantas de pienso del pueblo, que también huelen, pero como eso da mucho empleo…”
Según Cárdaba, lo que sale de la planta son residuos “no tóxicos”, perfectamente declarados, y sometidos previamente a procesos de compostaje. Material orgánico que sirve luego de fertilizante. Sobre su origen Cardaba explica que se trata de deshechos de mataderos, granjas, fábricas de alimentos, y lodos tratados de depuradoras. “Entra en la planta, se mezcla el producto y se somete a un primer proceso de aireación, luego se riegan en pila y se va haciendo el volteo. Así se obtiene el abono para mejorar los campos”. ¿Cómo explica entonces la presencia puntual de caramelos, baterías y productos que no son residuos? “Nosotros tenemos cuatro parcelas, en los límites de Aguilafuente, de Zarzuela, alejadas del pueblo, allí se dejan los acopios para luego extenderse. Si me dicen que en un acopio hay una cabeza de jabalí o una pata de ciervo, vale puede ser, pero si el señor Ordóñez se va luego con una bolsa de baterías, eso ya…”
El propietario de Agrogestión y Aplicaciones Ambientales también explica el fin de los malos olores en el pueblo desde que la Junta paralizó la actividad en la planta y se desvincula de una relación causa-efecto. “La lluvia se lleva el olor. Los últimos meses no ha parado de llover, y así no huele”.
La empresa es una sociedad participada también por un empresario leridano, Martín Cabré-Verdiell. “En esa zona hay unas veinte plantas como la mía. En Valencia está lleno y no hay problemas”, explica Cárdaba. Sostiene que las regulaciones autonómicas de Cataluña y Valencia y de otras autonomías obligan al procesado de los subproductos orgánicos, “y no como en Castilla y León, que se queman las podas, lo que sobra, y no pasa nada. Allí todo ese material se aprovecha para el compost. Lo que pasa es que Castilla y León es el furgón de cola”.











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