18 trasteros sin licencia y un decreto para regularizarlos: cronología del “caso Serrano”

Posted By Redacción on 9, Oct, 2025

Clara Martín y Miguel Merino, portavoces municipales socialistas

El Grupo Municipal Socialista ha presentado un dossier cronológico y documentación del expediente urbanístico para sostener que la primera teniente de alcalde de Segovia, Rosalía Serrano, ocultó su actividad empresarial y promovió, a través de una sociedad de la que fue administradora única, la transformación de un local en 18 trasteros sin licencia. El PSOE califica el asunto como “uno de los episodios más graves” de la política municipal reciente y avanza que, una vez tenga acceso completo al expediente, valorará acciones legales, según explicó su portavoz, Clara Martín. “El caso serrano es uno de los casos más graves de los episodios más bochornosos de la política municipal de los últimos años”, afirmó, defendiendo que cada hito que exponen “está acreditado en el expediente urbanístico”.

El dossier sitúa el origen en octubre de 2022, cuando la sociedad Velasco Hernanz S. L. —“administrada únicamente por la señora Serrano”— habría terminado los 18 trasteros “sin ningún tipo de permiso del Ayuntamiento”. La propia documentación que la empresa aportó en otro procedimiento mercantil “reconoce que las obras se han ejecutado” y que el fin era lucrativo (alquiler o venta desde noviembre de 2022), sostienen los socialistas. Urbanismo emitió un informe desfavorable el 27 de febrero de 2023 y el 13 de abril de 2023 cursó un requerimiento de paralización y de aportación de documentos con advertencia de sanciones.

El PSOE añade que, ya como responsable política, Serrano no declaró durante dos años su participación en varias sociedades y, pese a pasar a dedicación exclusiva (desde el 1 de febrero de 2024, 54.104,71 euros anuales), no solicitó compatibilidad al Pleno. En octubre de 2024, tras preguntas socialistas, modificó su declaración de bienes para reconocer su cargo de administradora; el 10 de julio de 2025 comunicó que dejaba de serlo. “Todo vale para esta señora… ha restado un derecho democrático a todos los segovianos”, denunció Martín. Serrano, por su parte, “niega haber cometido cualquier tipo de ilegalidad” y sostiene que “sus empresas no tienen ningún expediente urbanístico” con el Ayuntamiento, según el resumen socialista.

El 11 de abril de 2025, una inspección municipal constató que “el conjunto de los 18 trasteros proyectados se encuentra prácticamente finalizado”, con la instalación eléctrica aún pendiente, según el acta citada por el PSOE. Posteriormente, el 19 de junio de 2025, el alcalde firmó un decreto para regularizar la actividad, otorga 10 días para subsanar y abre la puerta a un expediente de restauración de la legalidad. Los socialistas subrayan que ese decreto no identifica al promotor real en el encabezado del trámite.

Martín reprocha además la gestión administrativa del caso. A su juicio, hubo reiterados requerimientos (septiembre, octubre y noviembre de 2024) sin respuesta en plazo y ninguna sanción incoada pese a la advertencia de multas. “Se pueden iniciar procedimientos sancionadores de entre 1.000 y 3 millones de euros” sostuvo. También critica que el acceso al expediente pedido el 22 de julio de 2025 sigue sin facilitarse íntegramente: “Seguimos esperándolo”.

El documento socialista recuerda la secuencia técnica: declaración responsable (17 de febrero de 2023) presentada por una constructora “por encargo de la propiedad Velasco Hernanz S. L.”, informes desfavorables (27 de febrero de 2023 y 7 de junio de 2024), nuevos requerimientos (20 de septiembre y 30 de octubre de 2024; 22 de noviembre de 2024 con 10 días), inspección (11 de abril de 2025), subsanación (29 de mayo y 4 de julio de 2025) y decreto (19 de junio de 2025). El 3 de octubre de 2025, en comisión extraordinaria, los técnicos ratificaron la situación no legalizada, según el PSOE.

En el plano político, el resumen califica el caso como un “conflicto de intereses de primer orden” que suma incompatibilidad política, infracción urbanística y “gestión permisiva”. Martín ligó la responsabilidad al alcalde por firmar el decreto de junio: “Es responsable y cómplice, igual que el concejal de Urbanismo”. A la vez, recordó que Serrano mantiene participación económica en la sociedad y que su última declaración no detalla el valor de esas acciones.

Serrano, según el dossier, defendió públicamente el 12 de julio de 2025 que no había cometido ilegalidad y que ninguna de sus empresas estaba vinculada a un expediente municipal. El PSOE contrapone actas e informes para sostener que las obras estaban hechas antes de cualquier permiso y que la vía escogida fue intentar legalizarlas a posteriori.