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Los sueldos de los directivos, el secreto mejor guardado de Caja Segovia

Declaración de Javier Santamaría.

Tras las dos primeras jornadas dedicadas a la declaración de los acusados, el juicio por las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia afrontó su primera y maratoniana (7 horas) ronda de audiencia de testigos.

Los 10 primeros pasaron el 7 de febrero por la sala de la Audiencia Provincial, todos ellos integrantes de consejos de administración de la extinta caja. Declararon por este orden el que fuera responsable de Industria de la Junta, Sergio Gozalo de Mercado, el empresario Miguel Antona, los empleados jubilados Manuel Berzal y Bonifacio García de Frutos, el representante del PSOE en el consejo, José Pablo Lozoya, la representante de los empleados Dolores Romero -la que dio, de largo, más juego-, el ex-senador por el PP y ex-presidente de la Diputación Javier Santamaría, el empleado Francisco Valverde, el portavoz del PP en la Diputación José Luis Sanz Merino, y el representante de los empresarios Miguel González Llorente.

En aras de apuntalar los cargos por administración desleal, interesaba a las acusaciones saber por los testigos, convocados tanto por letrados acusadores como defensores, si había ocultación de datos a los miembros del consejo, si las decisiones relativas al engrose de prejubilaciones de los directivos se hicieron con luz y taquígrafos, como manda la ley, o a las secretas. Hasta qué punto eran conscientes de las consecuencias de los acuerdos por ellos aprobados unánimemente, y que en sendos consejos de 2006, 2008 y 2010 permitieron beneficiar a la cúpula directiva de un plan específico de prejubilaciones, similar al que se aplicó al resto de trabajadores -como sostienen las defensas-, o “liberados” y por tanto mejorados de algunos condicionantes, como dice la acusación.

Si hubiera que dar un resumen, el marcador final sería de 3 testigos decantados a favor de la acusación (los tres procedentes del cupo de empleados y jubilados, Bonifacio García, Romero y Valverde), uno que no se acordaba de casi nada (muy mayor, Manuel Berzal, de 78 años), dos que ni fu ni fa (Sergio Gozalo y Miguel Antona, que ya no estaban en el consejo cuando se ventiló la fusión). En tanto los cuatro restantes, todos en representación de instituciones, partidos y la FES, respaldaron sin titubeos la versión de la defensa. Para los tres primeros la información que se daba al consejo era un paripé, para los otros cuatro en cambio, cumplía todos los condicionantes, no había oscurantismo sinó todo lo contrario: si algún vocal precisaba más información, se la daban. De lo que dijeron los otros tres poco o nada en claro: el “no me acuerdo” marcó la pauta.

Salvo en un dato importante en el que coincidieron abrumadoramente: los vocales del Consejo de Administración desconocían las cantidades exactas que acordaron pagar a los acusados. “En el consejo no se aportaban cantidades”, señalaron al menos 8 de los 10 testigos. Al menos hasta noviembre de 2011, en que tras filtrarse a los medios de comunicación que las cantidades eran desorbitadas Atilano Soto convocó un consejo donde, esta vez sí, se puso negro sobre blanco. Hasta entonces, y por tres veces en 2006, en 2008 y en 2010 se modificaron las prejubilaciones de los directivos “a ciegas”, sin tener acceso a la cantidad real que se iba a devengar al pasivo de la Caja.

¿Qué sabían? Sabían -y en esto también fueron unánimes- el porcentaje del salario que tocaba aplicar para calcular las prejubilaciones, el 74,7% , el mismo que el aplicado a los trabajadores de a pie que se prejubilaron. También que en lugar de calcular la cifra final en base a las nóminas medias de los últimos tres años -como parece que fue la pauta para el resto de prejubilados hasta 2010-, el periodo de cómputo aplicado en la última etapa de Caja Segovia se redujo a doce meses. También, que si al común de los empleados se le exigían 54 años para la prejubilación, algunos directivos se prejubilaron con menos de 50.

La estrategia de la defensa se basó en dos cosas. Que sabiendo el porcentaje era fácil calcular el monto total, pues las cuentas de Caja Segovia sí que estipulaban la cantidad a total a pagar por prejubilaciones, y por otra parte que si no se dio más información fue porque los vocales no preguntaron.

Dolores Romero, la testigo hostil

Al menos hasta que llegó la testigo terremoto, Dolores Romero, que a preguntas de la fiscal sobre si solicitó alguna vez información concreta sobre las cantidades que se iban a embolsar los acusados dijo “sí, claro, lo pregunté muchas veces, pero nunca nos lo dijeron, incluso en una reunión nos dijeron que teníamos que hacer un acto de fe”. Silencio en la sala y la fiscal que debió pensar que a veces no hay nada más sabio que callarse.

Ahora bien, Romero no efectuó directamente la pregunta en los consejos. También hay que decir que hubiera sido en vano, pues Atilano Soto apelaba siempre a la protección de datos para negar esa información (al menos hasta noviembre de 2011). Romero -aseguró- empezó a barruntarse la cuestión a consecuencias de una prejubilación anterior que levantó ampollas y que destapó el supuesto trato de favor a los directivos en que se estaba convirtiendo el proceso. Fue a finales de 2010, cuando la cúpula del banco incorpora a la dirección a un nuevo directivo, para prejubilarlo cuatro meses después con una propuesta de indemnización del entorno de dos millones. “Ahí fue cuando nos llevamos las manos a la cabeza y empezamos a sospechar que eran cantidades muy superiores a las que pensábamos”, señaló Romero.

La propuesta no prosperó y en abril de 2011 Romero y compañeros representantes de los “empleados” solicitaron una reunión “para que nos lo explicaran de una vez con claridad. Nos convocaron Quintanilla y Sánchez Plaza, y Quintanilla nos dijo que hiciéramos un acto de fe, que le creyéramos cuando decía que los directivos se llevaban lo mismo que los demás”, dijo Romero.

Dolores Romero declarando como testigo.

Hay un dicho en las novelas de John Grisham que dice que frente a un testigo hostil mejor dejarlo pasar. Y estaba claro que tanto para las defensas y, en este caso también para la fiscalía, Romero era un testigo hostil. A diferencia de sus jefes, Romero se quedó colgada en el proceso de fusión con Bankia, ni prejubilada ni colocada, aunque finalmente y a lo que parece por la vía judicial encontró acomodo en los restos de la obra social. “Me siento maltratada por Caja Segovia”, reconoció cuando la defensa intentó atacarla por ese flanco, por si estaba resentida con Caja Segovia. Pero Romero reconocía sin ambages que sí, que claro que estaba resentida.

Así que se probó por otro lado, por la contradicción que supone callarse en los consejos de administración y solicitar la información en “supuestas reuniones”, como llegó a decir un letrado. Y alli Romero estuvo menos convincente, reconoció que tenía que haber hablado en el consejo pero “yo me sentía impotente, era como David contra Goliat. En los consejos todo era muy rápido, ¿Se aprueba?, pues se aprueba. Cuando alguien quería poner un matiz había que ser rápido”. Una vez conocidas las cantidades, y en disconformidad por lo que consideraba un abuso, Romero renunció al cargo tras el consejo de noviembre de 2011. “El acta no lo recogió”.

Y esto es lo que quedó un tanto en el aire, ¿por qué la testigo no aprovechó sus prerrogativas como vocal del consejo para cuestionar las decisiones donde correspondía? Aunque ella se aferraba a lo blindado y oscurantista del proceso, tanto Javier Santamaría como José Luis Sanz Merino, y anteriormente Lozoya, declararon rotundamente todo lo contrario. Si un vocal pedía información, se la daban. Si había algún pero se dilucidaba en el consejo. Y lo cierto es que todas las decisiones clave del consejo se hicieron “por unanimidad”, incluidas las relativas a mejorar las prejubilaciones de los ahora encausados.

La revelación de Sanz Merino: Escribano dobló el salario entre 2003 y 2008

José Luis Sanz Merino.

Reconocieron ambos, especialmente Sanz Merino, que por mor de la protección de datos nunca se daban nombres ni cantidades concretas, pero aquí Sanz Merino hizo otra revelación. “Cuando entré en el consejo en 2003 alguien sí que preguntó a cuánto ascendían los honorarios de Escribano, y entonces dijeron que sobre 350.000 o 400.000€, creo recordar”, dijo. Dicho de otra manera, el director general de Caja Segovia habría doblado sobradamente sus haberes en 5 años. De los 350.000€ de 2003 a los 874.000€ que él mismo en su declaración afirmó cobrar en 2008. Es así que le quedó una indemnización final de 5,8M€ y eso porque, como se desprende de su declaración, él mismo se redujo las retribuciones variables con una mengua global del 14%. De otro modo, según calculaba algún abogado, le hubieran correspondido 10M€.

¿Es normal en el sector de a alta dirección financiera cobrar estas cantidades? ¿Es legal? Es lo que se trata de establecer en el juicio. Será ya la próxima semana, a partir del 12 de febrero, con la continuación de testigos del consejo (Pedro Arahuetes y Miguel Ángel de Vicente como los dos con más morbo) y especialmente con las “periciales”, donde los expertos del sector dirán si las operaciones de extensión a los directivos de los planes de pensiones y prejubilaciones se hicieron en consonancia con la operativa habitual o hubo más. De momento, empate. Mucho ruido y poca chicha sobre la legalidad de lo que se viene a juzgar.  Continuará…

 

Author: Luis Besa

Luis Besa. Periodista,

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7 Comentario

  1. Un secreto bien guardado, sobre todo cuando con lo que ‘jugaban’ era con el dinero de los segovianos; sin ánimo de lucro, por supuesto.

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  2. Y vuelvo a reiterar, si se hubiera hecho caso al grandísimo Fiscal que se oponía a celebrar juicio nunca nos hubiéramos enterado de nada en sede judicial. Algún día alguien cuando entrara en la Fiscalía a relevar al actuar Fiscal debería investigar qué motivos han llevado hasta la extenunación a este Fiscal a pedir que se archivara la causa. Se me ocurren un montón de cosas pero me aplico el dicho en boca cerrada no entran moscas, no vaya a ser que se le ocurra al Fiscal a investigar comentarios

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  3. ¡¡¡FOLGADO, MANIFIESTATE!!!, Danos una de tus insoportables charlas explicándolo todo.

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  4. ¿Secreto? Que se lo han llevado crudo el amigo Atilano y compañía, claro que volvería a tener a la misma gente, para hacer los mismos chanchullos. Viajes, créditos, sueldos, dietas y a arruinar la Caja. Han hecho todas las maniobras posibles para salir de rositas, como el tema del Torreón, con Sanz Merino y compañía imputatos, pero luego como si no hubiera pasado nada. Como hay varios partidos implicados, tanto el PP como el PSOE, a taparlo. Y el señor fiscal jefe a mirar para otro lado, ¿cómo va a ir contra los amigos? Una vergüenza, menos mal que Centrados y luego IU han estado ahí representanto a la gente. ¿Segovia o Sicilia?

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  5. Conozco desde hace años a dos de los imputados y a un tercero de “vista”, también al próximo testigo.

    Los cuatro me dais MUCHO ASCO.

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  6. Asco da ver lo que se hizo con la Caja y con Quitapesares.

    Del papel del señor fiscal mejor no hablar.

    Esperemos que se haga justicia.

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  7. Menuda panda. Ojala los testigos sean valientes y declaren la verdad. Lo unico que quieren los segovianos es justicia

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