Posted By Andrés Segovia on 28, Abr, 2024

El controvertido ministro de Transportes y Movilidad ha abierto recientemente la caja de los truenos con relación al pago de peajes en las autovías españolas con unas declaraciones en el foro Wake up. “Necesitaríamos un pacto de país para el pago por el uso de las carreteras”, y en el caso de financiar las carreteras vía impuestos, como hasta ahora, “se darán situaciones que no son justas”, afirmó. Llueve sobre mojado. El Gobierno incluyó la aplicación de peajes en el Plan de Recuperación que remitió a Bruselas, para después descartarlo por razones de oportunidad política, léase electorales. Los voceros de su partido andan perdidos. Tan pronto exigen y prometen la eliminación de peajes en todo tipo de carreteras, como se ven abocados a callar ante los continuos cambios de posición.

Por lo que se refiere a la provincia de Segovia, en caso de aplicarse esta medida podrían estar afectadas, todo depende del alcance y orientación del proceso, la autovía Valladolid-Segovia; la autovía A-1 a su paso por Segovia, así como la A-6, y en su caso, la variante de circunvalación SG-20. Todas ellas magníficas carreteras de las que tenemos el privilegio de utilizar en beneficio propio todo el que circula por ellas a coste cero, si bien tanto su amortización como mantenimiento los pagamos entre todos -incluidos también los segovianos- las utilicemos o no; o bien dependan en gran parte de ellas muchos de nuestros negocios, sin que se nos cargue nada por su utilización. La lógica indica que al menos la medida debatida se ha de aplicar cuando exista una vía alternativa que preste la función alternativa de servicio público, lo que en el caso de las autovías segovianas no es fácil.

En la mayor parte de los países europeos el modelo de financiación de la inversión en sus carreteras se ajusta al pago por uso. Portugal implementó el pago de peajes en algunas autovías en 2010, a raíz de la crisis económica. En nuestro país vecino el precio medio por kilómetro varía según las autovías, pero está en el orden de unos centavos de euro. Para su gestión han establecido una serie de pórticos electrónicos en determinados tramos que asocian la matrícula del automóvil a un número de cuenta para poder facturar. En España se prevé que la puesta en marcha del peaje permita la recaudación de unos 5.000 millones de euros, y su desarrollo tendría un coste del orden de 1.000 millones.

La implantación de esta medida, aunque muy impopular en su anuncio, es en términos reales más neutra socialmente que el sistema actual de financiación de las infraestructuras de carreteras mediante impuestos. Según el INE, aproximadamente el 25 por ciento de los hogares no dispone de vehículo propio y no utilizan por tanto las infraestructuras viales. Este porcentaje es mayor en el medio urbano, en aquellos hogares con menor nivel de renta y en la población de mayor edad, en especial la del medio rural. El uso de autovías tiene como principal finalidad la movilidad por negocios, ocio, acceso al trabajo o centros de formación. En caso de adoptarse este tipo de financiación permitirá no aumentar la presión fiscal debido a esta causa y utilizar sus excedentes para la financiación de actividades sociales de carácter social, como son la sanidad, las pensiones o la educación. Hay que recordar que la UE nos ha exigido estos días un ajuste de 11.700 millones de euros en la reforma del sistema de pensiones, pero no hay que olvidar que el déficit actual supera los 20.000 millones de euros anuales.

El populismo de partido del que hacen gala todas las formaciones políticas del arco parlamentario español los lleva a reclamar la supresión de los peajes de autopistas y autovías de forma selectiva, en función de quien esté en el Gobierno y tome la iniciativa en un sentido u otro -en la provincia de Segovia tenemos claros ejemplos de estas contradicciones tanto por el portavoz del PSOE como del PP-. Con esa actitud ponen de manifiesto su falta de visión política y la inconsistencia de sus supuestos planteamientos progresistas o liberales.

El actual ministro de Transportes, más allá de su verborrea habitual a la que nos tiene acostumbrados, en esta ocasión hace un planteamiento consistente con las necesidades del Estado en materia de infraestructuras, y en su derivada social. Para ello sería necesario un pacto de Estado entre las grandes fuerzas políticas que garantice la disponibilidad en buen estado de nuestras carreteras y evite controversias entre los españoles. Necesitamos peajes progresistas en las autovías que puedan contribuir a un mayor equilibrio social, en especial ante las necesidades que tienen los más desfavorecidos a los que no se les pueden aplicar cargas que no les corresponden, mucho más cuando no utilizan esas infraestructuras. Salvo pacto de Estado el tema traerá cola y se convertirá en un arma arrojadiza entre partidos para mayor gloria del continuo descrédito de la política.

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