La ley de la cadena alimentaria: Precios justos ya

Posted By José Luis Aceves Galindo on 28, Nov, 2021

La inmensa mayoría de los consumidores se preguntan en muchas ocasiones los motivos por los que los agricultores y ganaderos repiten de forma constante la petición de precios justos para sus productos, así como evitar que tengan que vender sus productos por debajo de los costes de producción, lo que pone en peligro la pervivencia de la propia explotación. Las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, se retornan en injustas cuando el eslabón más débil, los productores, no pueden rentabilizar su trabajo dignamente. Es necesario un reequilibrio de justicia sin romper esas leyes de mercado. No es jurídicamente fácil aportar claridad y no sobrepasar los límites legales que marcan las normas internacionales y europeas.

Segovia mantiene un peso del sector agroganadero en su PIB, del 10,5 %, lo que remarca la importancia del sector, que además supone un actor de primera magnitud para la producción de artículos de calidad y mantenimiento de población en el medio rural. Durante años la derecha se intenta aprovechar del mismo para sus intereses electorales, pero la realidad es que lo abandona de forma sistemática y clara.

En el parlamento estamos tramitando una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013, que pronto será Ley,  para fortalecer la posición negociadora de agricultores y ganaderos. Esta modificación incorpora al derecho español la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario para reequilibrar la cadena y promover la transparencia en la formación de precios.

Cuestiones como la prohibición de comprar por debajo del coste de producción y de la destrucción de valor de los productos a lo largo de la cadena, son claves. O la consideración del coste de producción en la determinación del precio en los contratos escritos obligatorios, amparando a los productores españoles en sus relaciones comerciales con operadores nacionales, comunitarios y de países de fuera de la UE. y que las promociones comerciales no pueden inducir a error o banalizar los productos agrarios, forman parte de los cambios que se deben imponer en nuestro país. Importante es la aplicación de la Ley al conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios. Para proteger el eslabón más frágil de la cadena agroalimentaria: que son los productores, agricultores y ganaderos, estos deben saber lo que se les va a pagar, quedando prohibida la compra por debajo de su coste de producción.

Con seguridad la inmensa mayoría de la ciudadanía apoya que para reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa, se debe dotar de mayor transparencia a la cadena de valor en la formación de precios, en los costes y márgenes, etc. Para mejorar del equilibrio y el fomento de una remuneración justa y equilibrada para todos los eslabones es el mejor reconocimiento que podemos hacer a una cadena alimentaria moderna y competitiva. Pero al PP le cuesta apoyarlo.

Era necesario dar respuesta a la consecución de relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria en todos los procesos con la mayor flexibilidad y claridad posible para el cálculo de los costes y adecuarlos a su forma de producir, por lo que se dispondrá de un registro digital en el que se inscribirán contratos alimentarios, dando mayor transparencia a las relaciones comerciales y seguridad para los productores primarios. En los debates observó al PP más pendiente de los poderosos en la cadena y eso repercute en los profesionales del campo.

Se debe avanzar en la intensificación de la lucha contra las prácticas comerciales desleales, por ello apostamos por el aumento del catálogo,  de las autoridades de control y su coordinación. La dinamización del mercado debe partir de la premisa del fomento del reparto equitativo del valor añadido y mejorando la capacidad de negociación de los eslabones más débiles de la cadena. Sin duda la apuesta por mejorar la transparencia y la eficiencia de la cadena alimentaria, debe girar en la elaboración de informes sobre índices de precios y costes de producción de los alimentos, para caminar en esa dirección.

Creo sin duda que los precios deben ser más justos para asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias y de la economía del medio rural y por ello la cadena de valor debe conformarse de abajo a arriba. El precio ya no puede ser ajeno al coste de producción, lo que supone un reparto justo del valor generado a lo largo de la cadena alimentaria. La firma de contratos para las relaciones comerciales de productos agroalimentarios es fundamental: aumenta la seguridad jurídica y facilita la planificación empresarial, la competencia y el buen funcionamiento del sector. Tiene toda lógica defender que el operador que realice la venta final del producto al consumidor en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público. Esto es clave.

El papel de la Junta de Castilla y León, como competente en las inspecciones, es de capital importancia, por lo que la apuesta por el aumento del número de inspectores es premisa básica para conseguir los objetivos. Me pregunto, si lo harán.

El sector agroalimentario segoviano es un elemento estratégico para la economía provincial, dada su aportación decisiva al PIB, a la aportación de alimentos de calidad, al asentamiento de población, al acervo cultural y a la balanza comercial, por lo que esta Ley se debe convertir en una herramienta a su servicio.

Sin duda apuesto por avanzar en la defensa de un medio rural vivo, pero además sostenible social, económica y medioambientalmente.