Posted By Redacción on 26, Jul, 2016

La desestimación del recurso presentado por el Ayuntamiento de Segovia contra la sentencia que da la razón a Collosa-Pygsur en su intención de extinguir el contrato de explotación del párking de José Zorrilla por diversos incumplimientos municipales, escuece. El ayuntamiento se enfrenta a una indemnización millonaria y Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, compareció el lunes 25 de julio para dar explicaciones.

Lo primero, a pesar de dos fallos judiciales en contra el ayuntamiento sigue con la suya. “Con todo el respeto hacia la justicia, la consideración de nuestros jurídicos es que se han admitido como hechos probados hechos en absoluto probados”, declaró la alcaldesa, para anunciar a continuación que esta sentencia “vulnera la tutela efectiva” por lo que casi con toda seguridad, el ayuntamiento tentará la vía del Constitucional. “Estudiaremos la posibilidad de ir al Constitucional“, dijo la alcaldesa.

Como apuntábamos en anteriores entregas de este nuevo fiasco judicial, dos los punctum doliens del asunto. El párking del Regimiento, que el ayuntamiento se empeñó en mantener abierto, y la discrepancia en la tasación de los déficits anuales de explotación que declara -pero que según Luquero- no justifica, la empresa.

Lo primero huele bastante mal. El ayuntamiento sostiene que en el contrato no había referencia alguna al cierre del parking, definido por Luquero “como un espacio degradado que se usaba para aparcar los coches”. Que dicho aparcadero funcionaba con anterioridad a la apertura del párking, por lo que “era una realidad que la empresa debía conocer previamente”. En otro momento de su comparecencia Luquero recordó que el solar era propiedad del ministerio de Defensa, como diciendo que el ayuntamiento nada tenía que ver.

Lo cierto es que el ayuntamiento, como es público y notorio, ha abierto y cerrado el aparcamiento del Regimiento cuando y cómo ha querido. Sobre si figura específicamente la mención a su cierre en el contrato de explotación, fuentes de Collosa explican que, sino directamente, sí se especifica que no habrá espacios aparcamentales gratuitos en un radio que incluye el dichoso aparcamiento.

Otro cantar son las cuentas de explotación. La versión municipal es que aunque la empresa ha dicho por activa y por pasiva que pierde dinero “nunca han aportado la información adecuada. Sin esa información que me requieren mis técnicos, yo no puedo proceder en uno u otro sentido, hacerlo sería prevaricar”, explicó Luquero.

Interpretaciones legales al margen, y que carecen ya de sentido por cuanto el fallo del TSJ es firme y las posibilidades de que prospere un recurso constitucional mínimas, lo cierto es que Segovia deberá pagar ahora. ¿Cuánto?

No hay responsabilidad política

Esa es la otra incógnita. “Algunos medios sostienen que piden 10 millones, nosotros no lo sabemos. Al principio nos pidieron hasta 20 millones como podían haber dicho cinco. En cualquier caso, si nos ponemos de acuerdo, bien, y sino a los tribunales”.

Tampoco se sabe muy bien cómo queda ahora la liquidación del contrato. Luquero reconoció que es posible que el recurso paralice el retorno del equipamiento a manos municipales, que es lo que quiere Collosa. En cualquier caso, este punto está aún pendiente de asesoramiento jurídico.

Sí se sabe que, contra la petición de Ciudadanos, nadie asumirá “responsablidades políticas” por un nuevo revés económico que se suma a los 10 millones -estos previstos- que había que devolver por el CAT al ministerio de Industria, y al de la elevación de 1,5 a 5.7 millones las expropiaciones por los terrenos del futuro instituto de San Lorenzo. Cadena de reveses que, para Luquero, son “historias heredadadas. Estoy disgustada y me preocupa, pero la gente nos vota para resolver problemas y nosotros tomamos decisiones”.

Reveses que, siempre según la alcaldesa, no ponen en riesgo la salud económica del ayuntamiento. El CAT se veía venir, lo de las expropiaciones son cosas que pasan, y lo del párking de José Zorrilla, interpretaciones jurídicas. En cualquier caso, Luquero volvió a jactarse de capitanear uno de los municipios menos endeudados de España. “Montoro no nos deja endeudarnos para inversiones o para mejorar los servicios de los ciudadanos, pero para estas cosas sí”. La casa es fuerte.

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