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Donde hay patrón no manda marinero (operación Enredadera II)

Las escuchas de la “Operación Enredadera” han demostrado que los políticos se doblegaban ante el jefe y que los políticos eran trabajadores al servicio de un patrón. Eso dicen las conversaciones que aparecen en el informe de ocho mil páginas de la UDEF, la Unidad de Delicuencia Económica y fiscal de la Comisión General de Policía Judicial. Hay que recordar quien es la UDEF, porque pudiera parecer que se trata de una fuente poco fiable.

Ulibarri, creó RTVCYL y posee la mitad de las cabeceras de Castilla y León, por lo tanto tenía el poder. El cuarto poder. Aquel que permite crear opinión, ir contra alguien que no te cae bien (o que no se doblega), ningunearle (esto parece ser que es lo que más molestó al consejero de Fomento) o incluso invisibilizarle para hacer ver que no existe. Y ese era el poder que tenía. Un poder que le permitía ser informado de las mesas de contratación, para sus otros negocios, como así lo hacía Antonio Silván, actual alcalde de León y procurador en las Cortes de Castilla y León.

Hay que recordar quien es Antonio Silván, no solo alcalde de León sino miembro del nuevo equipo de Pablo Casado pero también quien fue. No solo quien se enfrentó a Alfonso Fernández Mañueco en la carrera a la presidencia del Partido Popular en la Comunidad, sino que también consejero de Fomento cuando se hizo la adjudicación de RTVCYL. ¿Será una casualidad que quien informa de las Mesas de Contratación, fuera quien adjudicaba una licencia de televisión autonómica? Pudiera ser.

¿Y cómo se adjudicó esa licencia? El 3 de noviembre de 2008, la consejería de Fomento, liderada por Silván, publicaba en el BOCYL la licitación para la explotación de dos canales de televisión. Una licitación que no contenía ningún requerimiento económico, pero que necesitaba, según los pliegos técnicos, la presentación  de un plan financiero y de negocio, con ingresos, gastos, un programa de inversiones, estado de origen y aplicación de fondos, etc… El 9 de marzo, se publicaba la adjudicación a RTVCYL, que había sido creada el 13 de noviembre, como Sociedad Anónima, tan solo 10 días después de hacerse pública la licitación. Según la propia web de la cadena, las emisiones comenzaron el 9 de marzo de 2009, aunque el contrato programa no se formalizó hasta el 15 de junio de 2009, como se podía leer en el acuerdo por el que la Junta le concedió un aval por valor de seis millones de euros.

Y así empezaba el camino de la actual televisión autonómica que quedaba en manos de aquellos que también tenían otros negocios de construcción o gestión de servicios. Televisión que no solo ha vivido de los 162 millones de euros que le ha destinado la Junta de Castilla y León desde 2009 hasta la actualidad, sino que también ha recibido dinero de ayuntamientos y diputaciones en concepto de publicidad institucional.

Curioso es el caso de la Diputación de Segovia que en enero de 2018 adjudicaba la publicidad institucional. Y no podía faltar la televisión a la que se le adjudicaba publicidad obteniendo la máxima puntuación en tirada o difusión al tener 189.000 espectadores según el Estudio General de Medios. Y eso, a pesar de que la Junta de Castilla y León en el acuerdo de 2014 para el reparto de publicidad institucional establecía que el sistema de medición para las televisiones era Kantar Media. Quizá no se utilizó esta medición porque en el informe de junio 2018 la audiencia entre los dos canales era de 2,1 (1,3 para La 7. Y 0,8 para La 8).

En definitiva, este ha sido el truco utilizado por los dueños de RTVCYL, gestionar el 80% de los medios de comunicación de Castilla y León, y de esta forma no dejar “otra opción” si los políticos querían ser alguien en la Comunidad.

José Luis Ulibarri.

Y esto nos lleva a dos conclusiones. La primera es referente al modelo actual que tenemos de televisión autonómica. Un modelo fallido que sin duda hay que cambiar. Replantear el modelo donde los trabajadores y trabajadoras no paguen las consecuencias, sino que formen parte, que tengan voz. Una televisión que  sirva para informa y educar. Las televisiones públicas se deben a la ciudadanía. Son contempladas como servicio público de información, y no tienen que quedar supeditadas al interés del partido de turno. Los periodistas que trabajan para medios públicos deben tener la oportunidad de informar. En segundo lugar también hay que modificar el modelo de adjudicación de la publicidad institucional, quizá cumplir la propia Ley de Publicidad Institucional, y establecer un reglamento para que el reparto no venga solo determinado por las audiencias, sino también por otros criterios sociales, que para eso es dinero público.

En definitiva, se trata de que lo público, sea eso, público. Lo público no tiene que ser rentable, lo público tiene que tener vocación de servicio a la ciudadanía.

Estaré dos semanas, sin escribir semanalmente, y por eso quería aprovechar, este artículo mitad información mitad opinión, para denunciar, con datos (aunque la publicación de las conversaciones hubieran sido suficientes) para denunciar, lo que es una escándalo, que en cualquier parte del mundo hubiera hecho dimitir a los políticos que ofrecen obras, y aquellos que informaban de las Mesas de Contratación y que “eran empleados de Ulibarri”, porque aunque pudiera ser legal, desde luego no es nada ético, y donde hay ciudadanía, no tiene que mandar ningún patrón.

 

Author: Natalia Del Barrio

Natalia del Barrio. Licenciada en Ciencias de la Información. Procuradora de Podemos por Segovia en las Cortes de Castilla y León.

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