Martín achaca a las vacaciones de Navidad los retrasos en el informe de la finca del AVE

Posted By Redacción on 17, Feb, 2023

“Los técnicos”, otra vez. Las vacaciones de navidad de la técnico de Urbanismo encargada del expediente de la finca ubicada junto a la estación ferroviaria Guiomar, utilizada hasta ahora como zona de aparcamiento libre, justifican que el Ayuntamiento tardara dos meses en informar sobre la petición de vallar la finca que los propietarios realizaran en diciembre, según ha afirmado este jueves la alcaldesa, Clara Martín. Los informadores buscaban conocer la postura oficial de la regidora ante el anuncio de los propietarios de la finca de recurrir la denegación del permiso de vallado de aquel terreno, precisamente por el largo periodo de tiempo empleado en emitirse el informe negativo, que ahora se sabe que fue elaborado por la trabajadora municipal tras unas larguísimas “vacaciones de navidad”, según se desprende de la explicación.

La nueva variable, un expediente sin informar sobre una mesa de Urbanismo a la espera de que la funcionaria encargada de ese montón concreto regresara a su puesto de trabajo es otra novedad añadida a las versiones iniciales, cuando el concejal, Miguel Merino, aseguraba primero “sorprenderse” cuando trascendió la intención de los propietarios de vallar la finca porque pusieron carteles en ella; el reconocimiento, dos días más tarde y sólo después de que lo desvelara acueducto2.com, de que la declaración responsable se había formalizado en diciembre, y la realización del informe exprés, en menos de una semana, denegando la petición de vallado.

Plazos que no hay que cumplir

Pese a la sorprendente justificación de las vacaciones de Navidad de la técnico informante, la regidora quiso después restar importancia a algunos plazos. Según su discurso, aunque en el formulario que acompaña a las declaraciones responsables se explica que Urbanismo informará sobre la petición en veinte días tras su formalización, “no se trata de un plazo legal, sino una simple prioridad que nos marcamos nosotros” remarcó. Lo que si consideró un plazo legal es el de cuatro años, el tiempo en el que Urbanismo puede ordenar a un propietario demoler cualquier actuación realizada bajo declaración responsable si se comprueba que no cumple la legalidad.

Por otra parte, se mantiene sin novedades la relación enfrentada entre los dueños de las fincas y del Gobierno local. La alcaldesa aseguró no tener contacto alguno con los propietarios de la polémica finca desde que ambos conversaran por teléfono el 6 de febrero y la representante municipal puso sobre la mesa la posibilidad de alquilar el terreno —justo después de anunciarle que el informe que se estaba redactando en ese momento iba a ser negativo— instando a su interlocutor a llamarla si tenía interés en llevar a cabo ese acuerdo, algo que no ha ocurrido.