Biogás con garantías para las personas y el territorio

Posted By José Luis Aceves Galindo on 27, Jun, 2026

La transición ecológica es una oportunidad. Nadie discute hoy que debemos avanzar hacia un modelo energético más sostenible, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y aprovechar mejor los residuos que genera nuestra actividad agrícola, ganadera e industrial. En ese camino, las plantas de biogás y biometano pueden desempeñar un papel importante.

Pero una transición ecológica justa no consiste en aceptar cualquier proyecto, en cualquier lugar y de cualquier manera. Llevamos años advirtiéndolo públicamente y en las instituciones.
La posición del PSOE ha sido clara en todos los ámbitos institucionales: apoyamos el desarrollo de las energías renovables y de la economía circular, pero exigimos planificación, transparencia, control público y garantías ambientales y sociales. Lo contrario supone alimentar la desconfianza ciudadana y poner en riesgo el propio futuro de estas tecnologías.

En los últimos meses hemos asistido en Castilla y León y en Segovia a una auténtica carrera por la implantación de proyectos de biogás. La Junta ha permitido que se tramiten numerosas iniciativas sin haber aprobado previamente un marco de ordenación territorial suficientemente claro, generando incertidumbre entre vecinos, agricultores, ganaderos y ayuntamientos. Es de su competencia, pero Mañueco, siempre mira hacia otro lado y luego dicen defender a los pueblos y a la gente del medio rural. Solo postureo.

No estamos ante un debate entre quienes defienden el medio ambiente y quienes defienden el desarrollo económico. Ese planteamiento es falso. La verdadera cuestión es si queremos proyectos bien planificados, integrados en el territorio y socialmente aceptados, o si van a repetir errores del pasado permitiendo una implantación desordenada que termine provocando rechazo social y practicas con corruptelas. La ultraderecha ahora se retratará como gestores de la Consejería de Agricultura.

Los socialistas defendemos que cualquier planta de biogás debe acreditar de forma rigurosa la procedencia de los residuos que va a tratar, el destino final de los digestatos y la trazabilidad completa de todo el proceso. Los principios de proximidad y autosuficiencia deben ser la base del modelo. No tiene sentido hablar de sostenibilidad si los residuos recorren cientos de kilómetros por carretera o si los subproductos terminan aplicándose sin un control adecuado sobre los suelos y los acuíferos. Son necesarios informes exhaustivos sobre la trazabilidad de residuos y digestatos, la identificación precisa de sus orígenes y destinos, así como planes específicos de control para proteger los acuíferos y garantizar una gestión responsable de los fertilizantes resultantes.
También consideramos imprescindible que estas instalaciones incorporen las mejores tecnologías disponibles para minimizar olores, emisiones atmosféricas y fugas de gases. Los vecinos tienen derecho a conocer con exactitud cuáles serán los impactos reales sobre su calidad de vida. La aceptación social no se consigue con campañas de marketing, sino con transparencia, controles independientes y capacidad de supervisión técnica y en el territorio por parte de las administraciones públicas.

Especialmente relevante resulta la gestión del digestato, uno de los principales retos ambientales de estas instalaciones. En una provincia como Segovia, donde existen zonas especialmente sensibles por la contaminación de acuíferos por nitratos, no basta con afirmar que el digestato es un fertilizante. Es necesario demostrar dónde se aplicará, en qué cantidades, con qué controles y en qué condiciones. Sería un terrible error seguir mirando hacia otro lado con la problemática de la contaminación de las aguas en varias zonas de la provincia que tanto supone para la propia vida y para el futuro.

Los socialistas también defendemos que los municipios deben tener voz. No puede ser que los ayuntamientos sean meros espectadores de decisiones que afectan directamente a su territorio, a sus caminos, a su paisaje, a sus recursos hídricos y a la calidad de vida de sus vecinos. La participación local debe ser real y efectiva desde el inicio de la tramitación. Escuchar a las plataformas vecinales, sindicatos, expertos o empresas siempre ayuda a analizar la realidad, por ello los socialistas siempre lo ejercitamos.

Por eso compartimos planteamientos como los defendidos en Cuéllar: estudios independientes sobre ruido, tráfico, olores, afecciones ambientales, protección de acuíferos, integración paisajística y garantías financieras suficientes para asegurar que, si algún día cesa la actividad, las instalaciones puedan ser desmanteladas sin que el coste recaiga sobre la ciudadanía.

La economía circular no puede convertirse en una excusa para trasladar problemas ambientales de un lugar a otro. Tampoco podemos aceptar que se privaticen los beneficios mientras se socializan los riesgos.

Castilla y León necesita aprovechar las oportunidades del biogás, pero hacerlo bien. Con planificación pública, con criterios científicos, con control administrativo público y con participación ciudadana. Porque la sostenibilidad no se mide únicamente por los megavatios que se producen, sino también por la capacidad de proteger el territorio, generar confianza y mejorar la vida de quienes habitan nuestros pueblos.

Mientras la junta cumple con sus competencias de ordenación del territorio y desarrolla las normas oportunas, la Consejería de Medio Ambiente y Energía, debe suspender la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas de este tipo de industrias a la espera de que se apruebe el Plan Regional de Biogás para Castilla y León 2024-2034, como garantía de seguridad jurídica. Por todo ello defiendo una posición equilibrada: sí a las energías renovables, sí a la economía circular, pero siempre con garantías para las personas, para el medio ambiente y para el futuro de nuestros municipios. Sólo así el biogás podrá ser una oportunidad real para el medio rural y no una nueva fuente de conflicto e incertidumbre.