Para explicar lo de la luz ahora, es necesario remontarnos 40 años atrás. Quizá hayamos olvidado que España durante los años 80 contaba con un amplio sector público que abarcaba sectores estratégicos como la energía o las telecomunicaciones. Un sector público que fue desmantelándose poco a poco en un proceso que inició Felipe González y que acabó José María Aznar.
Durante más o menos 20 años el sector público español fue privatizándose dentro de estrategias de reestructuración del sector industrial en nuestro país con el supuesto objetivo, entre otros, de aumentar la competitividad de las empresas en un mercado que con la entrada de España en la Unión Europea se estaba globalizando.
Según datos del SEPI (La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada de rentabilizar las participaciones del Estado, hasta 1996 se realizaron un total de 70 operaciones de las cuales 16 fueron Venta de Acciones de empresas como Endesa, Repsol, Argentaria o Teléfonica que junto con las ventas directas supusieron unos ingresos de alrededor de 13.000 millones de euros para las arcas públicas. Pero no sería hasta la llegada de José María Aznar cuando el Estado Español pierde el control de estas empresas, pasando definitivamente a manos privadas y que supondrían 30.000 millones de euros para el Estado, de los cuales 22.000 pertenecerían a la venta en Bolsa.
No debemos olvidar que tanto ex Ministros como ex presidentes se han sentado en los Consejos de Administración de las empresas que ellos mismos habían privatizado. Y hay que recordar esto porque un informe posterior del Tribunal de Cuentas que fiscalizó las privatizaciones realizadas durante el período 1996- 2002 concluyó que en algunas operaciones se habían “producido actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos” y además que aunque las Empresas Enajenadas había contado con valoraciones externas había sido frecuente que “el responsable de ella fuese también asesor de la operación de privatización”, una circunstancia que acorde con el Tribunal de Cuentas había podido “influir en la objetividad de la valoración“.
Se suponía que la privatización de estas empresas “beneficiaría” a la sociedad ya que en términos económicos la liberalización de los mercados permitiría que los usuarios y consumidores se vieran favorecidos por precios más reducidos al establecerse una libre competencia entre las diferentes empresas. O eso decía la Unión Europea, que a través de diferentes Directivas y Reglamentos empezó a desregular mercados, el último en nuestro país ha sido el transporte ferroviario de viajeros.
España ha sido siempre muy obediente con los mandatos de la Unión Europea ya que en este caso, el de la energía, países como Holanda, Francia e Italia siguen manteniendo empresas públicas eléctricas que han permitido, por ejemplo, que durante la pandemia se pudiera suspender de manera directa el pago de la luz mientras que en España la intervención posible fue la prohibición de los cortes de suministros.
Tres grandes empresas ocupan el 85% del mercado eléctrico, un mercado que se le presupone libre pero que ha experimentado manipulación por estas tres grandes compañías como ha constatado la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a través de diferentes multas, tres de ellas millonarias: 25 millones de euros en noviembre de 2015 a Iberdrola Generación “por las actuaciones realizadas mediante el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo”; 5.8 millones a Endesa “por presentar precios elevados en sus ofertas al mercado eléctrico, alterando el despacho de generación” y 19.5 millones a Naturgy por la misma razón, ambas en mayo de 2019.
Es cierto que el aumento de la factura de la luz no se circunscribe única y exclusivamente a España, sino que todos los países miembros de la Unión Europea están sufriendo subidas desproporcionadas consecuencia de las directivas que se han instaurado desde Europa y que han derivado en el actual sistema de precios en un mercado mayorista donde las eléctricas subastan la energía de acuerdo a las necesidades energéticas diarias del país.
Como se ha explicado ya en múltiples ocasiones, en esta subasta se ponen a disposición las diferentes energías creadas por las empresas tanto las que tienen costes de producción bajo como las renovables y aquellas de alto coste cuyo precio más caro proviene principalmente de las emisiones de CO2 que se desprenden para generarla. De entre todas las ofertadas se compra la energía necesaria para el día siguiente. El coste total no se hace sobre una media de las diferentes energías compradas sino que todas son vendidas a la que tenga mayor precio. Y es ahí donde está la clave y de donde provienen los denominados “beneficios caídos del cielo” que ahora mismo el Gobierno quiere limitar y que más países de la Unión Europea están pensando en aplicar. Unos beneficios que en 2020, año de pandemia, han hecho aumentar en más de 3.000 millones de euros las ganancias de empresas como Iberdrola.
La reducción de estos beneficios ha puesto en pie de guerra a las eléctricas que parecen no estar dispuestas a renunciar a sus ganancias millonarias a pesar de manejar uno de los sectores estratégicos de nuestro país como así lo reconoce nuestra Constitución planteando ante esta medida un chantaje a la democracia española (nos guste más o menos este Gobierno es legítimo y salido de unas elecciones) planteando un cierre anticipado de las centrales nucleares sabiendo perfectamente que no lo pueden hacer.
Tampoco parecen estar dispuestos los dirigentes políticos de la oposición a que las empresas también reduzcan sus beneficios tildándolo de medidas “confiscatorias” . Curioso hablar de confiscar con empresas que ya han amortizado (y con creces) la compra que hicieron. Se llenan la boca de “reducir la factura de la luz” pero ni aportan soluciones ni apoyan las propuestas.
Que el recibo de la luz disminuya parte no solo por la creación de una empresa pública de energía que principalmente pueda tener control para que no se produzcan beneficios exagerados que suponga un aumento de las facturas, sino también de la capacidad del Gobierno para liderar junto con otros países miembro un cambio en la normativa europea que proteja realmente al consumidor. Pero para esto último es necesario y vital que la oposición apoye a la ciudadanía y al Gobierno para presionar a Bruselas, todo lo contrario del comportamiento que se ha venido dando hasta ahora y que ha consistido, por decirlo en términos coloquiales, en poner a parir al Gobierno en Bruselas.













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