La Diputación de Segovia acordaba en el pleno de octubre aplicar a sus funcionarios la subida salarial salarial del 1,5% estipulada por el Gobierno. Tendrá carácter retroactivo desde el pasado mes de enero y queda consolidada para las actualizaciones salariales que se pacten para 2023. ·En total, la entidad provincial prevé gastar medio millón de euros en la medida, incluyendo el coste de cotizaciones sociales.
En octubre, y como una medida para hacer frente a la inflación, el Gobierno acordaba con los sindicatos CCOO y UGT implementar una subida adicional del 1,5% para todos los trabajadores del sector público. Para 2022 en el caso de la Diputación y de los funcionarios en general se estipuló un incremento salarial del 2%, con la inflación al 10%. De este modo, la subida real de los sueldos para 2022 queda en un 3,5%. Para 2023 el proyecto presupuestario baraja una revisión salarial también del 3.5%.
Se trata de una medida obligatoria para todas las administraciones, si bien tienen tiempo hasta marzo de 2023 para hacerla efectiva. De hecho, la Diputación se jactaba de ser la primera administración pública que aprobaba el incremento.
Ampliado el plazo para justificar subvenciones municipales
Fue el asunto principal de un pleno que iniciaba con el recuerdo del que fuera alcalde de Valtiendas, Manuel de Frutos, y para el concejal del ayuntamiento de Garcillán, Miguel Ángel Hernández, recientemente fallecidos. A continuación se aprobaba una una modificación presupuestaria de más de tres millones de euros, que contempla una partida de 370.000 euros para asumir la subida de los suministros de combustible y energía eléctrica en los centros residenciales dependientes de la institución provincial. Además, se ha ampliado hasta el 16 de diciembre el plazo de justificación de subvenciones para los ayuntamientos en diversos planes, como consecuencia de la escasez de empresas, materiales e incremento de precios que se están padeciendo en este año 2022.
En el apartado de mociones el PSOE presentaba 3, las tres rechazadas por la mayoría de Ciudadanos y PP. La primera de ellas sobre la elaboración de una memoria que incluya la relación de contratos de servicio públicos, el estudio y la vigilancia de pliegos para nuevas licitaciones y publicación de peticiones de fondos europeos ha sido defendida por el viceportavoz, José Antonio Mateo quien ha aludido “a la necesidad de transparencia para que podamos realizar nuestra labor de oposición”.
Una segunda moción socialista refería a establecer una línea de subvenciones destinada a ayuntamientos para dotar a sus núcleos de población de hidrantes o para su adaptación “para ser utilizados en posibles actuaciones del futuro servicio de extinción de incendios de la Diputación, que el equipo de Gobierno ha rechazado aduciendo que una línea similar está incluida en el borrador de presupuesto.
La tercera moción socialista solicitaba instar a la Junta de Castilla y León a habilitar un fondo de 400 millones de euros para paliar el aumento del precio de combustibles, gas y electricidad dirigido a autónomos, PYMES, familias y comunidades de propietarios, así como a establecer un Plan de Incentivos Fiscales a la actividad económica, “para paliar así las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania, por ello consideramos que estamos pidiendo algo justo”, según defendía el portavoz, Máximo San Macario. Aquí la jugada del equipo de Gobierno ha consistido en proponer una enmienda, no aceptada por los socialistas, en la línea y en palabras del naranja Ángel Jiménez, “para pedir al Gobierno de España que sufrague el incremento de gasto que tiene que soportar la Diputación por el sobrecoste de los suministros que vienen de antes de la guerra de Ucrania cuando en nuestro país el IPC ya se situaba en el 7,1%”.
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